El contacto directo y continuo entre grupos humanos que poseen culturas diferentes puede producir lo que se conoce como aculturación: cambios en la cultura de uno de los grupos o en ambos. Este concepto fue asociado a la imposición de una cultura sobre otra, a la asimilación de una de ellas hasta convertirse en idéntica a la otra. La manera histórica de eliminar las diferencias en el interior de una sociedad pluricultural se ha manifestado a través del etnocidio, la limpieza étnica y el genocidio (Beltrán, 2015, pp. 34-36).
La búsqueda de la asimilación de la cultura de los grupos dominados a la de los dominantes fue la manera en la cual se expresó en la práctica en el pasado el contacto entre culturas. Ser asimilado significa integrarse por completo, dejando de lado lo distintivo y específico de sí mismo (ibíd., p. 37).
En el pasado, los gobiernos nacionales del continente americano han puesto en práctica políticas asimilacionistas buscando que las minorías étnicas dejen de lado sus modos de vida e incorporen aquellos de la mayoría. La manera de encarar las diferencias culturales de las minorías, según esta perspectiva, fue la de tomar medidas para erradicarlas y remplazarlas por las prácticas de los miembros de la sociedad nacional mayoritaria, consideradas mejores.
En los casos en los que conviven dos grupos sociales, encontramos frecuentemente una jerarquización, en donde los miembros de la cultura dominante respetan más o menos la identidad de las otras culturas con las que conviven de acuerdo a criterios que son definidos y establecidos por ellos. Es posible igualmente que la relación se dé de manera más igualitaria, manteniéndose las diferencias mediante la regulación y la negociación de los intercambios entre los individuos de ambos grupos (ibíd., p. 38).
Un proceso que suele darse en la interacción de los miembros de dos grupos sociales es el de la homogeneización. Consiste en la incorporación a la sociedad dominante de los miembros de los grupos subordinados, que acaban mimetizados hasta tal punto que se vuelven indistinguibles de los demás, asumiendo los mismos valores y comportamientos que los miembros del grupo dominante (ibíd., p. 71).
Se suele considerar que este fenómeno es unidireccional y unívoco: una manera de uniformización cultural, de adopción de la cultura y la lengua del grupo dominante por parte del dominado. Sin embargo, la homogeneización nunca es absoluta. El grupo dominado también influye en el dominante y puede desarrollar estrategias de resistencia al cambio y evitar así perder sus particularidades culturales. O bien el grupo dominante puede impedir la homogeneización de los miembros de los demás grupos e insistir en que los dominados se mantengan distintos; esto, a partir de prácticas excluyentes (ibíd., p. 72).
Más allá de estos fenómenos, que se han dado de manera espontánea, desde hace unas décadas se ha establecido en gran parte del mundo occidental —incluido todo el continente americano— el paradigma de la interculturalidad como modelo de convivencia —propiciado por los Estados— entre miembros de diferentes sociedades, en base al respeto a la diferencia. Este modelo afirma que debe existir la igualdad entre todos los grupos diferenciados y que esto debe establecerse por medio del diálogo y el consenso. El intercambio debe producirse sobre la base de la igualdad, entendida como el igual aporte de todos los grupos implicados. Este diálogo en condiciones de igualdad que se propone el modelo intercultural es más un proyecto que una realidad, ya que un diálogo y relacionamiento igualitario entre miembros de grupos sociales distintos significaría una reconfiguración de las bases del poder establecido, lo cual implicaría el fin de la hegemonía monocultural de los grupos dominantes de una sociedad (ibíd., p. 84).
La manera como se han puesto en práctica en varios países políticas que han buscado un modelo de convivencia intercultural ha sido a través de medidas tendentes a la integración de los grupos minoritarios con respecto a la mayoría, cuyo mejor modelo puede observarse en las políticas de integración implementadas con los inmigrantes extranjeros en los países europeos. La integración es el proceso de adaptación mutua de individuos pertenecientes a grupos culturalmente diferentes mediante el cual los individuos del grupo minoritario se incorporan como miembros de la sociedad mayoritaria en igualdad de condiciones, derechos, obligaciones y oportunidades con respecto a los ciudadanos pertenecientes al grupo mayoritario, sin perder por ello su propia cultura. Este proceso no recae únicamente en los miembros de la sociedad minoritaria. Al mismo tiempo, como contraparte, los miembros de la sociedad mayoritaria aceptan incorporar los cambios que sean necesarios para que lo anterior sea posible, reconociendo el aporte de los miembros de los grupos minoritarios con actitudes de apertura y tolerancia hacia la diferencia (Malgesini y Giménez, 1997, p. 204).
El modelo de la integración basado en la interculturalidad es considerado como la solución para una convivencia entre diferentes grupos socioculturales que evite la asimilación o la pérdida de la identidad de los individuos pertenecientes a los grupos dominados. La interculturalidad es la institucionalización de la convivencia sobre una base que excluye la imposición y el poder (Beltrán, 2015, pp. 89-90).
Si la interculturalidad presupone una relación horizontal entre dos sociedades o grupos humanos, en la práctica sucede que las relaciones entre los grupos humanos se dan mayormente en el marco de la desigualdad. Cuando existen varios grupos humanos que comparten el mismo territorio, uno de ellos tiene mayor acceso al poder político que otro, mayor poder económico que los demás, más oportunidades, mayor capital social, etcétera. En síntesis, existen condiciones de partida que impiden que se den relaciones interculturales entre miembros de varios grupos sociales.
Esta situación hay que reconocerla como punto de partida y condición previa para comenzar a considerar la interculturalidad; luego de visibilizar esto, ahí recién se puede pensar qué medidas es posible tomar para poner en práctica políticas interculturales.
En América Latina la interculturalidad no se ha desenvuelto hasta ahora en un marco de relaciones de convivencia tolerante y respetuoso entre los pueblos indígenas y las demás poblaciones nacionales no indígenas. Aquí, se han conocido poco políticas favorecedoras del pluralismo cultural, sino más bien relaciones discriminatorias, a pesar de que el discurso de elogio de la diversidad cultural y de respeto a las diferencias está bastante expandido. En este contexto, se puede considerar que en esta región, más que de interculturalidad, podría hablarse de que en la práctica existe un pluralismo cultural desigual (Barabas, 2014, p. 24).
Tenemos como ejemplo de un proceso (en marcha) que busca encaminarse hacia la implementación de políticas interculturales lo que se puso en práctica en Canadá a partir de la creación y funcionamiento de la Comisión de Verdad y Reconciliación, donde entre 2008 y 2015 se investigó lo que pasó en el país con las políticas asimilacionistas que implementó el Estado canadiense con los pueblos indígenas a través de las escuelas internadas. En el año 2015 la comisión publicó un resumen de sus resultados con noventa y cuatro recomendaciones para buscar la reconciliación entre los pueblos indígenas y los demás miembros de la sociedad nacional (Truth and Reconciliation Commission of Canada, 2015).
El concepto central que manejó la comisión fue el de reconciliación, vista como un proceso necesario para establecer y mantener relaciones respetuosas entre los miembros de la sociedad nacional canadiense y los individuos pertenecientes a los pueblos indígenas. Se entiende que la reconciliación implica reparar la confianza perdida pidiendo disculpas, pero también a través de acciones concretas que busquen compensar los errores cometidos reparando los daños y tomando decisiones que demuestren que efectivamente se ha producido un cambio social (ibíd., p. 17).
El gobierno de Canadá tomó una serie de medidas en base a las recomendaciones de la comisión. Por citar una, en enero de 2022 el Estado canadiense dispuso que 31.500 millones de dólares americanos sean dispuestos para indemnizar a las víctimas de las escuelas internadas y para reformar sus instituciones, de tal modo que situaciones como las que se dieron en estas escuelas no vuelvan a suceder en el futuro (Reuters, 2022).
El gobierno de Canadá, con estas medidas, es un ejemplo del tipo de acciones que se deben tomar para buscar políticas interculturales con la población indígena. En Canadá se reconoció lo que se hizo mal y se realizaron acciones para corregir los errores del pasado. A partir de este tipo de medidas, recién puede haber un diálogo horizontal entre los miembros de las sociedades nacionales y sus minorías.
En el caso de Paraguay, la población indígena ha conocido un proceso histórico de despojo y discriminación, que se traduce en unos indicadores muy inferiores en lo que se refiere a las condiciones de vida cuando se compara la población indígena con la no indígena.
La tasa de pobreza y extrema pobreza de esta población es del 75 % y el 60 %, respectivamente; cifras muy superiores a los promedios nacionales. Esto se encuentra vinculado con la pérdida o la falta de acceso y control sobre sus tierras, territorios y recursos naturales, que ocasionó la pérdida de sus medios de vida y pautas de subsistencia, lo cual se produjo sin proporcionarles a cambio de lo que perdieron las herramientas necesarias para adaptarse a la economía de mercado (Villalba, 2018, p. 213).
Con respecto a la escolaridad, los indígenas tienen en promedio menos años de estudio que la población no indígena. Entre la población indígena, según datos del censo de 2002, el porcentaje de analfabetos era del 51 %, lo que se reducía al 37,6 % para el 2012. Las mujeres indígenas son las que presentaron cifras mayores de analfabetismo (42,7 %) en comparación con los hombres (32,8 %) para el año 2012. A pesar de haber aumentado los años de estudio promedio, la población indígena de quince años y más de edad permanece con un promedio bajo de escolaridad, en concreto 3,3 años de estudio según datos del censo de 2012; en el caso de los hombres indígenas, el promedio es de 3,6 y en el de las mujeres es de 2,9 años de estudio (Pero, 2017, pp. 11-12).
A nivel nacional, existe una desigualdad de promedios de años de estudio según la clase social y el género. En el 2017, el nivel más alto de años de estudio era ocupado por mujeres jóvenes residentes en zonas urbanas pertenecientes al estrato de altos ingresos, con 15,2 años de estudio de promedio (Zavattiero, 2019, p. 163).
Si se comparan los datos del grupo nacional con mayor cantidad de años de estudio con las cifras correspondientes a los pueblos indígenas del país, la diferencia es abismal. Este tipo de situaciones (y otras relacionadas) tienen que ser reconocidas por los paraguayos (y no solo por el gobierno) y llevar a que asuman el compromiso de tomar medidas para corregirlas. Esta sería una condición previa para poder hablar de interculturalidad en el Paraguay. Brindar elementos para comprender los condicionantes que dificultan la adaptación y la mejora de las condiciones de vida de los pueblos indígenas al contexto presente es el propósito del presente artículo.
En el presente texto expondremos cuatro situaciones que generan dilemas en lo que se refiere a las posibilidades de adaptación e integración a la sociedad nacional por parte de la población indígena, que guardan relación con los imaginarios y relaciones existentes entre la población no indígena del Paraguay con respecto a los indígenas del país y que determinan las condiciones de adaptación de los mismos a las condiciones de vida que encuentran en el contexto nacional. El primer aspecto tiene que ver con la imagen que se transmite en la prensa escrita sobre las características positivas que deben tener los pueblos indígenas para adaptarse satisfactoriamente al mundo moderno y sobre las prácticas que los mismos deberían erradicar de sus vidas.
El segundo aspecto se relaciona con la economía, en donde los pueblos indígenas optan por mantener ciertos aspectos de la economía tradicional al tiempo que necesitan dinero.
El tercer aspecto está relacionado igualmente con la economía y con las decisiones que ciertos individuos toman según un cálculo racional, que en ocasiones no son las mejores.
El cuarto tiene que ver con cómo consideran los miembros de la sociedad nacional que debería ser la cultura de los pueblos indígenas, lo que los obliga a negociar la manera en la que deciden vivir sus vidas.
Todos estos aspectos son las condiciones contextuales en las que se da la adaptación de los individuos pertenecientes a los pueblos indígenas del Paraguay a un contexto que determina, limita y les permite ciertas acciones y les dificulta otras. Su consideración es indispensable para construir políticas con esta población con un enfoque intercultural.
Los medios de comunicación son una fuente primaria —aunque no la única— de las imágenes que las personas forman en sus mentes con respecto a diversos temas y con ellas se llega a formar la opinión pública. Los medios tienden a reducir la realidad a estereotipos simplificados. A través de esto, las personas en ocasiones asignan a cada una de las realidades que perciben en su entorno una referencia y, por tanto, una imagen mental acorde a los estereotipos que encuentran en la prensa. Los medios de comunicación son poderosas instituciones sociales y socializadoras que crean y transmiten estereotipos (Ferreres, 2009).
Por su parte, la prensa escrita paraguaya ha presentado desde hace unos años una dicotomía entre dos tipos ideales de indígenas: uno bueno y otro malo. Aquellos que pertenecen al primer tipo son presentados como un ejemplo a seguir, mientras que se muestra a los segundos como un grupo que debería dejar sus malas actitudes y aprender de los primeros.
El «buen indígena» es aquel que desde el punto de vista económico es productivo, el que sabe producir la tierra de manera rentable y lo hace; este es presentado como un ejemplo de que «el indígena que quiere puede». Los indígenas que viven de esta forma son elogiados, mientras que los que aún no lo hacen deben seguir el ejemplo de los que viven de esa manera.
La comunidad aché de Puerto Barra, ubicada en el departamento de Alto Paraná, ha sido bastante nombrada por la prensa escrita como un ejemplo de comunidad indígena que debe ser tomada como modelo por los pobladores de las demás. En el artículo «Indígenas incursionan en el negocio de la soja» (Hoy, 2014) encontramos esta perspectiva. En él se muestra a esta comunidad como un verdadero ejemplo a seguir por las demás comunidades indígenas del país y se toma el modelo de producción local, donde se poseen cultivos mecanizados, como modelo ideal de producción que debe ser replicado por las demás comunidades indígenas del país. Aquí se lee: «Este es un ejemplo digno de imitar, de cómo es posible congeniar el desarrollo de la agricultura de alta tecnología con la tradición, la cultura y el idioma».
En el mismo artículo se menciona el testimonio de varios pobladores, como el siguiente:
«Nos va bien y pensamos que nos va a ir mejor», dijo Puapurai [un estudiante de Derecho de la comunidad] al contrastar esta situación con la de la mayoría de las etnias indígenas de Paraguay, que usan sus tierras para recolectar o cazar como sus ancestros «y esperan ayuda de las organizaciones indigenistas» […]. Esta tribu cree que el cultivo comercial les ofrece alejarse de la realidad de otros indios marginados en zonas urbanas que piden limosna «en los semáforos o en la terminal de ómnibus, mezclados en el vicio de la droga y la prostitución», dijo. (Ibíd.).
Como opuesto binario del «buen indígena» y su verdadero antípoda, se encuentra el «mal indígena», que es presentado por la prensa escrita paraguaya como un tipo de indígena que vive de una manera anacrónica y arcaica, lo que ocasiona que pase penurias. Según este punto de vista, este «mal indígena» debería eliminar sus características tradicionales y premodernas como condición de posibilidad para lograr mejorar sus condiciones de vida.
Un artículo emblemático de esta visión ha sido el que Osvaldo Domínguez Dibb publicó en el 2007 en el diario La Nación, que lleva por título «La toldería de la plaza Uruguaya» (La Nación, 2007). El tono del artículo le valió a su autor el premio al artículo más racista del año 2007, otorgado por la ONG a favor de los pueblos indígenas Survival. La organización especificó en un comunicado que «este artículo pone de manifiesto el racismo que sigue existiendo en los medios de comunicación, incluso entre las personas que supuestamente deberían saberlo mejor […]. Esto tiene consecuencias concretas en el modo de vida de los pueblos indígenas, sus tierras y, en última instancia, sus vidas» (Europa Press, 2008).
En el artículo de La Nación se presenta la opinión del entonces propietario del diario con respecto a la ocupación de una plaza céntrica de la capital del país por parte de manifestantes indígenas, que acamparon en el lugar como una medida de presión para hacer oír sus reclamos. En el mismo puede leerse cuanto sigue:
Una toldería indígena neolítica en el centro de la ciudad es inconcebible y, sin embargo, allí está, como un cáncer expuesto, esparciendo malos olores, destrucción y contaminación ambiental […]. Los indígenas tienen que avenirse a vivir como gente, o mandarse a mudar al monte […]. Los indígenas tienen que civilizarse, convertirse en paraguayos, terminar con esa estupidez de preservar una cultura retrasada y marchita y vivir como gente pagando sus impuestos, o relegarse a lo profundo del monte a seguir conviviendo con los animales. No hay alternativas y los paraguayos no tenemos por qué pagar impuestos para mantener una civilización caduca, que fue incapaz de mantenerse a sí misma.
El mensaje transmitido por el artículo citado —y otros con un tono semejante— es que los indígenas del Paraguay deben modificar sus modos de vida arcaicos y adaptarse al mundo moderno, dejando de lado sus costumbres desfasadas en el tiempo, que constituyen un impedimento para su adaptación. La única opción que tienen los pueblos indígenas, según esta perspectiva, es cambiar una cultura que no les sirve de nada para así poder adaptarse. Esto debe ser propiciado a partir de políticas del Estado. No hacerlo no solo constituye un error, sino que ocasiona que los propios indígenas cuenten con condiciones de vida penosas, que son el resultado de su empecinamiento por conservar estilos de vida que no son acordes con los tiempos que corren.
Tanto en la imagen del «buen indígena» como en la del «mal indígena» transmitidas por la prensa paraguaya, tenemos que una mirada externa es la que pretende determinar cómo deben ser los indígenas, qué concepción y modelo de desarrollo deben tener y practicar y qué aspectos deben ser dejados de lado para que puedan adaptarse al mundo moderno.
Esta mirada sesgada, que tiene una concepción muy limitada de lo que es la realidad que se vive en las comunidades indígenas del país —en donde existen distintos modelos y niveles de desarrollo— y que se limita a generalizar sobre la base de prejuicios, no permite que los individuos pertenecientes a los pueblos indígenas del Paraguay puedan optar por opciones acordes a sus propias concepciones de desarrollo y de bienestar. A partir de concepciones con estos estereotipos, a los indígenas se les permite como única opción válida de cómo vivir sus vidas aquella expuesta por los periodistas.
Si perspectivas de este tipo permanecen tanto en la prensa y en las políticas públicas como en el imaginario de la población paraguaya, la mirada externa que se asume sobre el tema no tendrá la apertura necesaria para poder comprender que la manera como debe darse el desarrollo entre los pueblos indígenas debe ser decidida por ellos mismos.
En el último siglo los pueblos indígenas del Paraguay conocieron profundos cambios en sus condiciones de vida, producidos por el avance de los frentes de colonización interna de la sociedad nacional paraguaya. El principal efecto de la colonización interna en la vida de los pueblos indígenas del país fue imposibilitarles mantener plenamente sus pautas de vida tradicionales, ligadas a los territorios perdidos y a las condiciones ecológicas que aquí encontraban, en donde usufructuaban los bienes naturales dentro de una extensión de tierras bastante mayor que aquella a la que actualmente acceden.
Con respecto a las posibilidades de subsistencia, este proceso implicó para los pueblos indígenas del Paraguay el verse obligados a adoptar nuevas estrategias productivas y económicas con el fin de adquirir los bienes producidos por la sociedad envolvente. Por ello, desde hace ya un buen tiempo, los pueblos indígenas del Paraguay incorporaron a sus estrategias de subsistencia tradicionales otras, como son la venta de rollos de madera, la producción y venta de artesanías, el trabajo asalariado, la changa, el alquiler de sus tierras a ganaderos o productores sojeros, la migración hacia las ciudades y en algunos casos la prostitución o la mendicidad, por mencionar algunas de las estrategias más habituales (Bogado, 2016, pp. 142-143).
Este proceso, por el cual los pueblos indígenas del país han debido incorporar nuevas estrategias económicas, se encuentra tanto en las comunidades de la Región Oriental como en las de la Región Occidental del país. Si bien se dan particularidades en cuanto a las estrategias en cada pueblo y en cada comunidad, podemos tomar el caso de los mbyá como similar (aunque no idéntico) al vivido por los demás pueblos guaranís habitantes de la Región Oriental.
Los mbyá asumieron cambios en sus modos de vida, ante la imposibilidad de reproducir su economía tradicional en las condiciones en las que viven actualmente. Sin embargo, aún existen bosques en sus territorios y, si bien no son suficientes para vivir una vida basada exclusivamente en los recursos que se encuentran en los mismos, los mbyá prefieren asentarse en lugares en donde existan para poder, al menos parcialmente, aprovechar parte de los recursos que los bosques proporcionan: cacería, recolección de plantas comestibles, plantas medicinales y miel, la pesca y la agricultura, tradicionalmente practicada en los rozados abiertos en el bosque (ibíd., p. 144).
La principal ruptura que conocieron los mbyá con respecto a su economía tradicional se encuentra en el hecho de que ya resulta imposible seguirla plenamente. Esto dio como resultado el cambio más importante que se produjo en la economía mbyá: la necesidad de generar dinero. Dependiendo de ciertos factores, como la mayor o menor disponibilidad de productos de la chacra o la mayor o menor dependencia de los alimentos comprados o de bienes de consumo, en algunos casos se necesita más y en otros menos dinero (ibíd., p. 148).
Las maneras más frecuentes a través de las cuales los mbyá obtienen dinero son el cobro de las pensiones Tekoporã y de adultos mayores, el trabajo asalariado con vecinos de las inmediaciones de las comunidades —conocido como «changa»—, el cultivo de rubros de renta, el alquiler de tierras para productores agrícolas y los trabajos remunerados a los que acceden en sus comunidades como promotores de salud, maestros y otros puestos dependientes de instituciones públicas (ibíd., pp. 148-150).
Hasta el momento, estas estrategias de generación de ingresos que enumeramos no han permitido a los mbyá en general (ni a los demás pueblos indígenas de la Región Oriental) elevar sustancialmente su nivel de vida. Toda estrategia de reducción y eliminación de la pobreza que sea aplicada con los indígenas de la Región Oriental debería tomar como base las estrategias económicas practicadas en las comunidades y las habilidades y recursos que requieren para poder generar un desarrollo autónomo.
En el caso de los pueblos indígenas del Chaco, antes del avance de la sociedad nacional sobre sus territorios tradicionales, los pueblos que aquí habitaban eran cazadores, recolectores y pescadores, con una incipiente práctica de la agricultura. La ganadería sería conocida a partir del contacto con el ámbito colonial. Hasta hace un poco más de un siglo, los pueblos indígenas de esta región tenían una relación con los recursos naturales basada en sus pautas de subsistencia tradicionales y recorrían de manera periódica un territorio relativamente extenso para aprovechar los recursos aquí disponibles según los diferentes momentos del ciclo anual (Bogado y Drechsel, 2021, pp. 63-64).
Estas pautas continúan en alguna medida en la forma de vida de los pueblos indígenas chaqueños, como es el caso de las comunidades que todavía acceden a los recursos naturales sobre los que se basaba su economía tradicional. Como consecuencia del mayor contacto con los miembros de la sociedad nacional, a lo que se suma el menor acceso a los recursos naturales existentes en los ecosistemas en los que tradicionalmente basaban su subsistencia, se fueron perdiendo conocimientos asociados a su manera tradicional de aprovechamiento de los recursos.
Esta dualidad entre, por un lado, una continuidad de las prácticas de subsistencia tradicionales y, por otro, la pérdida de gran parte de las mismas es a día de hoy la constante en las comunidades indígenas chaqueñas. La importancia que adquiere cada una de las estrategias económicas de subsistencia practicadas varía de comunidad en comunidad y se relaciona con varios factores, como son el menor o mayor acceso a los recursos naturales y la mayor o menor necesidad de comprar bienes de consumo —para lo cual se necesita contar con dinero—, entre otros factores (ibíd., p. 64).
A pesar de haber incorporado el trabajo asalariado como principal estrategia para obtener dinero —indispensable para adquirir alimentos y otros bienes de consumo—, los indígenas del Chaco continúan usando los recursos naturales aquí disponibles según la usanza tradicional, fundamentalmente para la recolección, la cacería, la agricultura y el uso de leña. La subsistencia en la actualidad de la gran mayoría de las comunidades indígenas del Chaco paraguayo se basa todavía en el aprovechamiento de estos recursos naturales, que se combina con los ingresos obtenidos a partir del trabajo asalariado y la agricultura. La importancia que todavía tienen en las comunidades indígenas chaqueñas sus pautas de subsistencia tradicionales es un aspecto que las distingue del resto de la población local (Renshaw, 1996, p. 57).
La pobreza existente en las comunidades indígenas chaqueñas es una limitante para su desarrollo económico autónomo. Un aspecto que se debe tomar en cuenta para encaminar acciones para la reducción de la pobreza de estas comunidades es apuntar a la capacitación y educación de su población, en especial de los más jóvenes. Por un lado, para que por medio de una mayor capacitación puedan acceder a los empleos existentes en la zona, que exigen habilidades y calificaciones específicas, por lo que, en caso de que los indígenas no cuenten con ellas, les resultan inaccesibles. Además de esto, adquirir nuevas herramientas a partir de la educación permitirá a los indígenas chaqueños desarrollar de manera autónoma emprendimientos económicos en sintonía con el nuevo contexto en el que viven (Bogado y Drechsel, 2021, p. 157).
Lo hasta aquí mencionado con respecto a las comunidades indígenas del país, tanto de la Región Oriental como la Occidental (en cuanto a la dualidad existente entre mantener por un lado en alguna medida las pautas económicas tradicionales y la necesidad de contar con dinero para adquirir bienes de consumo), se refiere sobre todo a las comunidades indígenas rurales.
En el caso de las comunidades indígenas urbanas, tanto de la Región Oriental como las del Chaco, la situación es distinta. En estas comunidades, el acceso a recursos naturales es muy limitado y en varios casos inexistente, y por tanto la práctica de la economía tradicional se hace casi imposible.
En el contexto urbano, los indígenas solo tienen la venta de su fuerza de trabajo como fuente de ingresos económicos y dependen totalmente del dinero para la compra de alimentos, por lo que necesitan adquirir nuevas aptitudes y herramientas necesarias para poder generar dinero en el ámbito urbano. Aquí se necesita educación, capacitación, tener financiación para crear emprendimientos económicos, habilidades blandas, etcétera. Todo lo cual lo poseen los indígenas urbanos en muy poca medida.
Toda política pública que pretenda eliminar la pobreza de los pueblos indígenas del Paraguay, corregir los errores del pasado y propiciar una mejora en las condiciones de vida de los mismos debería tomar en cuenta los elementos que aquí enumeramos.
La situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los pueblos indígenas en el Paraguay los lleva a que, para generar ingresos en ciertas circunstancias, haya individuos que opten en ocasiones por alternativas que pueden ser perjudiciales para ellos y para el medio ambiente e incluso ilegales. Estas alternativas, si bien sirven para generar dinero, tienen desventajas de distinto tipo.
Entre las alternativas que podemos enumerar, se encuentran el alquiler de tierras, la venta de rollos de madera o de carbón extraídos de sus bosques e incluso la plantación de marihuana (Bogado y otros, 2016, p. 117).
El alquiler de tierras indígenas a productores agrícolas es una práctica que según los datos del último censo, realizado en el 2002, fue adoptada por el 36,9 % de las comunidades indígenas del Paraguay. El tipo de uso que fue dado a la tierra alquilada fue el siguiente: en 93 comunidades las tierras se alquilaron para monocultivos extensivos, en 58 fueron usadas para pastura y en 12 comunidades las tierras fueron usadas para la extracción de madera y producción de carbón (DGEEC, 2015, pp. 42-43).
El tipo de actividad para el que se usan las tierras alquiladas varía en cada departamento del país. Más de la mitad de las comunidades indígenas de los departamentos de Alto Paraná e Itapúa alquilan sus tierras para cultivos extensivos (60,5 % y 58,1 %), seguidas por las comunidades de los departamentos de Caaguazú y Canindeyú, en donde el 39,0 % y el 19,8 % se dedican a esta actividad. La mayor concentración de alquiler de tierras dedicadas a pasturas para ganado se encuentra en los departamentos de Concepción (25,0 %), Presidente Hayes (24,0 %), Canindeyú (19,8 %), San Pedro (14,3 % y Boquerón (13,0 %). Las comunidades indígenas que alquilan sus tierras para la extracción de madera y la producción de carbón se encuentran concentradas en los departamentos de Canindeyú (7,5 %) y Caazapá (6,9 %), (ibíd., p. 43).
En el alquiler de tierras pertenecientes a comunidades indígenas a productores agrícolas podemos encontrar tres aspectos negativos. El primero, relacionado con el marco legal nacional, tiene que ver con que el alquiler de tierras pertenecientes a comunidades indígenas está prohibido, por lo cual quienes se dedican a esta actividad estarían cometiendo un delito y potencialmente podrían ir presos por esto.
El segundo aspecto está relacionado con el impacto ambiental de la actividad, ya que las tierras alquiladas en muchos casos eran bosques vírgenes al momento de comenzar la práctica del alquiler, en donde fueron ubicadas las pasturas o las plantaciones luego de deforestar la tierra que iba a ser explotada. A esto se suma el uso, muchas veces indiscriminado, de productos fitoquímicos por parte de los productores, que pueden ocasionar intoxicaciones en los pobladores de las comunidades, contaminar el aire y los cursos de agua.
En tercer lugar, el alquiler de tierras de las comunidades a terceros significa usar las tierras propias para beneficio de terceros en lugar de promover en ellas alternativas de generación de ingresos que podrían beneficiar mucho más a los pobladores de las comunidades en caso de que ellos mismos usasen esas tierras para alguna producción propia.
La venta de rollos de madera o la producción de carbón es una alternativa de generación de ingresos que presenta desventajas similares a las del alquiler de tierras. En primer lugar, se despoja a las comunidades de valiosos recursos naturales, muchas veces con árboles centenarios por los que se pagan sumas irrisorias. Con esto se pierde en las comunidades no solo los árboles talados, sino igualmente otros recursos naturales que aquí se encuentran; sobre todo la biodiversidad local.
Consideramos que es la situación de pobreza y de vulnerabilidad en la que se encuentran los indígenas del Paraguay la principal causa que los lleva a que en ocasiones prioricen la obtención de dinero sobre el uso racional de los recursos naturales disponibles en sus comunidades.
A esta situación habría que agregar que no existen políticas públicas que les permitan hacer un uso racional y rentable de los recursos con los que cuentan para beneficio de los propios pobladores, y carecen tanto del capital necesario para esto como de las capacidades, tecnología y medios que se requieren. Es por ello que, según el «cálculo racional» que se encuentra detrás de las decisiones económicas, se halla en primer lugar como factor determinante de la decisión la inmediatez con la cual se consigue el dinero a través de las opciones que prefieren tomar, sin importar lo perjudicial que puedan ser las mismas para el medio ambiente o para los miembros de la comunidad (Bogado y Drechsel, 2021, p. 106).
Los rezagos históricos que pesan sobre los indígenas del Paraguay —que ya mencionamos— constituyen el punto de partida para una posible adaptación de los mismos a la economía de mercado en igualdad de condiciones con respecto al resto de la población paraguaya.
En la Constitución nacional de 1992 se incluyó el capítulo 5, «De los pueblos indígenas», que cuenta con seis artículos, donde se reconoce «la existencia de los pueblos indígenas, definidos como grupos de cultura anteriores a la formación y organización del Estado paraguayo» (art. 62). Se reconoce aquí el derecho de mantener la identidad étnica, sus sistemas de organización, la propiedad comunitaria de la tierra, el derecho consuetudinario, la participación y se exonera a los indígenas del servicio militar y del pago de impuestos. En el artículo 65, «Del derecho a la participación», se afirma explícitamente que el Estado paraguayo tomará medidas para que estos mismos se integren: «Se garantiza a los pueblos indígenas el derecho a participar en la vida económica, social, política y cultural del país, de acuerdo con sus usos consuetudinarios, esta Constitución y las leyes nacionales». En el artículo 66 se afirma que el Estado se ocupará de dar ciertas garantías a los pueblos indígenas, entre ellas el respeto a sus particularidades culturales y proveerles de asistencia: «El Estado respetará las peculiaridades culturales de los pueblos indígenas especialmente en lo relativo a la educación formal. Se atenderá, además, a su defensa contra la regresión demográfica, la depredación de su hábitat, la contaminación ambiental, la explotación económica y la alienación cultural».
Existen algunas leyes específicas que reglamentan ciertas áreas de acción del Estado paraguayo con los pueblos indígenas, como son la Ley 3231/2007, de educación indígena, y la Ley 5469/2015, de la salud de los pueblos indígenas. Ambas leyes, cada una en su ámbito de acción, garantizan que el Estado proveerá a los pueblos indígenas servicios diferenciados desde una perspectiva intercultural.
Asimismo, el Estado paraguayo ratificó varios instrumentos jurídicos internacionales que garantizan derechos específicos a los pueblos indígenas. Por citar los más importantes, el convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes de la OIT de 1989 y la declaración de los derechos de los pueblos indígenas de la ONU de 2007. Ambos instrumentos tienen como principios fundamentales el de la autodeterminación de los pueblos, que debe realizarse una consulta previa, libre e informada para cualquier acción a realizarse con los pueblos indígenas, y que los Estados deben tomar medidas especiales para revertir las históricas brechas de desigualdad que existen entre los pueblos indígenas y el resto de la población.
A pesar de que la Constitución nacional de 1992 tiene un carácter multicultural que reconoce la existencia y derechos específicos a los pueblos indígenas y aunque existe una legislación nacional e internacional favorable a los mismos, en la práctica el Estado paraguayo no ha podido implementar políticas que reviertan su exclusión económica y social (Villalba, 2018, pp. 206-207).
Esta situación constituye el dilema más difícil de resolver para los pueblos indígenas del país en lo que se refiere a sus posibilidades reales de vivir dignamente. Sin tener las condiciones de continuar con las pautas de subsistencia que conocían y podían practicar hasta hace un siglo aproximadamente y sin haber adquirido los medios ni los recursos para insertarse satisfactoriamente dentro de la economía de mercado, lo que les queda es una condena a la exclusión y a la pobreza.
El segundo dilema que conocen los pueblos indígenas del Paraguay con respecto a la posibilidad de adaptación a las condiciones de vida actuales en el país tiene un carácter subjetivo y guarda relación con el aspecto identitario y los estereotipos que encuentran por parte de miembros de la sociedad nacional sobre cómo se supone que los indígenas deben ser y comportarse.
Existen varios estereotipos por parte de los miembros de la sociedad nacional con respecto a cómo consideran que deben ser los indígenas. Una de sus características consiste en negar la especificidad cultural e identitaria a los indígenas, que se puede expresar con la frase «somos todos paraguayos». En este sentido, los que tienen esta visión consideran que los indígenas deberían ser tratados de la misma manera que el resto de los ciudadanos, que no deberían tener privilegios de ningún tipo, como leyes que reconozcan derechos específicos y políticas que sean exclusivas para ellos (Bogado, 2014, p. 89).
Tal vez son los indígenas que viven en las ciudades los que más conocen de estereotipos con respecto a «la naturaleza» que les asignan los miembros de la sociedad nacional paraguaya. Para una buena parte de la población nacional, los indígenas no deberían vivir en el ámbito urbano, ya que no lo consideran un espacio legítimo para ellos, sino que su espacio debería ser una comunidad indígena rural para vivir «de forma tradicional», sin elementos de la «cultura no indígena» (ibíd.).
Otro aspecto del estereotipo que existe hacia los indígenas es que estos, en caso de utilizar elementos que «no forman parte de su cultura», dejarían automáticamente de ser indígenas. Este estereotipo tiene sus consecuencias en la práctica e implica la negación de derechos específicos a los indígenas urbanos, que ya no tendrían la posibilidad —para los que los ven de esta manera— de reivindicarse como indígenas y, por tanto, tampoco tendrían legitimidad para pretender tener derechos en tanto que indígenas (ibíd.).
Con respecto a esta imagen que tienen gran parte de los paraguayos (y que es indicada por varios indígenas) de que los indígenas deben vivir de manera «tradicionalista» y no incorporar elementos de la modernidad, los indígenas en Paraguay suelen encontrarse en medio de dos posiciones distintas y contradictorias. Por un lado, se encuentran los tradicionalistas, que hacen el esfuerzo de aferrarse lo más que pueden a la cultura que recibieron de sus mayores. Por otro lado, se encuentran individuos que consideran que en el contexto actual no solo es necesario, sino imprescindible, adaptarse al mundo moderno, debido a los cambios que conocieron en sus modos de vida y como consecuencia de la imposibilidad de practicar sus pautas de economía tradicional (Bogado, 2021, p. 132).
Estas dos tendencias, contradictorias y aparentemente irreconciliables entre sí, pueden encontrarse en individuos pertenecientes a un mismo pueblo e incluso en una misma comunidad, en donde hallamos personas que se afirman hacia un extremo de este par de opuestos binarios mientras que otras se sienten identificadas con el otro. Esto trae consigo una tensión identitaria, en donde los individuos tienen ante sí estas dos opciones contradictorias y deben optar por cuál de ellas seguir: o bien aferrarse al pasado o, por el contrario, adaptarse a la sociedad moderna (ibíd., p. 133).
A lo largo de estas páginas hemos presentado los dilemas que enfrentan los pueblos indígenas del Paraguay a la hora de adaptarse a las condiciones que conocen en el país. Estos dilemas están relacionados, por un lado, con condiciones objetivas vinculadas con los procesos históricos que experimentaron y, por otro, con imaginarios sociales y aspectos identitarios. La confluencia de los mismos determina las condiciones de posibilidad de adaptación de los pueblos indígenas del Paraguay al mundo que les toca vivir.
En cuanto a los aspectos objetivos que proporcionan el contexto en el cual deben adaptarse los pueblos indígenas del Paraguay a la sociedad envolvente, tenemos que existe una imposibilidad por parte de los mismos de continuar plenamente con las pautas de subsistencia tradicionales, a pesar de que lo intenten. Esto los impulsó a buscar nuevas estrategias económicas para contar con dinero, necesario hoy en día.
Estas estrategias no permitieron a los pueblos indígenas del país salir de la pobreza, lo cual es una limitante que los mantiene en un círculo vicioso, más aún por el hecho de que las políticas públicas no les han proveído de herramientas y aptitudes para vivir dignamente.
Esta situación de pobreza y vulnerabilidad impulsa a que ciertos individuos opten por alternativas de generación de dinero que pueden ser perjudiciales para ellos y los demás miembros de sus comunidades. Mientras no se implementen políticas que les den herramientas para poder hacer un uso racional y rentable de los recursos con los que cuentan, será difícil que puedan sortear satisfactoriamente este dilema.
Con respecto a las condiciones subjetivas que condicionan la adaptación de los pueblos indígenas del Paraguay al contexto que conocen en la actualidad, tenemos que existen ciertos imaginarios externos que pretenden determinar cómo deben ser los indígenas. Por un lado, la prensa escrita (que influye en la opinión pública) ha presentado en los últimos años una imagen de dos tipos de indígenas que constituyen opuestos binarios: el buen indígena y el mal indígena. El primero constituye un ideal a seguir, mientras que el segundo debe dejar de ser como es para poder adaptarse. Esta posición constituye una mirada externa que pretende determinar la manera correcta en la que deben comportarse los indígenas.
Por otro lado, existen ciertos estereotipos por parte de la población nacional hacia los pueblos indígenas que pretenden fijar la manera legítima de ser indígena en el Paraguay. Según estos estereotipos, los indígenas deberían seguir anclados en sus tradiciones y sin incorporar elementos culturales externos, pues en caso contrario quienes se autoperciben como indígenas «ya no son indígenas».
La disyuntiva con la que se encuentran los indígenas del Paraguay entre seguir la tradición o buscar adaptarse los lleva a una tensión identitaria, en la que necesariamente deben optar por una de las dos opciones.
Estos elementos presentados en el artículo consideramos que deben ser tenidos en cuenta si se pretende aspirar a formular políticas públicas con los pueblos indígenas del Paraguay con un enfoque intercultural.
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