REVISTA EVITERNA Revista iberoamericana, académica científica de humanidades, arte y cultura (ISSN:2530-6014), NÚM. 8 (septiembre 2020)

Cómo citar este artículo:

Sambricio, C. (2021). ¿Movimiento moderno o modernidad? Málaga y la arquitectura de la ley Salmón. Revista Eviterna 10, 117-127 /

DOI: https://doi.org/10.24310/Eviternare.vi10.12889

1. Introducción

Haber mitificado la arquitectura del denominado Movimiento Moderno ha dado pie a una singular confusión: el olvido de que fue la opción de quienes, tras el análisis y el debate -derivados de los cinco primeros congresos del CIAM- centraron su reflexión tanto en qué debía ser el existenzminumun como en definir una nueva propuesta de gestión de la ciudad. A determinada historiografía española le ha bastado identificar gestos formales con otros existentes en algunos proyectos centroeuropeos para así reclamar la presencia del citado Movimiento Moderno en perdidas localidades españolas.

De este modo, se han glosado piezas descontextualizadas -un kiosco de la música, la fachada de un cine, una gasolinera…-, afirmándose que tales ejemplos eran reflejo y continuación de la vanguardia centroeuropea. Quienes así han actuado olvidan que el racionalismo arquitectónico, en la década de 1920 y 1930 fue, básicamente, teórico, y rara vez se tuvo conocimiento en España, por cuanto casi nunca las revistas profesionales de aquellos años dieron noticia -si bien hubo profusión de imágenes-. Pero un análisis sobre lo que sucedió en los CIAM, sobre las distintas opiniones y polémicas sobre cómo se encararon en Europa los problemas constructivos derivados del uso de nuevos materiales; de cuáles fueron los programas de necesidades de las nuevas viviendas; sobre el paso de la vivienda unifamiliar a los bloques en altura; cuál debía de ser la política de suelo; cuál la política de transportes; qué debía ser un plan comarcal y qué un plano de urbanismo a nivel regional… apenas nada se dijo.

Cabría argumentar, y con razón, que tampoco en otros países la opinión de aquel impreciso Movimiento Moderno fue ley, por cuanto -frente a la arquitectura de una vanguardia comprometida- lo que si hubo fue un cambio en las formas, perviviendo durante tiempo gestos de modernidad con un pasado más o menos próximo pero difícil de abandonar. Si apenas nadie entendió en España aquella situación sobre lo debatido en aquellos congresos, si es cierto que tanto las revistas profesionales como las dedicadas a la vida social dieron información de las novedades alemanas, austriacas, holandesas, francesas o italianas, intentando convencer a la burguesía española la necesidad de ‘modernizarse’, tal como machaconamente reiterara la publicidad de la época. Pero no confundamos el afán por la modernidad con la arquitectura del Movimiento Moderno: es decir, con la vanguardia de los CIAM.

2. Disensos en política urbanística durante la II República: la Ley Salmón

Si en la I Guerra Mundial, los países en lucha vivieron, en palabras de Paul Auster (1992, p. 56), la sensación que «una cultura milenaria se desintegra […] no quedan pilares ni puntales, ni siquiera cimientos […] el mundo ha perdido su sentido»; para una España neutral ante la contienda, «la guerra de 1914 fue una lluvia de oro» (Araquistain, 1930, p. 147-148). Aquella bonanza apenas duro una década: primero, como consecuencia del crack de 1929; luego, en 1931, tras la proclamación de la II República, la crisis económica supuso la caída de la producción y un significativo incremento de los precios agrarios e industriales, lo que conllevó un fuerte paro obrero, el cierre de miles de empresas y una excepcional contracción de la renta nacional. Ante la fuga de capitales de quienes recelaban del nuevo gobierno y el retraimiento en inversiones de los que buscaban el hundimiento económico del nuevo sistema político, el gobierno de Azaña optó por afrontar proyectos de estado que, por su importancia y escala, fueran capaces de reactivar la economía, fomentar el empleo y, en consecuencia, alejar un paro obrero que identificase republicanismo con miseria económica.

Desde esta idea, Indalecio Prieto, ministro de Obras Públicas, propuso tres grandes proyectos a aquel gobierno: la transformación de Madrid a partir del desarrollo de un plan comarcal en el que la prolongación de Castellana se convirtiese en eje articulador siguiendo la propuesta de Zuazo de 1929; ordenar, en Alicante, el espacio residencial y de ocio que se conocería como Playa de San Juan; y, por último, coordinar la actividad de las distintas confederaciones hidrográficas en lo que se denominó Plan Nacional de Obras Hidráulicas. Frente a esta política, la reacción de la derecha fue clara: contrarios a las actuaciones planteadas, su alternativa fue eliminar impuestos en obra nueva; primar la restauración o rehabilitación, buscando con ello revalorizar los solares situados en los Centros históricos; conseguir ventajas fiscales; y, obtener el compromiso de los sindicatos de no demandar en adelante ni nuevos incrementos salariales ni tampoco convocar huelgas, sintiéndose así liberados de la presión a la que los habían sometido durante el periodo anterior.

Para conocer la realidad edilicia y urbana de aquellos años -cuáles las obras construidas, dónde y con qué características- convendría analizar las tablas municipales de índices de valores, así como las de arbitrios de solares y sus incrementos. Pero, y por encima de todo, interesa conocer cuál fue la política de suelo de la derecha española, cuáles las opiniones de Goicoechea, Sainz de los Terreros, Calvo Sotelo o Salmón; del mismo modo que se hace preciso analizar -centrándonos ahora en lo que sucediera en Andalucía-, la política de las cámaras de propietarios de las capitales de provincia, así como los criterios mantenidos por el Cuerpo de Arquitectos Municipales de España (CAME)^{^[1]}. Por otra parte, la prensa es clave para comprender la situación de aquellos años por cuanto son testimonio de cómo, no solo Barcelona o Madrid, sino cualquiera de las capitales andaluzas, reclamó insistentemente la exención de impuestos al tiempo que publicaban numerosos artículos sobre el paro obrero, exigiendo medidas paliativas.

Las elecciones legislativas de 1933 abrieron las puertas a fomentar la actuación del privado en contraposición a la política aplicada en los años anteriores, centrada en dar respuesta a las clases menos favorecidas construyendo viviendas ultrabaratas y en la potenciación de las obras institucionales. Las cifras que sobre el paro obrero ofrecía el Instituto Nacional de Previsión en 1933-1934 eran significativas, máxime si estudiamos estas por sectores^{^[2]}, conscientes del significativo incremento que experimentaron los precios de los materiales de construcción. Por todo ello, en junio de 1935, el Consejo de ministros presentó la Ley de Previsión contra el Desempleo en la que se definían las competencias de la Junta contra el Paro; al mes siguiente se aprobó la llamada ley Salmón -en referencia a Federico Salmón, ministro de Trabajo- con la que se pretendía eliminar el paro al favorecer la construcción de viviendas de alquiler.

Lo singular de aquella legislación fue su voluntad por dar respuesta arquitectónica a lo que se presentaba como problema nuevo: bloques en altura de viviendas en alquiler para la clase media, dentro del Casco histórico y no en el límite de este, posibilitando un tipo de vivienda moderna ajeno tanto al existenzminimun debatidos en los congresos de arquitectura contemporánea como al pastiche historicista que había caracterizado la arquitectura de los ‘antimodernos’. Es decir, frente a las políticas sobre vivienda social definidas por el gobierno de Azaña, la derecha española, tras ganar las elecciones de 1933, propuso una política de vivienda que beneficiara a la clase media, ‘voto cautivo’ mediante el cual se confiaba llegar al modelo italiano de Estado corporativo que se pensaba alcanzar tras haber dejado a la patria «depurada de masones judaizantes» (Gil Robles, 1933). La sorpresa viene cuando opiniones tan cualificadas como las de Oriol Bohigas o Juan Antonio Cortés han presentado tal arquitectura con el impreciso término de ‘arquitectura del racionalismo’, basándose solo
-como más adelante se señalará- en la imagen urbana de esta.

Nombrado Federico Salmón en mayo de 1935 ministro de Trabajo, Sanidad y Previsión Social con 34 años, nada sabemos de sus anteriores preocupaciones por temas de vivienda y urbanismo, por lo que debemos cuestionarnos sobre el equipo artífice de la propuesta. Si desde 1907, el ideólogo en temas de suelo de la derecha española -quien en tal año redactara el proyecto de ley de Colonización Interior y luego, en 1924, formalizara el Estatuto Municipal- fue José Calvo Sotelo, desde mediados de la década de 1920 tres personas habían colaborado asiduamente con él: Eduardo Gallego, ingeniero militar y director de La Construcción Moderna; Luis Sainz de los Terreros, quien en 1934 publicó en dicha revista varios artículos señalando cómo la construcción moderna estaba influenciada por el marxismo, recurriendo a la historia de la arquitectura para hacer ver como esta reflejó siempre creencias y costumbres de cada época, evidenciando cuanto si el marxismo influía en la arquitectura, esta hacia lo propio en las costumbres; y, el administrativista José Gascón y Marín.

Sainz de los Terreros jugó un papel más ‘visible’ -o radical, tanto da-, crítico con determinada arquitectura, rechazando no solo formas sino, sobre todo, programas de necesidades en la vivienda que pudieran trastocar un tipo de vida ligado a la ‘tradición’ (Sainz, 1934a). Como político, buscó difundir el ideario de su partido, Renovación Española (1934b), dando a conocer, por ejemplo, la opinión general de la CEDA sobre el problema de la vivienda en Sevilla (1934c) o exponiendo el Plan de Extensión para Madrid (1935) presentado por esta coalición. Sin embargo, y por encima de sus opiniones, la figura emergente en los años finales de la dictadura de Primo de Rivera y primeros de la II República fue José Gascón y Marín, próximo al círculo de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas que presidiera Herrera Oria y, en la cual, el ministro Salmón jugaba un más que importante papel.

Si la pretensión del gobierno de Lerroux fue ‘rectificar’ las reformas del anterior gabinete de Azaña -que no anularlas- con el objetivo de incorporar a la República la derecha representada por la CEDA, desde Renovación Española Sainz de los Terreros dedicaba su tiempo a dictar conferencias en las que exponía el programa político de dicho partido sobre la arquitectura -o destacaba cuánto las construcciones modernas estaban influenciadas por el marxismo-. La opinión de Gascón y Marín se reflejó en las Cámaras de la propiedad, en la prensa afín a los cedistas o, incluso, en las revistas profesionales editadas por las empresas constructoras. Si, de forma unánime, unos y otros insistían en presentar como única solución al problema del paro la concesión de beneficios fiscales a los propietarios de fincas antiguas dispuestos a edificar -contrarios, en consecuencia, a los grandes proyectos de Estado-, el espíritu de la ley Salmón no difería tanto de lo que había sido el Estatuto Municipal: si, en 1924, se cedía a los ayuntamientos competencias para elaborar planes cuya intención primordial era favorecer los intereses de los propietarios de suelo urbano, en 1935 la ley buscó básicamente atender las inversiones de una clase media, dando respuesta arquitectónica a un problema nuevo, el de construir bloques de viviendas en altura dentro de los Centros históricos para la clase media. Y lo notable de la propuesta fue asumir que fueran viviendas que, por sus características, no debían tener nada en común con las ‘casas baratas’ de 1924 ni con las viviendas mínimas debatidas en los CIAM, así como tampoco con las grandes construcciones que caracterizaban a la alta burguesía.

Frente al pastiche de quienes reclamaban una poco antes inventada ‘arquitectura popular’, gravitaba en la Andalucía un joven Pedro Bidagor que, tras estudiar con Prieto Moreno la arquitectura del granadino Albaicín, señalaría como, por encima de todo, «la arquitectura popular responde a problemas funcionales que hay que seguir teniendo en cuenta» (1935-1936, pp. 440-445). Que dos arquitectos que apenas tres años más tarde jugarían cruciales papeles en el gobierno franquista asumieran la orteguiana idea de cuanto ‘la tradición cambia’ mientras que ‘lo popular se mantiene’, suponía asumir una realidad: ‘tradición’ y ‘popular’ eran distintas formas de afrontar lo cotidiano de manera tal que -frente a un pretendido ‘estilo nacional’-, era factible asumir el rostro de la anhelada modernidad en la vivienda, ajustando un no variable programa de necesidades a los nuevos problemas funcionales. Ajustar no significaba sustituir, por cuanto tal cosa habría sido participar del espíritu de quienes pretendían trastocar un tipo de vida ligado a la ‘tradición’. Era preciso, conforme con las imágenes que ofrecía la publicidad -no solo en las revistas profesionales sino, sobre todo, en aquellas que se preocuparon de la ‘vida cotidiana’-, posibilitar un tipo de confort acorde con la imagen del ‘piso ideal’.

Era preciso introducir en los cuatro espacios básicos de la vivienda -cocina, baños, piezas de estar o, incluso, dormitorios- aquel primer menage industrial constantemente publicitado -aparatos eléctricos, calentadores de agua caliente, lámparas, suelo de linóleum, mobiliario, decoración, vestuario…-, posibilitando a su ocupante vivir en un piso no ya de 40m² -superficie de las casas ultrabaratas propuestas por el alcalde de Málaga, Fernando Guerrero Strachan (1928)- sino en superficies próximas a los 110 m².

Por primera vez y para una burguesía que buscaba ser moderna, el concepto de confort se identificó con un deseo inalcanzado, buscando hacer ver cuanto lo importante era ajustarse a la moda, entendiendo esta como canto a lo efímero y, en consecuencia, opuesta a quienes concebían el interior de la vivienda como palmatoria de objetos ‘artísticos’ no por su capacidad en despertar sensaciones sino por rememorar un pasado que no se quería dar por liquidado, configurando muebles, cuadros, divanes, relojes, espejos, porcelanas y todo tipo de bibelots o ambientes oníricos, inspirados en historias familiares que propiciaban ensoñaciones. Pero, además, era preciso mostrar a la ciudad cuanto la fachada de aquel contenedor de sueños -viejas formas de vida trasvertidas- destacaba y se diferenciaba de lo que habían sido las viviendas hasta entonces destinadas a la burguesía decimonónica.

Si en Francia, el primer Salón des Arts Ménagers celebrado en 1923 buscó crear demanda por parte del gran público -tanto de equipamientos para el hogar como de un moderno mobiliario-, en una España en crisis económica el deseo de vivir ‘como en otros países’ fue solo demanda de una minoría que, si bien introdujo equipamientos y mobiliario en sus viejas viviendas, fue tanto indiferente como ajena a la idea que afirmaba que ‘la vivienda es una máquina para vivir’. Se buscó la ‘comodidad’ del antiguo programa de necesidades, cuestionándose la eficiencia de una arquitectura que forzaba abandonar usos tradicionales, conscientes de cuanto -como al poco señalara Gutiérrez Soto (1939, p. 41), aquel que fuera uno de los grandes arquitectos de la gran burguesía-:

«Para la vivienda mínima sólo es admisible un cuarto de estar; éste tiene una función múltiple: allí se come, allí se trabaja, juegan los niños, se reúne la familia y sus amigos; de aquí la importancia de dar a esta pieza una superficie relativamente grande y subdividida, más o menos marcadamente, según su múltiple función: el sitio para comer, el rincón para trabajar, la zona para circular; por ser esta pieza la representación del hogar, debe estudiarse con todo cariño, para lograr un lugar atrayente y alegre, pleno de luz y sol».

3. ¿Modernización o modernidad? A propósito de nueva documentación de archivo. El caso de Málaga

Retomando a Roger Griffin, convendría distinguir ‘modernización’ -entendida como conjunto de procesos de la sociedad occidental desencadenados por una serie de cambios ideológicos, políticos, culturales, sociológicos, institucionales y tecnológicos-, de ‘modernidad’, que denota los efectos -tanto objetivos como subjetivos- producidos por las fuerzas modernizadoras. Si ‘lo cotidiano’ implicaba la infinita acumulación de acciones de tejer y destejer hábitos y rutinas, la contradicción aparece cuando la arquitectura propiciada en 1935 por el gobierno de la CEDA repita en fachada la experiencia centroeuropea de aquellos años, trazando las plantas de viviendas desde obsoletos programas de necesidades. Como ridiculizara Luis Lacasa, crítico con lo que entendía era falsa modernidad, en palabras recogidas por Sambricio (2014):

Un compañero mío, animado de los propósitos más verdaderos, proyectaba a mi lado un edificio. Se trataba de una vivienda y empezó a tantear la planta según el programa dado, y, después ...de plantear distintas soluciones, dio con una que consideró la procedente, tan normal, tan corriente, como hubiera sido la de otro compañero cualquiera, aunque no hubiera estado impregnado de tan nobles y modernos propósitos como el que nos ocupa. ...Según los principios racionalistas, sobre aquella base horizontal debiera levantarse el volumen correspondiente de manera fatal, inapelable y precisa... pero mi sorpresa fue grande cuando vi que en lugar de levantar los volúmenes de manera automática... vi que mi compañero empezaba nuevamente con tanteos acoplando los cubos, subiendo o bajando el nivel de las terrazas... y pude advertir que entre tanto plano aparecía también un cilindro, aunque luego me he enterado, cosa que me extrañó, que se llevan también los cilindros, claro que sin abusar de ellos.

¿Hubo un ‘estilo Salmón’? Bohigas planteó en su día como este fue el ‘estilo representativo’ de los años de la República. Cierto que hubo voluntad por ‘adecentar’ y ‘modernizar’ pero no olvidemos que la Ley Salmón se aplicó cuando Madrid y Barcelona debatían sobre cómo transformar el Centro histórico, cuál debía ser la extensión de la ciudad y cuáles las pautas que fijasen sus planes regionales; y que, frente a lo que en realidad era un único proyecto, la respuesta de la derecha fue llevar a fachada el gesto de la modernidad mientras que, en el interior de las viviendas, se obviaba el debate esbozado por la vanguardia europea.

Cabe polemizar sobre cuanto se ha señalado: el problema radica en que hasta ahora no sabíamos si, aprovechando la Ley Salmón, se construyeron cien, mil o cien mil nuevas viviendas. Ni Alonso Pereira ni Bohigas comentaron nunca cuántas se levantaron, ni quiénes las edificaron, ni dónde, ni cuáles fueron sus características.

Al haber tenido la fortuna de localizar en el Archivo del Ministerio de la Vivienda la documentación sobre la Ley Salmón, encontramos que en enero de 1936 -inmediatamente antes que el Frente Popular recuperara el poder y paralizada las inversiones en casa de alquiler para la clase media, fomentando en su lugar la construcción de viviendas ultrabaratas-, habían sido aprobados 2.345 proyectos y que, en los momentos previos a la sublevación militar de julio, la cifra alcanzó los casi 2.800 en toda España (1936a)^{^[3]}.

Pero hay más: analizando la documentación sorprende ver que, a finales de 1935, de los 170 millones presupuestados por el gobierno a tal fin, solo se emplearon 65, lo que refleja cómo desde el mismo se boicotearon medidas que aparentemente debían corregir el paro obrero existente.

Luego, aparecen otros temas de interés: en primer lugar, el desequilibrio que hubo en el número de proyectos presentados en las distintas provincias al advertir cómo las ciudades con mayor nivel de vida fueron donde -al amparo de la Ley Salmón-, se edificó mayor número de viviendas mientras que, en aquellas otras donde la burguesía tenía menor capacidad adquisitiva, el número cayó en picado. De haberse tratado de viviendas obreras, la realidad habría sido otra. En este sentido interesa no sólo comparar el número de solicitudes aprobadas en Madrid o Barcelona con las de Sevilla o Málaga, sino también contrastar las llevadas a término en estas dos últimas provincias con las ejecutadas en Jaén, Cádiz o Huelva.

Se presentaron 29 solicitudes en Córdoba; 1 en Almería; 5 en Granada; 275 en Málaga y ninguna en Jaén, Cádiz o Huelva. La documentación localizada no sólo detalla en cada expediente el nombre del promotor, la localización y el nombre del arquitecto, sino que contiene copia de los planos presentados. Analizando la documentación se advierte, en primer lugar, que pocas veces aparecen -a diferencia de cuanto ocurre en Madrid- sociedades inmobiliarias; en segundo lugar, que rara vez -excepto en el caso de Málaga-, el promotor privado buscó operaciones de envergadura, beneficiando por lo general la ley a quienes invertían sus ahorros en la construcción de una casa de alquiler mediante la cual disponer de una renta segura. Actuaron allí donde había suelo disponible y en ocasiones fueron los propios arquitectos los promotores de las obras^{^[4]}. Málaga fue, frente al resto de las capitales andaluzas, la excepción: no sólo por el significativo número de proyectos presentados sino, también, porque fueron varios los promotores que buscaron actuar en grandes lotes de manzanas.

En la ciudad, se llevaban desarrollando obras urbanísticas de calado. Por ejemplo, el Plan de Ensanche de Daniel Rubio, de 1929, se formuló con intención de definir la expansión de la ciudad, prolongando la Alameda y articulando, con el eje de esta, un sistema radial ordenador del posterior desarrollo urbano al oeste de la ciudad^{^[5]}; y, el Ayuntamiento ya había presentado en 1928 la propuesta para construir 2.550 viviendas ultrabaratas (1926). En esos momentos, Málaga se caracteriza tanto por su crecimiento demográfico -en 1930 era la quinta ciudad más poblada de España-, como por censar el 30% de la población provincial, lo cual tuvo como consecuencia una fuerte demanda de viviendas para la burguesía que buscaba estar presente en dicha ciudad. A diferencia de Sevilla, donde la industrialización del campo determinó que la oligarquía agraria presente en el consejo municipal dificultara la construcción de viviendas sociales, el desarrollo económico de Málaga forzó tanto la demanda de viviendas para la clase media, alejado de lo que el propio Moreno Villa (1935b) descalificara al tachar las casas baratas construidas tras la ley de 1924 como «cuchitriles y pocilgas».

Frente a una historia de la ‘modernidad construida’, cabría reclamar una ‘historia de la recepción de dicha modernidad’: solo a través de lo que fueron las ‘revistas de sociedad’ podremos entender cuanto, frente a las viviendas concebidas para las clases altas, las especiales características económicas de Málaga posibilitaron la difusión de un ideal de confort, forzando el sueño de una burguesía que se quería moderna. Cierto que hubo ejemplos de arquitectura extemporánea, como lo fuera por ejemplo del edificio para la sucursal del Banco de España, de Yarnoz (1935c; 1936c), o que Gutiérrez Soto proyectara el Mercado de Mayoristas, al poco travestido en arquitectura franquista. En un lúcido trabajo, Vera Vallejo (2012, p. 105) ha señalado cómo una ‘nueva historia’ «ha empezado a reescribirse mediante el análisis de una serie de obras y artífices que no habían gozado de los parabienes de la historiográfica nacional, a pesar de que sus trabajos coincidieron temporalmente con la tradición moderna»; o, lo que es lo mismo, señalando la necesidad de entender aquel momento no desde la excepcionalidad de una obra^{^[6]} sino desde la historia de la recepción. Un proceso que, según el referido autor, está «sobreponiéndose a la multitud de estudios parciales e individualizados de la época centrados en la producción más reciente, [proponiendo] una visión de conjunto de la modernidad regional».

4. Conclusiones

En consecuencia, basta señalar que, frente a los bloques de vivienda en altura de alta densidad -y, por tanto, de baja renta de alquiler-, hubo actuaciones dentro del Centro histórico de Málaga aprovechando solares todavía no construidos. Así, por ejemplo, se actuó en las calles hermanos Oliver, Granadillos, Vicente Espinel, Haití, Olletas, Bailén, Camino de Antequera, Sotomayor, Malasaña, Pasaje Dolores Ruiz, Carretera de Cádiz, España, La Unión, Vicente Gómez de Cádiz, Mariano de Cavia y Osorio Valdés, así como en la avenida de la Paloma; por el contrario, en Sevilla, tan solo se presentaron proyectos en las calles san Jacinto, Feria, Don Pedro Niño, Recaredo o Gravina.

Habría, junto a todo lo anterior, un punto nuevo sobre el que abrir una línea de reflexión no esbozada hasta el momento: la ‘modernidad’ programada en 1935, conforme a los planteamientos realizados en 1935 por Federico Salmón (2020), sería el antecedente de las pautas impuestas en 1952 por Julián Laguna como Presidente de la VI Asamblea Nacional de Arquitectos; sus directrices avalaron las posiciones de quienes, como se apuntaba en el inicio del presente trabajo, buscaron ser alternativa a lo impuesto en la V Asamblea celebrada en 1949.

Tras el cambio de gobierno de 1951 y en puertas del III Congreso de Falange Española, el grupo de economistas próximos al diario Arriba -la línea dura de esta formación política- reclamaron la necesidad de industrializar el país, entendiendo que la construcción de viviendas sociales debía ser responsabilidad falangista y criticando, en consecuencia, -como años después señalara Juan Velarde-, la política de Girón de Velasco de ‘social-democrática’. Sabemos cuánto los acuerdos tomados en la Asamblea de 1952 fueron valorados por el gobierno no solo como éxito, sino convirtiéndose en pauta para la política de vivienda de los años cincuenta; primero, al ser la base de la Ley de 1954 de Renta Limitada; y, luego, al nombrar Comisario de Ordenación Urbana de Madrid a Laguna, quien autorizará un tipo de actuación -los denominados ‘poblados dirigidos, de absorción, mínimos y agrícolas’- alternativos al ‘Gran Madrid’ definido apenas ocho años antes por Bidagor.

Que Salmón y Laguna centraran su atención en la vivienda de la clase media quizá se entienda si tenemos en cuenta que ambos pertenecían a la Asociación Católica Nacional de Propagandistas; con lo cual, una de las grandes cuestiones planteadas a quien estudie la arquitectura del primer franquismo -el abandono de la retórica falangista y la adopción de la incipiente modernidad presente tanto en los citados poblados madrileños como en las barcelonesas Viviendas del Congreso Eucarístico, edificadas en 1953- quizá pudiera encarar su análisis desde una nueva perspectiva.

5. Referencias bibliográficas

(14 de enero de 1936b). El Sol, p.4.

(26 diciembre 1935a). Diario Abc, p. 27.

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Auster, P. (1992), ‘Los fundamentos del dadaísmo’. En El arte del hambre (pp. 54-60). Barcelo na, Edhasa.

Bidagor, P. (1935-1936). Arquitectura popular y vivienda unifamiliar. Nuevas Formas.

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Guerrero Strachan, F. (10 de octubre de 1928). El Sol.

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Vera Vallejo, I, (2012). ‘Primeros atisbos de lo moderno, 1927-1936’. En Méndez Baiges, M. (Dir.). Arquitectura, ciudad, y territorio en málaga (1900-2011). Málaga, Geometría pp. 103-134.

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Yarnoz, J. (30 de diciembre de 1935c). Edificio en Málaga para la sucursal del Banco de España (Paseo de Cervantes). Informaciones, p.8.

[1] No solo la CEDA, también las inmobiliarias reclamaron del nuevo gobierno financiación para así fomentar la edificación de bloques en altura para alquiler. En un importante documento, intuyendo lo que luego seria la Ley Salmon, Otamendi (1934) presentó una instancia al Ministerio donde, en su exposición, abría puertas a posterior actuación.

[2] Sobre el paro en el sector de la construcción véanse las estadísticas publicadas en Hormigón y Acero (31.05.1935 y 30.06.1935) y contrástense con los datos ofrecidos por La Construcción Moderna (15.01.1935).

[3] Pocos días antes, Abc (1935) había señalado cómo en Madrid se habían construido 617 casas. La documentación localizada en el Archivo del Ministerio de la Vivienda cifra los expedientes existentes en 2960 y la Memoria de la Junta Interministerial para Mitigar el Paro, de 1943, señaló como el total no superó los 2131, de los cuales 917 correspondían a Madrid. En las mismas fechas Sainz de los Terreros, decano entonces del COAM, señaló como en 1936 se invertirían 2 millones diarios en las construcciones urbanas para Madrid (1936b).

[4] De la Hoz, en Córdoba; Talavera o Espelius, en Sevilla.

[5] Proyecto redactado al poco que Benjumea, Werner y Jiménez Lombardo presentaran su Plan de Mejoras de la ciudad.

[6] Reclamar la presencia del ‘racionalismo de vanguardia’ en Sevilla y citando como prueba la casa Duclós, resulta, cuanto menos, patético.