La traducción e interpretación jurídicas en la Unión Europea. Retos para la Europa de los ciudadanos. 2ª edición corregida y aumentada

Emilio Ortega Arjonilla, Ana Belén Martínez López e Iván Delgado Pugés (eds.)

Comares, Granada, 2017, 160 págs.

Luis Carlos Marín Navarro

Desde el año 1996, la colección Interlingua de la editorial Comares ha venido dando a conocer numerosas y destacables obras cuyo argumento central gira en torno al panorama actual de la traducción y la interpretación. La que aquí nos ocupa, editada por tres grandes investigadores de la traducción e interpretación jurídicas, tiene como cimiento el estudio de la situación actual de la traducción e interpretación jurídicas en la Unión Europea. La visión que refleja este libro se corresponde fielmente con la realidad ingente de servicios lingüísticos (tanto traducción como interpretación) en el ámbito jurídico y judicial.

Dado que vivimos en un mundo en constante cambio y dada la estancia de extranjeros, ya no sólo en nuestro país, sino también en el resto de Europa, se hace patente el uso de la traducción e interpretación para justiciables que no conozcan la lengua oficial de un país. El comercio exterior también ha favorecido notablemente a la aparición de estos servicios, pues sería difícil que se llevara a cabo sin la presencia de un mediador lingüístico que rompiese las barreras del lenguaje.

El enfoque interdisciplinar de esta obra (así es la pretensión de los autores) se encuentra repartido en 7 capítulos (en versión papel) y en otras 5 partes, divididas a su vez por numerosos capítulos. Estas últimas se podrán encontrar en una tarjeta USB que acompaña al libro.

En los primeros capítulos de la obra se ponen de manifiesto los retos y desafíos que han existido (y que siguen existiendo) para regular el ejercicio profesional de traductores e intérpretes especializados en el ámbito jurídico, una regulación que afectaría, tal y como señalan los autores, a todos los actores dentro de este escenario, tales como policías, jueces, fiscales, letrados y, como no, a traductores e intérpretes. Unas de las dificultades, según los autores, que aquí se nos presenta es el desfase existente entre las lenguas estudiadas en universidades que ofertan el Grado en Traducción e Interpretación. Para poner de manifiesto ese desfase, uno de los autores presenta, a modo de tabla resumen y de forma pormenorizada, las lenguas utilizadas durante los servicios de traducción e interpretación en la Audiencia Provincial de Málaga, en los Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional en Madrid y en la Dirección General de la Policía. Como punto final a estos primeros capítulos, se dan a conocer las diferentes consecuencias que pueden tener los ámbitos universitarios (así como los requisitos que los estudiantes han de tener para formar parte del mundo profesional en este sector) y administrativo, así como, una vez acreditados los traductores e intérpretes, la creación de un registro.

Conforme nos vamos adentrando en la lectura de esta obra, los capítulos 3 y 4 pretenden dar de fe de toda la producción científica bajo el género tesis doctoral en el ámbito de la traducción jurídica, jurada, judicial, económico-administrativa, turística, publicitaria, etc. El análisis aquí presentado, dividido por décadas (1990-1999, 2000-2009 y 2010-2017) y por subámbito de especialidad (entre los que encontramos, por citar algunos, la traducción y terminología jurídica y jurada, el derecho comparado, la traducción económico-financiera, la traducción y terminología turística, etc.), producción científica que no podemos pasar por alto para poner de manifiesto la importancia que tienen en nuestros días, ya no solo la traducción e interpretación jurídicas, sino también el resto de (sub)ámbitos de especialidad.

Un quinto capítulo viene de la mano del investigador Reynaldo Casamayor. Su aportación a la obra tiene por objetivo contextualizar la sustanciación lingüística de la labor interpretativa en el procedimiento penal.

La obra en papel culmina con dos capítulos de gran interés, no solo para el profesional de la traducción e interpretación jurídica y judicial, respectivamente, sino también para el estudiante, cuyo primer contacto con esta especialidad parece ser oscuro y lleno de dificultades. La documentación en toda actividad traslativa o interpretativa es un paso imprescindible para conseguir una traducción de calidad y en este caso que tenga el mismo (o casi el mismo) efecto jurídico en la lengua de destino. Por ello, el penúltimo capítulo, al igual que el último, está concebido a modo de biblioteca, en el que los autores proponen una serie de diccionarios (tanto bilingües como monolingües en español, inglés y francés) de los ámbitos que conciernen a esta obra: jurídico, jurado, judicial, administrativo, económico, financiero, etc.), así como una serie de manuales de estilo para la redacción y traducción de textos, principalmente jurídicos, aunque no descartan manuales de estilo de lengua general. Dependerá, en cada caso, del encargo o cliente para elegir uno u otro. El último capítulo alberga una gran cantidad de artículos de investigación útiles, de igual manera, para el traductor o intérprete especializado en la rama jurídica y también para cualquier estudiante o investigador que se inicie en este campo de estudio. Muchísimos son los investigadores que han dado a conocer sus avances en este campo de estudio, por lo que siempre es una buena idea culminar una obra de este tipo dando a conocer cómo está (se está explotando y se explotará este campo de estudio). Sin duda alguna, capítulos que todo lector de esta obra no debe pasar por alto para continuar y completar así su formación como traductor e intérprete del Derecho.

Tal y como se adelantaba al principio de la obra, al final del libro encontramos más monografías sobre este campo del saber en formato electrónico. Dada la inmensidad de datos que se pueden explotar en esta especialidad (y probablemente siguiendo la política medioambiental), los editores de esta obra toman la decisión de culminar con una extensión en USB anexa al libro. Una primera parte está dedicada a aspectos generales de la traducción y la interpretación en el ámbito jurídico, económico y judicial, aunque no debemos pasar por alto que parte de esos artículos están dedicados exclusivamente a la terminología jurídica que, como todo traductor e intérprete sabe, es una de las principales áreas que más barreras suele presentarnos a la hora de afrontar cualquier trabajo de este campo de especialidad. La segunda parte de esta tarjeta USB tiene una orientación dividida entre lo académico y lo profesional. La Unión Europea exige traductores profesionales que conozcan el campo del Derecho. Por lo tanto, la formación de estos es una piedra fundamental, así como también lo es saber qué códigos deontológicos y convenciones siguen los trabajos en este campo, así como los tipos de contratos que se celebran en este tipo de empleos. Actualmente, la situación que viven sobre todo los intérpretes es algo delicada. Es fundamental, por tanto, intentar reunir una serie de requisitos de provecho para las empresas y garantizar así un servicio de calidad y unas condiciones óptimas para los profesionales del sector. Muy ligada a esta parte se encuentra su análoga, una tercera parte dedicada a abordar los retos de la Europa de los ciudadanos, entre los que se trata el derecho fundamental a ser asistido por un abogado y por un intérprete. Este derecho es el artífice principal de la cantidad ingente de trabajo existente en nuestros días. Por ello, al ser un derecho constitucional, el servicio no puede ser de baja calidad. Surgen ahora preguntas como qué convenciones tiene que seguir el profesional, qué leyes regulan la profesión y a qué códigos deontológicos ha de adherirse la persona para no caer en la trampa y filtrar, por ejemplo, datos de un proceso judicial, así como para garantizar un servicio correcto. De legislación precisamente trata la cuarta parte. Existe, en la actualidad, un vacío legal en cuanto al ejercicio de la traducción y la interpretación. Es preciso señalar aquí la falta una normalización, por ejemplo, que aúne todas las convenciones que se han de seguir a la hora de hacer una traducción jurada. Es cierto que la Oficina de Interpretación de Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación regula el formato de presentación de una traducción, así como el sello y la fórmula fedataria que se debe incluir al final de esta. Sin embargo, cuestiones relacionadas con el estilo, la ortotipografía y otras cuestiones puramente traductológicas no se abordan (quizás podamos encontrar en algunos manuales de traducción jurídica algún atisbo de estas cuestiones, aunque algo insuficiente). Por otro lado, el vacío legal se hace extensible a una regulación de nuestra profesión, como por ejemplo la creación de un registro o colegio de traductores e intérpretes. Actualmente existen ciertas asociaciones como Asetrad que lucha por nuestros derechos, aunque parece ser que (todavía) sin éxito. Como colofón encontramos una quinta parte dedicada a la documentación y herramientas para la traducción e interpretación en el ámbito jurídico y es que este proceso se concibe como un cimiento fundamental en toda actividad traslativa e interpretativa. Sin duda alguna, una traducción o interpretación que no hayan tenido una buena labor de documentación difícilmente podrán satisfacer las necesidades del cliente.

La traducción e interpretación jurídicas en la Unión Europea. Retos para la Europa de los ciudadanos es un libro que ha satisfecho por completo mis necesidades y, por supuesto, un must-read para todo aquel que desee iniciarse en el ámbito de la traducción jurídica o que ya lo haga. Sin duda, una obra amplia y completa en todos los sentidos que despejará muchas dudas que todavía inundan nuestra mente.