Tabla 1. Actuaciones ministeriales en materia de personas desaparecidas.

Nota. Elaboración propia con datos extraídos del Informe sobre Personas Desaparecidas 2018 (Ministerio del Interior, 2018).

Se pueden consultar datos sobre desapariciones en España en los informes que elabora anualmente el Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) con carácter público1, y consultando el portal web del propio CNDES2. Particularmente, esta institución ha publicado la guía “Evitémoslo”, en relación con la prevención de la desaparición de personas mayores (MINISTERIO DEL INTERIOR, 2018). Además, el Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC) recoge periódicamente datos en relación con sustracciones y detenciones ilegales (MINISTERIO DEL INTERIOR, 2017). Para profundizar en las cifras estadísticas de este fenómeno también pueden consultarse algunos registros disponibles en los informes publicados por agentes del tercer sector social3. Estas organizaciones tienen un gran peso en la tarea asistencial ofrecida a las familias afectadas, así como en materia de publicación de alertas por desaparición (HOLMES, 2016), lo que hace evidente la importancia de la cooperación entre las Administraciones Públicas y otras instituciones y organizaciones tanto públicas como privadas en esta materia (Inst. 2/2018, de 5 de febrero de 2018). Bajo este pretexto, en España, diferentes convenios de cooperación han sido desarrollados entre instituciones públicas y privadas y organizaciones, como la Fundación ANAR (MINISTERIO DEL INTERIOR, 2017).

2. Antecedentes teóricos y conveniencia de mayor estudio científico en España

Históricamente, parece que no se ha puesto demasiado esfuerzo en identificar, conocer y ofrecer apoyo al fenómeno de las desapariciones (BIEHAL, et al., 2003). En la actualidad, la literatura existente carece de teorías consolidadas que expliquen este fenómeno (TAYLOR et al., 2018), aunque algunas investigaciones, parten de uno de los postulados que la psicología social aporta al estudio del comportamiento, la consistencia de éste (ALLPORT, 1986). Además, existe un modelo psicológico, “Safewards” (BOWERS, 2014), que relaciona la explicación del fenómeno con un amplio rango de conflictos (factores de riesgo) y comportamientos de contención (factores de protección; BOWERS, 2014; citado en BOWERS, JAMES, QUIRIK, SIMPSON, STEWART y HODSOLL, 2015). El modelo propone que este conjunto de factores, junto a las características de la persona, subyacen en los comportamientos de desaparición o ausencia. La aplicación de este modelo es cuestionable, ya que se testa únicamente en una muestra clínica, aunque puede servir de punto de partida para abordar desde la perspectiva preventiva el estudio de este fenómeno de naturaleza multivariada (TAYLOR et al., 2018). Por otro lado, la Criminología Ambiental propone dos teorías que han sido usadas por la literatura para aproximarse a la explicación del fenómeno, aunque no de forma empírica, y que pueden resultar aplicables en el momento de orientar las investigaciones policiales de desapariciones. Se trata, por un lado, de la teoría de la elección racional (CORNISH Y CLARKE, 1987), que fundamenta las elecciones individuales en función de un proceso racional de toma de decisiones que incluye un balance coste/beneficios; y, por otro, del principio de la distancia de decaimiento (BRATINGHAM Y BRATINGHAM, 1981), que postula que, en una serie de crímenes cometidos por un agresor, la probabilidad de cometer un delito decrece a medida que aumenta la distancia de su punto de anclaje (como el domicilio, o su lugar de trabajo).

Si bien es cierto que existe una cierta escasez de estudios científicos en materia de desapariciones (BONNY, ALMOND Y WOOLNOUGH, 2018), durante las últimas décadas ha aumentado el número de publicaciones (BUCKLEY, 2012), sirviendo como ejemplo de ello el incremento de artículos indexados en la base de datos Scopus a lo largo del último medio siglo (véase gráfico 2).

La mayor parte de publicaciones se centran en menores, debido a su especial vulnerabilidad (TAYLOR, BRADBURY-JONES, HUNTER, SANFORD, RAHILLY e IBRAHIM, 2014). No obstante, la literatura identifica que en la actualidad la mayoría de las personas que se encuentran desaparecidas son adultas (NEWISS, 2005), aspecto que se corresponde con la distribución mostrada por el CNDES en España: 78,60% adultos y 21,40% menores (MINISTERIO DEL INTERIOR, 2019).

En este sentido, la literatura describe algunas características presentes en los adultos que desaparecen, como por ejemplo ser hombres de edades tempranas, con antecedentes de salud mental, incluyendo episodios traumáticos de abuso físico o psicológico, que tienden al abuso de alcohol y drogas, y que presentan problemas económicos y conflictos familiares (BIEHAL et al., 2003; BLACKEMORE, BOSSOMAIER, FOY y THOMPSON, 2005; FOY, 2006; FOY, 2016; GIBB y WOOLNOUGH, 2007; GREENE y HAYDEN, 2014; KIERNAN y HENDERSON, 2002; NEWISS, 2005; TARLING y BURROWS, 2004; PAYNE, 1995). En el caso de los menores, las publicaciones académicas describen otras variables, entre las que se encuentran estar expuestos a situaciones negligentes, de abuso y a conflictos en el núcleo familiar, consumo de drogas, presencia de antecedentes de salud mental, o ser víctimas de explotación sexual (CROSLAND y DUNLAP, 2015; KIEPAL, CARRINGTON y DOWSON, 2012; MOREWITZ, 2016; SHALEV, 2011; STEVENSON y THOMAS, 2018; THOMPSON, BENDER y KIM, 2011; TYLER y CAUCE, 2002).

En cuanto a la clasificación de las desapariciones, PAYNE (1995) propone diferentes tipos en función del escenario que caracteriza a la desaparición, y distingue las siguientes categorías: fugados/fugitivos, expulsados de casa, secuestrados, aquellos que habían perdido contacto, y otros que lo hacen involuntariamente. BIEHAL, et al., (2003) entienden la desaparición como una “dimensión continua”, y diferencian entre desapariciones decididas-intencionales, por pérdida de contacto, involuntarias, y no intencionales. HENDERSON, HENDERSON y KIERNAN (2000) estudian el escenario que subyace en la desaparición, y las clasifican en tres tipos: aquellos que se van, para obtener la independencia o como forma de rebelión; aquellos que desaparecen por consecuencias adversas; y los que se pierden involuntariamente, por falta de comunicación o por un accidente. Este estudio ha sido muy cuestionado dado que la mayoría de la muestra son menores. GIBB y WOOLNOUGH (2007) las clasifican también en función del escenario base y hablan de desaparición involuntaria, desaparición voluntaria, persona que desaparece por estar bajo la influencia de un tercero y desaparición por accidente, lesión o enfermedad. BONNY, et al., (2016), proponen empíricamente tres temas de fondo en las desapariciones y las clasifican en disfuncional, con intención de escapar, y sin intención de escapar. En España, DOMÈNECH (2018) basa su propuesta en el tratamiento que ofrecen los cuerpos policiales a la persona desaparecida, y clasifica las desapariciones en voluntarias, no voluntarias, por causas criminales y sin causa aparente. El Ministerio del Interior clasifica las desapariciones en voluntarias, involuntarias y forzosas (MINISTERIO DEL INTERIOR, 2019).

Las pocas publicaciones que se han encontrado en nuestro país sobre desapariciones parecen centrarse en la Ley de Memoria Histórica (Ley Orgánica 52/2007 de 26 de diciembre) y, por ende, en desapariciones ocurridas durante la Guerra Civil (CHINCHÓN, 2008; SFERRAZA, 2014), con la salvedad de un estudio reciente relacionado con la identificación de cadáveres y el cotejo con las denuncias por desaparición (BELTRÁN, 2016).

Recapitulando, para combatir cualquier fenómeno socialmente preocupante es imprescindible conocerlo bien y con rigor científico, máxime cuando tiene implicaciones en materia de política criminal (GONZÁLEZ, GARRIDO, LÓPEZ-OSSORIO, MUÑOZ, ARRIBAS, CARBAJOSA y BALLANO, 2018), por lo que se considera interesante potenciar las investigaciones científicas en España sobre personas desaparecidas. Si bien es cierto que estar desaparecido no es un delito, y ya se ha dicho que la explicación de la desaparición puede no tener relación con aspectos delictivos y estar vinculada con problemas sociales, de salud mental, de abuso de alcohol, de violencia psicológica no denunciada, y negligencias parentales (entre otros), en algunos casos las desapariciones sí que se explican por factores criminales, o por una combinación de ambos tipos de factores (criminales y no criminales; FYFE y WOOLNOUGH, 2012; JAMES, ANDERSON y PUTT, 2008).

Con independencia de la motivación subyacente, cualquier tipo de desaparición en España es objeto de atención policial, por lo que se considera muy importante ayudar a las FCS a priorizar sus actuaciones sobre aquellos casos más graves: las desapariciones relacionadas con actividades criminales, y especialmente las que terminan con un resultado mortal. En el contexto policial, la investigación de personas desparecidas es un área que se ha venido perfeccionando con rapidez durante los últimos años (FYFE, PARR, STEVENSON y WOOLNOUGH, 2015). Además, la aplicación de técnicas de perfilado para el estudio de las desapariciones ha sido ampliamente considerada (FOY, 2016; FOY, 2006). En este sentido, la necesidad global por abordar este fenómeno provoca que diferentes países incrementen paulatinamente la elaboración de protocolos y guías que estandaricen la respuesta institucional en materia de desapariciones (ACPO, 2010; ACPO, 2013; FLAHERTY, 2017; HEDGES, 2016; NCA, 2017; Newiss, 1999). En España se ha desarrollado un protocolo específico con la finalidad de ayudar a los profesionales policiales a ofrecer una respuesta inicial adecuada (conocer circunstancias y valoración de riesgo; ver más adelante), así como a tomar decisiones en el desarrollo de las investigaciones atendiendo a las circunstancias de cada caso. Algunos otros ejemplos de ello son el desarrollado por BUCKLEY (2012) para pautar la investigación de aquellas desapariciones ante las que se tiene la sospecha de que concurra el posible homicidio de una mujer o un homicidio que forme parte de una serie, o el desarrollado por GIBB y WOOLNOUGH (2007), en el que se exponen algunas técnicas de perfilación que sirven para asistir a los investigadores en la formulación de la respuesta más adecuada ante la desaparición de una persona, así como en la toma de decisiones del escenario más probable de localización.

En la actualidad los retos principales en materia de investigación policial son establecer una valoración eficaz del riesgo de sufrir daños durante la desaparición o de provocarlos a un tercero, detallar mecanismos de denuncia, instaurar procedimientos estandarizados para las diferentes fases de investigación, y establecer guías para diferentes tipos de desaparición, entre otros (BUCKLEY, 2012; FYFE ET AL., 2015). Todo lo cual debe estar soportado por la suficiente investigación empírica.

3. Valoración del riesgo de resultar dañado o fallecido durante la desaparición

Aunque la mayoría de las desapariciones se resuelven de manera satisfactoria en cortos plazos de tiempo, entre un 1% y un 3% de personas desaparecidas, llega a sufrir daños durante la desaparición, resultando en los casos más graves, el fallecimiento (FOY, 2006; TARLING y BURROWS, 2004).

La valoración del riesgo de que una persona desaparecida sufra un daño durante la desaparición es un proceso complejo y dinámico, en tanto que está determinado por factores situacionales y acumulativos: a más factores de riesgo presentes, mayor será la causa de preocupación (ALYS et al., 2013). En el ámbito policial la ACPO señala que esta valoración debe estar en continua revisión durante todo el proceso de investigación, bajo la premisa de validar o de realizar las modificaciones necesarias ante la valoración de riesgo inicial, y, además, propone una guía que sirva de apoyo para los investigadores policiales en las tareas de valoración de riesgo y toma de decisiones. Esta guía clasifica el riesgo de que la persona sufra un daño en tres niveles: alto, medio, y bajo (ACPO, 2010).

Algunos autores señalan la necesidad de ir más allá de los procesos subjetivos de toma de decisiones durante la investigación policial, y, postulan la necesidad de establecer un sistema de valoración de riesgo ante hechos con resultado de daño para las personas desaparecidas, que sea fiable, eficiente, y de fácil manejo para los investigadores policiales (BLACKMORE, BOSSOMAIER, FOY y THOMPSON, 2005; BONNY et al., 2016; SMITH y SHALEV, 2014; FOY, 2006). Este aspecto lo indicaba NEWISS (2004), cuando afirmaba que existía una demanda de recoger y estudiar datos de casos de desaparición que permitan ofrecer un modelo actuarial de evaluación de riesgo.

Existen trabajos que tratan de aproximarse a la valoración de riesgo de que la persona resulte fallecida (véase la tabla 2), que incluyen estimaciones relacionadas con que la causa o etiología de la muerte sea violenta. Es importante señalar que los resultados de estas investigaciones no abordan directamente la probabilidad de que la persona resulte fallecida, sino que expresan el riesgo asociado al resultado de diferentes desapariciones que han sido cesadas por los cuerpos policiales (NEWISS, 2006). Es decir, partiendo de un conjunto de denuncias por desaparición que han sido cesadas, describen la proporción existente entre el número de éstas en las que la persona resulta fallecida y el total de denuncias cesadas.

Por otro lado, diferentes autores han tratado de establecer algunas herramientas predictivas. GIBB y WOOLNOUGH (2005) crearon una herramienta de valoración de riesgo propia para la Policía de Grampian (Escocia) de la que no se han publicado bondades métricas. BLACKMORE et al., (2005) propusieron un sistema basado en la inteligencia artificial con una eficacia predictiva del 71%, en el que, partiendo de datos como la edad, el sexo, los relacionados con la historia de salud mental, o el estilo de vida, y, estableciendo algunas reglas lógicas, el sistema era capaz de predecir el escenario más probable de la desaparición (fuga, suicida o criminal). Por otro lado, en una reciente investigación, EALES (2017) desarrolla un trabajo empírico a través del que evalúa diferentes factores de riesgo y los asocia a diferentes resultados que subyacen en la desaparición de una persona: sin daño, con daño (físico o emocional), y con daño fatal (fallecimiento). Además, propone la herramienta iFIND, un producto (guía) de uso exclusivo policial, basado en la evidencia, que proporciona un análisis estadístico del lugar probable de localización de la persona en función de diferentes categorías de desaparición, lo que tiene una conexión directa con la respuesta policial de búsqueda.

Una de las limitaciones principales para establecer este tipo de herramientas predictivas recae en la baja tasa de personas que resultan fallecidas con respecto a las que aparecen en buenas condiciones de salud, lo que hace difícil predecir este tipo de eventos atípicos sin ofrecer altas tasas de falsos negativos y falsos positivos (NEWISS, 2011). La predicción de este riesgo tan singular precisa de diseños de investigación de casos y controles, sin poder hablar de factores de riesgo desde la perspectiva descriptiva.

En definitiva, la comprensión de la vulnerabilidad de un individuo es crucial cuando se trata de asignar un nivel de riesgo a partir del conocimiento de una desaparición, mediante la interposición de la denuncia ante las FCS (BONNY et al., 2016; GIBB y WOOLNOUGH, 2007; NEWISS, 2011). Todo ello sin olvidar que los casos de desapariciones son extremadamente diversos, lo que dificulta en gran medida el desarrollo de evaluaciones precisas de riesgo (BIEHAL et al., 2003; BONNY et al., 2016).

4. Conveniencia de una revisión pormenorizada de desapariciones en España

Además del interés por el estudio científico de este fenómeno a nivel global (véase la tabla 3), en nuestro país diferentes instituciones mencionadas anteriormente han elaborado informes (MINISTERIO DEL INTERIOR, 2017; MINISTERIO DEL INTERIOR, 2018; FUNDACIÓN ANAR, 2017; FUNDACIÓN ANAR, 2016) que ayudan a describir el fenómeno, pero que no contribuyen a explicarlo, ni a establecer estrategias de prevención.

Existe una necesidad de prevenir y mejorar las medidas encaminadas a la resolución de este tipo de incidentes (PARR y FYFE, 2013; TAYLOR et al., 2018). Para prevenir interesa ir más allá de la mera descripción, estudiando a fondo los factores que influyen en que una persona en concreto desaparezca o que un tercero la haga desaparecer, provocando un desenlace fatal, el fallecimiento de la persona; en un momento espaciotemporal determinado y de una forma concreta. Tal y como se expuso en el apartado anterior, también es esencial identificar factores de riesgo: estudiando una muestra significativa de casos de desapariciones con resultado fatal, quizá se puedan recopilar indicadores, que, agrupándolos, podrían permitir la identificación de patrones explicativos, y, que, a su vez, favorezcan la prevención de este tipo de casos y optimicen las investigaciones policiales a semejanza de lo que se viene trabajando en otro tipo de fenómenos criminales, como la violencia de género (GONZÁLEZ et al., 2018). Con un estudio más pormenorizado se podría conocer si existen estos indicadores y si es posible detectar diferencias entre los casos en los que se localiza a la persona en buen estado de salud y aquellos en los que resulta fallecida. Además, el conocimiento de estos factores influiría en la elaboración de protocolos específicos de actuación policial y valoración de riesgo, así como el desarrollo de campañas de prevención y concienciación, y, en el establecimiento de criterios en el momento de la denuncia (GONZÁLEZ et al., 2018, p.33). Finalmente, el desarrollo de estudios basados en la revisión pormenorizada mostraría el compromiso institucional por avanzar en el desarrollo de medidas legislativas y de otra naturaleza en esta materia, en especial, aquéllas que afectan y están destinadas a determinar iniciativas preventivas. Además, permitiría obtener información importante a la hora de establecer la existencia de elementos que precisen si existe impacto de estos hechos en otras víctimas indirectas.

Las denuncias por desaparición en España vienen ofreciendo cifras considerables durante los últimos años (gráfico 1). Los casos de desaparición se dan por todo el territorio nacional (gráfico 3), tanto en zonas rurales como en urbanas, así como con independencia del ámbito de las competencias de las FCS, es decir, tanto de ámbito nacional, como autonómico o regional, por lo que se aconseja adoptar una perspectiva global del fenómeno.

La revisión pormenorizada y sobre el terreno (GONZÁLEZ et al., 2018), permitiría obtener información anterior y posterior a la desaparición que no se encuentra documentada por escrito, ya que en los atestados policiales solo se recogen datos de interés policial referidos a la determinación de la posible causa de desaparición y a la localización de la persona, sin profundizar en datos sociodemográficos, psicosociales, dinámica relacional de la persona desaparecida con miembros de su entorno, estilo de vida, historial de salud mental, etc. Sería conveniente desplazarse hasta las fuentes institucionales para hacer acopio directamente, a través de técnicas de recogida de información como es la entrevista, de las impresiones de los intervinientes, sus notas operativas, y los datos registrados, entre otras cuestiones. Además, la entrevista con otras fuentes de información relativas a la víctima es imprescindible para aglutinar datos de familiares, amistades, compañeros laborales, ocio, etc., debido a que no suelen estar plasmadas en ningún informe estadístico. No podemos olvidar, que para aquellos casos en los que la muerte de la persona desaparecida sea de etiología violenta, será imprescindible, además, entrevistar al agresor, previo consentimiento informado expreso, ya que supone la principal fuente de información.

En concordancia con lo propuesto por GONZÁLEZ et al., (2018), para el desarrollo de estas tareas de campo y evitar sesgos harían falta especialistas de carácter multidisciplinar (psicólogos, criminólogos, sociólogos, agentes operativos de las FCS, etc.) que tengan estabilidad a lo largo del tiempo, y estén entrenados en entrevistas de investigación y habilidades comunicativas. Esto es así ya que se pueden presentar dificultades por la emocionalidad que suscita el tema (desde hostilidad a suma tristeza), que habrá que saber manejar tanto para vencer reticencias como para integrar y contrastar toda la información manejada. También conviene ser experto en autopsia psicológica y en perfilamiento indirecto de la personalidad (FOY, 2006; GONZÁLEZ, SOTOCA y GARRIDO, 2015; HALTY, GONZÁLEZ y SOTOCA, 2017).

5. Conclusiones

Tanto a nivel internacional, como en el panorama nacional, el fenómeno de las desapariciones de personas genera, en algunos casos, una gran alarma social y produce un importante impacto psicológico en las familias de las personas desaparecidas.

Como ocurre con otros fenómenos sociales, la complejidad de éstos y la dificultad de acceder a la globalidad de los mismos, supone una importante limitación para el estudio de las desapariciones. Por este motivo, resulta frecuente que solo se analicen los datos registrados en los informes oficiales, bien desde el sistema de justicia (CNDES, cuerpos policiales, etc.) o bien desde el ámbito asistencial (fundaciones y otras organizaciones del tercer sector social).

En los últimos años ha aumentado el interés por el estudio científico de las desapariciones. La mayoría de las investigaciones que se han llevado a cabo hasta la fecha se han centrado en establecer diferentes tipos de desapariciones, describir las características asociadas a las desapariciones de menores y de adultos, y estudiar tanto el desplazamiento de las personas desaparecidas, como el riesgo asociado a lo diferentes resultados que se dan en los casos de desaparición. Parece evidente que es necesario abordar este fenómeno desde la perspectiva del comportamiento humano, interpretándolo como una interacción entre diferentes procesos biológicos, psicológicos, ambientales y sociológicos.

Frente al importante número de denuncias que se presentan cada año por la desaparición de una persona, afortunadamente los casos de desaparición con desenlace fatal (fallecimiento) presentan una baja prevalencia, así como aquellos en los que el fallecimiento de la persona se considera de etiología violenta. No obstante, esos casos son muy preocupantes y presentan grandes dificultades para la investigación policial. Esto obliga a las instituciones públicas a prestar mucha atención a este fenómeno y a estudiarlo a fondo, en pos de identificar perfiles de personas desaparecidas y factores de riesgo que permitan mejorar la respuesta policial inicial ante la denuncia, la prevención del fenómeno, así como la optimización de los recursos de investigación durante las actuaciones policiales.

En este sentido, durante los últimos años, en el panorama internacional, se han hecho esfuerzos para afrontar estos inconvenientes. En Europa se han desarrollado investigaciones que tratan de estimar empíricamente el riesgo de que una persona desaparecida resulte dañada o fallecida, y que, además, sirvan para elaborar y validar instrumentos de valoración de riesgo específicos para cada tipo de suceso, aspecto que aún no se ha llevado a cabo en España. Estos trabajos comparten los mismos objetivos, debiendo, por ello, afrontar la investigación desde una perspectiva multifacética, para ser capaces de producir cambios en el sistema global de evaluación y detección del riesgo de resultar fallecido, así como en el diseño de protocolos de actuación más eficaces, que permitan combatir el fenómeno de las desapariciones.

Siguiendo esta línea de trabajo, la constitución de equipos de revisión compuestos por profesionales multidisciplinares, con un marco de actuación común que permita aproximarse al fenómeno de la forma más completa posible, ayudará a conocer la realidad de las desapariciones, mediante investigaciones científicas dirigidas a profundizar en ciertos aspectos desconocidos hasta el momento.

Finalmente, hay que recordar que, los estudios de revisión pormenorizada, como todos los proyectos relacionados con las ciencias sociales y de la salud, tienen por objetivo ofrecer una dimensión práctica y de aplicabilidad, pretendiéndose una mejor comprensión del fenómeno, así como la predicción y la prevención de aquellos casos posibles en la medida que puedan facilitar las actuaciones policiales.

Nota. Elaboración propia con datos extraídos de diferentes publicaciones académicas (Tarling y Burrows, 2004; Newiss, 2004; Blackmore, Bossomaier y Thompson, 2005; Gibb y Woolnough, 2005; Newiss, 2006; Newiss, 2011; Eales, 2017).

6. Referencias Bibliográficas

ALLPORT, G. W. (1986). La personalidad: su configuración y desarrollo. España. Editorial Herder.

ALYS, L., MASSEY, K., y TONG, S. (2013). Investigative Decision Making: Missing People and Sexual Offences, Crossroads to an Uncertain Future. Journal of Investigative Psychology and Offender Profiling, 10(2), 140–154. Doi:10.1002/jip.1382 

ASSOCIATION OF CHIEF POLICE OFFICERS. (2010). Interim guidance on the management, recording and investigation of missing persons. Wyboston: College of Policing. Recuperado de: http://library.college.police.uk/docs/npia/missing-persons-guidance-2010.pdf

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