No es esto, ANECA, no es esto

La convocatoria se realiza tras una trayectoria en la que ANECA, consciente de su propia opacidad, viene proclamando, mediante actos públicos —como la reciente celebración de su vigésimo aniversario—, entrevistas a su directora o por medio de la publicación de documentos de principios y directrices, que quiere orientar la evaluación de la investigación hacia la transparencia, la equidad y la igualdad, la apuesta por la ciencia abierta, la integridad académica y la adopción de criterios que suponen un cambio de perspectiva sustancial con el recorrido anterior de la evaluación.

La cuestión es que no basta con proclamar la intención de hacer algo, sino que hay que hacerlo ya. Se han expresado intenciones de pluralizar la evaluación, pero se prosigue con un sistema centralizado, burocrático e individual de evaluación con un indicador de la revista de publicación como principal criterio. No hay perspectiva alguna de cambiar la filosofía y los mecanismos de la evaluación, de ahí que los efectos negativos, con toda probabilidad, seguirán siendo los mismos. Es necesario apoyar y promover una investigación pública y una ciencia con conciencia ciudadana.

El denominado factor de impacto mide algo completamente diferente a lo que supone su utilización como objeto de evaluación, pues más que calidad expresa visibilidad, difusión o pertinencia de inversión bibliotecaria, todo ello mediante un importante sesgo de cobertura que afecta a revistas, disciplinas, idiomas, regiones e intereses de investigación de forma muy dispar. ANECA es consciente de esto, pues se ha adherido al Manifiesto de Leiden, a la par que, sin embargo, lo incumple claramente en esta convocatoria de sexenios. Al igual que incumple el compromiso, anunciado en su web, de dar a conocer las directrices de aplicación de los criterios de evaluación —por otra parte, no suficientemente concretas y transparentes— simultáneamente a la publicación de la convocatoria.

Así, a simple vista, se ve que no se sigue el principio de que la evaluación individual de investigadores e investigadoras debe basarse en la valoración cualitativa de su portafolio de investigación, sino que, por el contrario, se refuerza la identificación exclusiva de la tarea investigadora con el hecho de publicar en las denominadas revistas de impacto y su traducción en métricas cuantitativas. Tampoco se tiene en cuenta la directriz de proteger la ‘excelencia’ en investigación de relevancia local, por ejemplo. Como dice el Manifiesto de Leiden, el desempeño debe ser medido de acuerdo con las misiones de investigación de la institución, grupo o personal investigador: “La investigación para avanzar las fronteras del conocimiento académico es diferente de la investigación focalizada en proveer soluciones a problemas sociales”.

ANECA, al contrario que la Agencia Estatal de Investigación, sigue sin suscribir la Declaración de San Francisco sobre la evaluación científica (DORA), una de cuyas recomendaciones más destacadas es no usar las métricas basadas en revistas científicas con factores de impacto como indicador de la calidad científica, así como considerar el valor y el impacto de toda la producción científica, además de las publicaciones.

Esta política, en realidad, refuerza la falta de transparencia en el empleo de recursos públicos. España sigue apostando por destinar cantidades crecientes de dinero público a los oligopolios de difusión científica, antes cerrados y ahora reconvertidos al "acceso abierto", un acceso abierto que se traduce, paradójicamente, en el cobro por suscripciones e incluso por publicar artículos. Se está fomentando así un modelo profundamente injusto, que llega a exigir, de manera cada vez más frecuente, a quien quiera publicar que pague por ello. De ahí que Uni-Digna haya impulsado el manifiesto, dirigido al nuevo ministro de Universidades, por una evaluación universitaria al servicio del bien común y una ciencia abierta, gratuita y social, que ha recibido cientos de apoyos en pocos días: https://www.change.org/OtraAnecaEsPosible.

En ocasiones anteriores hemos afirmado que publicar en revistas académicas, que sigan procedimientos de calidad y que garanticen el valor científico del proceso, así como el control y el rigor, es uno de los fundamentos de la investigación y de la ciencia. Lo reiteramos ahora, pero eso no tiene que llevarnos a esta idolatría del factor de impacto, a esta postura pseudocientífica de privilegiar unas métricas que simplifican y distorsionan la tarea académica en pro de intereses económicos, de una pretendida productividad y de un aparente prestigio que nada tienen que ver con el bien común.

Hay muchos faros que indican cuál es el camino a seguir. A la Declaración de San Francisco (DORA) o al Manifiesto de Leiden, ya citados, se añaden otros, que apuestan por una ciencia abierta y no comercial, que valore e impulse la bibliodiversidad y el multilingüismo, más allá de imposiciones hegemónicas propias de esta investigación de mercado, asentada en supuestos neoliberales. Ahí están, por ejemplo, el Manifiesto de la Asociación Latinoamericana de Editores Científicos (ALAEC), la Iniciativa Helsinki sobre Multilingüismo en la Comunicación Científica, firmada por el CSIC y que compromete a las instituciones públicas a asegurarse de que se proporcione un acceso igualitario al conocimiento científico en distintos idiomas.

Aspiramos a una evaluación de la ciencia que tenga en cuenta también la ética del cuidado, algo que no se contempla en el sistema actual, librando al personal académico de una situación cuasi-patológica del “publicar o perecer”, que no se justifica por la utilidad social de la ciencia ni por el control de una buena gestión de los recursos públicos. Como hemos señalado, el corazón de la ciencia se define en términos de colaboración, no de competición; de amor honesto al saber y no a los réditos individuales; de interés por incrementar el conocimiento y no por la producción de publicaciones. Pero el actual sistema obliga a un proceso continuo de competición interna que fragmenta y enfrenta al profesorado, naturalizando la competencia en vez de producir formas colaborativas de pensamiento e investigación. Lo que vale, lo que cuenta, lo que tiene valor (de mercado) es la acumulación, lo inmediatamente vendible y comercializable.

Mientras se mantenga este modelo, tanto el carácter de servicio público de nuestra investigación como el trabajo docente que se realiza en nuestras universidades públicas, estarán amenazados por espurios intereses comerciales e individuales, que son ajenos a la noción del bien común que debe orientar las políticas científicas, las cuales deben promover, también, la valoración de la buena docencia como elemento valioso y transcendental para la formación de quienes han de transformar la sociedad.

Es hora ya de que se revisen de una vez no solo las desviaciones de este sistema, sino la esencia del mismo, la presión por publicar en revistas de impacto, y que se haga teniendo en cuenta, conjuntamente, el resto de las actividades del quehacer académico: la docencia, la contribución social, la gestión democrática de las instituciones...

Es tiempo de incluir, como reivindicamos, el enfoque cualitativo en la evaluación, matizado pero no sustituido por mediciones cuantitativas, y el impacto social como criterio, valorando los avances en la investigación orientada a temas relacionados con el bienestar humano desde una perspectiva global y local, al desarrollo cultural, a la sostenibilidad y al cambio social, a la conexión con los entornos locales y los movimientos y colectivos de utilidad pública, valorando sus resultados efectivos en la transformación de las desigualdades de todo tipo.

Es tiempo de incluir, como reivindicamos, el enfoque cualitativo en la evaluación, matizado pero no sustituido por mediciones cuantitativas, y el impacto social como criterio, valorando los avances en la investigación orientada a temas relacionados con el bienestar humano desde una perspectiva global y local, al desarrollo cultural, a la sostenibilidad y al cambio social, a la conexión con los entornos locales y los movimientos y colectivos de utilidad pública, valorando sus resultados efectivos en la transformación de las desigualdades de todo tipo. Es hora de considerar el fomento de los grupos de investigación, la formación de investigadores e investigadoras –a través de potenciar el reconocimiento de la formación doctoral e investigadora— y la gestión democrática de las instituciones, como modelo de cohesión social.

La ANECA, en lugar de seguir una absurda línea acientífica de autobombo y complacencia, debería promover su propia metaevaluación: someter a evaluación los criterios, los modelos, los procedimientos, los y las agentes que participan (por ejemplo, tener tramos de investigación no es lo mismo que tenerlos en el área concreta que se evalúa), las estrategias de trabajo, las garantías, los resultados y cuantos elementos participen en la actividad evaluadora de la investigación. Esta evaluación debe ser transparente, democrática, participativa y pública.

El mundo no es, está siendo, como señalara Paulo Freire. En nuestras universidades, en nuestro sistema público de ciencia y conocimiento las cosas están siendo de una manera, pero tenemos la certeza de que deberían ser de otra forma. Por eso nos dirigimos a la directora de la ANECA y a los responsables de nuestras políticas públicas de investigación para decirles que nos empeñaremos en su transformación.

La decisión de transformarlas arranca desde el mismo momento de la creación de Uni-Digna como colectivo y de su manifiesto de presentación en 2018 (https://unidigna.wordpress.com/). De ahí surge la constancia del descontento y del deseo que tenemos de formar parte de una universidad pública que no renuncie al orgullo de aspirar a ejercer su compromiso con el bien común, nuestra esperanza de formar parte de una universidad pública que actúe con rigor científico, pero esté abierta a la diversidad, que sea crítica con la sociedad, con la política, con el mercado, consigo misma, que actúe como constructora y distribuidora del conocimiento, y asuma su tarea educadora, cuya acción contiene pero no se agota en la función profesionalizante e incluye la educación de personalidades libres y creativas en los procesos de desarrollo social, de justicia y de cuidado del planeta.

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Uni-Digna es un colectivo compuesto por profesorado de diversas ramas de conocimiento de las universidades públicas españolas que se han unido para reivindicar un sistema de evaluación y acreditación del profesorado universitario comprensivo, razonable y justo. Su web: https://unidigna.wordpress.com/

Firman expresamente este manifiesto:

• Enrique Javier Díez Gutiérrez, Universidad de León
• Luis Torrego Egido, Universidad de Valladolid
• Gustavo González Calvo, Universidad de Valladolid
• Consol Aguilar Rodenas, Universitat Jaume I
• José Ignacio Rivas Flores, Universidad de Málaga
• Itziar Ruiz-Giménez Arrieta, Universidad Autónoma de Madrid
• Pedro López López, Universidad Complutense de Madrid
• Eduardo Fernández Rodríguez, Universidad de Valladolid
• Carmen Rodríguez Martínez, Universidad de Málaga
• María Verdeja Muñiz, Universidad de Oviedo
• Ángeles Díez Rodríguez, Universidad Complutense de Madrid
• Esther Torrado Martín Palomino. Universidad de La Laguna
• Carlos Rodríguez Hoyos, Universidad de Cantabria
• Jordi Adell Segura, Universitat Jaume I
• Ana de Castro Calvo, Florida Universitària
• Jesús Antonio Zamanillo Burgos, Universidad de Burgos
• Jesús Miguel Jornet Meliá, Universitat de València
• José Luis Belver Domínguez, Universidad de Oviedo
• Vicent Horcas López, Universitat de València
• José Manuel Rodríguez Victoriano, Universitat de València
• María Jesús Perales Montolío, Universitat de València
• Juan Ramón Rodríguez Fernández, Universidad de León
• Concepción Francos Maldonado, Universidad de Oviedo
• Rocío Anguita Martínez, Universidad de Valladolid
• Rafael Arredondo Quijada, Universidad de Málaga.

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