Recensión de Implantación de la
Administración electrónica y de la e-factura. PINTOS
SANTIAGO, J. (Dir.), Wolters Kluwer:
El Consultor de los Ayuntamientos, 2º ed., Madrid, 2020, 432 pp. ISBN:
978847052842.
Belén López Donaire
Directora de los Servicios Jurídicos de la
Administración de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
mblopezd@jccm.es
Es un
libro colectivo dirigido por el profesor Jaime Pintos Santiago, destacado
jurista con una prolífica trayectoria en el ámbito de la contratación pública.
Está
estructurado en cinco capítulos y en general, de fácil y amena lectura.
Comienza con una presentación realizada por el director, quien explica los
motivos de la obra y los objetivos que pretenden cubrirse.
La obra
que ya va por su segunda edición, nos adentra en la Administración digital,
pero desde distintas esferas, elemento importantísimo que, debe tener en cuenta
el lector a la hora de ir descubriendo los diferentes capítulos. Así, se
abordan las relaciones con los ciudadanos; relaciones internas y con otras
administraciones; contratación pública; facturación electrónica y, como broche,
la transparencia.
El
primero de los capítulos, a cargo de María Concepción Campos Acuña, aborda el procedimiento
administrativo electrónico en la Ley 39/2015. Hace un análisis exhaustivo de la
ley incidiendo en las novedades introducidas y su interacción con su siamesa,
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Siguiendo la sistemática de la ley 39/2015, aborda con detalle los derechos que
la norma reconoce a los ciudadanos en su doble condición, como personas y como
interesados en el procedimiento, destacando la incorporación de los derechos
derivados de la transformación digital del procedimiento.
Continúa
la autora con un análisis sobre las claves del funcionamiento electrónico como
son: la simplificación, eficacia, eficiencia y transparencia en la actuación
administrativa; el rediseño del registro en su versión electrónica o la gestión
documental y archivo electrónico.
A continuación, aborda con detalle las
novedades que se recogen en las diferentes fases del procedimiento concluyendo
que la “verdadera revolución” es la transformación digital en el funcionamiento
de la Administración.
En
título aparte, estudia las especialidades procedimentales de la potestad
sancionadora y de la responsabilidad patrimonial, ya que con la ley 39/2015
dejan de ser procedimientos especiales para convertirse en especialidades
dentro del procedimiento administrativo común. No obstante, los principios de
ambos institutos se regulan en la ley 40/2015, por lo que el operador jurídico
tendrá que manejar ambas leyes a la vez.
A
continuación, aborda de forma sistemática las principales novedades que
introduce la ley 39/2015 que afectan o tienen incidencia, directa o
indirectamente, en las notificaciones administrativas.
El
capítulo se cierra con la revisión del régimen de impugnación de los actos
administrativos y el régimen transitorio y entrada en vigor.
El
segundo de los capítulos, realizado por Jorge Fondevila
Antolín, analiza con brillantez y valentía la Administración electrónica en la
ley 40/2015, del Régimen Jurídico del Sector Público. Incorpora las novedades
de la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de
los servicios electrónicos de confianza.
En esta
segunda edición el autor constata como las observaciones y reflexiones que
había realizado al texto de la norma en la primera edición de la obra siguen de
plena actualidad, es decir, sin adoptarse medida alguna al respecto para
solventar las deficiencias que presenta el marco legal.
Trae a
colación la STC 116/2016, de 9 de junio, para explicar con gran acierto las
dificultades para la implementación de la e-administración en los municipios.
Se desvanece la posibilidad de reclamación de asistencia integral de las
entidades locales a las Diputaciones provinciales para la implementación de la
e-administración.
El autor
ofrece un elenco de soluciones, de carácter práctico, que podrían tenerse en
cuenta por las Administraciones para gestionar el cambio del expediente en
papel al electrónico, en definitiva, un cambio de cultura administrativa, que
como todo cambio requiere una etapa de transición.
A
continuación, de forma didáctica realiza una aproximación o definición de
conceptos técnicos, tales como página web, sitio web, dirección IP, URL,
dominio de internet, punto de acceso a la red o sede electrónica, para evitar
confusiones a los gestores y a los operadores jurídicos ya que en algunas
ocasiones se usan de forma sinónima términos diferentes.
En
título aparte, estudia los sistemas de identificación y firma de las
Administraciones Públicas, los pros y contra de cada uno. Interesante es sin
lugar a dudas la aproximación a la tecnología blockchain
y su incidencia en la implementación del procedimiento administrativo,
destacando las bondades de esta tecnología. Una visión que comparto plenamente
con el autor, si se me permite esta pequeña licencia.
Bajo el
epígrafe de la gestión documental electrónica, Fondevila
Antolín aborda las actuaciones administrativas automatizadas y el archivo
electrónico de documentos.
Finalmente,
este capítulo se cierra con las relaciones interadministrativas electrónicas,
destacando en especial, el sometimiento de todas las infraestructuras
tecnológicas a los principios de interoperabilidad y seguridad de la
información, como principios transversales.
El
tercer capítulo realizado por Jaime Pintos Santiago bajo el título “Derecho
aplicado de la contratación pública electrónica” comienza con una exégesis de
la contratación pública electrónica hasta llegar a la cuarta generación de las
Directivas sobre contratación pública, que plantea como obligatoria el uso por
parte de los Estados miembros de la contratación pública electrónica.
El autor
expone de manera brillante y pormenorizada la fundamentación jurídica de la
contratación pública electrónica imbricada en la disposición adicional
decimoquinta de la Ley 9/2017, de contratos del sector público.
El nudo
gordiano de la normativa establece como regla general la presentación de
ofertas y solicitudes de participación en los procedimientos de contratación
con medios electrónicos.
A
continuación, realiza un magnífico recorrido por la doctrina legal de los
tribunales administrativos de recursos contractuales, que hará las delicias del
lector, principalmente de aquellos operadores jurídicos, no sin antes advertir
las controversias existentes en la doctrina de aquellos tribunales a raíz de
las excepciones recogidas en las letras a) y c) del apartado 3 de la
disposición adicional decimoquinta de la Ley de contratos del sector público.
Finaliza
el autor con una conclusión reflexiva dirigida a los poderes adjudicadores, a
modo de prospectiva práctica sobre la contratación pública electrónica,
ofreciendo una solución innovadora y, sobre todo, eficiente.
El
cuarto de los capítulos realizado por Jaime Domínguez-Macaya
Laurnaga lleva por título “La e-factura como elemento
esencial de la administración electrónica integral”. Analiza los diferentes
aspectos de la facturación electrónica de una manera exhaustiva y brillante.
Distingue la temática relacionada con la legislación tributaria, de la referida
a la legislación administrativa general y contratación pública en particular.
Aborda
la interoperabilidad, como rasgo esencial para el impulso de la administración
electrónica integral. En palabras del propio autor, “o se da, o la
administración electrónica fracasará”.
El autor
estudia con detalle la Directiva 2014/55/UE, relativa a la facturación
electrónica en la contratación pública, como regulación definitiva de la
imprescindible interoperabilidad.
Seguidamente,
analiza diversos aspectos técnicos de la facturación electrónica tales como la
verificación de la validez de las facturas electrónicas y la conservación de las
facturas electrónicas.
Concluye
el capítulo con unas medidas de impulso y apoyo a la utilización de la
facturación electrónica, distinguiendo entre medidas de tipo general para la
implantación de la facturación electrónica, de las medidas concretas de soporte
e impulso de las iniciativas que se están implantando.
El último capítulo de esta monografía,
que corre a cargo de Joaquín Meseguer Yebra y Antonio
Ibañez Pascual, está dedicado a la transparencia y acceso a la información
pública en el nuevo contexto de la administración electrónica.
Los autores comienzan analizando el marco
normativo de la transparencia en España, destacando la perspectiva electrónica
de la transparencia en la ley 19/2013, de 9 de diciembre, cuando a publicidad
activa se refiere, así como a derecho de acceso a la información pública y
sobre todo en la regulación del procedimiento para el ejercicio de aquel
derecho. La transparencia no se concibe sin la aplicación de las nuevas
tecnologías y la administración electrónica en España.
Dedican una buena parte del capítulo a
analizar los modelos de gestión, ofreciendo distintas alternativas de
publicación activa de información y ofreciendo a los lectores una interesante
reflexión sobre el íter a seguir para escoger entre
las mismas.
La piedra angular de la transparencia es
el correcto seguimiento y mejora continua. Afirmación con la que no puedo estar
más de acuerdo. El responsable del seguimiento está llamado a identificar las
oportunidades de mejora que permitan aumentar la eficiencia de los procesos,
pues aún queda camino por recorrer en materia de transparencia.
A continuación, abordan la calidad de las
iniciativas, señalando los principios generales de la publicidad activa y los
indicadores, para medir el cumplimiento de los principios.
En suma,
el libro presenta gran interés y constituye el resultado de una valiosa tarea
de investigación que abarca contenidos de sobresaliente relevancia en materia
de administración electrónica.
Es, sin duda alguna, una obra de gran utilidad
tanto para los estudiosos de la materia como para el resto de los operadores
jurídicos, configurándose como una monografía de referencia para el lector, en
la medida en que analiza minuciosamente y desde una visión práctica los puntos
cardinales de la Administración electrónica.