ARTÍCULO 16/2024_30AÑOS_BC (N.º 238). EDICIÓN ESPECIAL 30 AÑOS DEL BOLETÍN CRIMINOLÓGICO
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN VICTIMIZACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE UNIVERSIDAD DE BARCELONA
Contacto con la autora: npereda@ub.edu
4. De la investigación a la acción: tareas pendientes en el ámbito de la victimología del desarrollo en España. 5. Conclusiones. 6. Referencias
EDITA: Sección de Málaga del IAIC Edificio Institutos de Investigación, Universidad de Málaga.
Campus de Teatinos, 29071- Málaga
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La violencia contra la infancia y la adolescencia es un grave problema social, de salud pública y de violación de derechos, que debe preocuparnos tanto por su extensión, con tasas que van desde el 12,7% para el abuso sexual hasta el 36,3% para el abuso emo- cional en todo el mundo, según estudios de metaanálisis (Stoltenborgh y otros, 2015), como por sus graves efectos en el desarrollo, que pueden persistir hasta la edad adulta y afectar negativamente a múltiples áreas de la vida de la víctima (Kendall-Tackett, 2003). A su vez, los costes directos que derivan de la atención sanitaria o de la implementación de programas de intervención familiar o acogimiento residencial como resultado de la victimización, y los costes indirectos relacionados con los efectos negativos de la vio- lencia a largo plazo, ya sea por la implicación de las víctimas en conductas antisociales y delictivas, así como por las necesidades de atención derivadas de las secuelas físicas y psíquicas, son relevantes y suponen un importante gasto público (Pereda, 2023).
Sin embargo, la propuesta de un marco teórico sólido, que permita facilitar la toma de decisiones por parte de investigadores y profesionales en el campo de la violencia contra niños, niñas y adolescentes basado en los resultados de estudios empíricos, es relativamente reciente (Finkelhor, 2008). Desde la perspectiva teórica de la victimología del desarrollo se defiende que las formas de victimización, sus características, factores de riesgo y consecuencias, difieren según ocurran en una u otra etapa evolutiva. Según esta teoría, los niños y niñas deben afrontar las mismas formas de victimización que los adultos, ya que no se encuentran exentos de ser víctimas de delitos comunes o de estar expuestos a violencia comunitaria, pero, a su vez, su temprana edad les sitúa en una posición de mayor riesgo ante muchas otras victimizaciones causadas por quienes están más cerca de ellos y deberían atender sus necesidades. Este mayor riesgo está vinculado principalmente a su alto nivel de dependencia de las figuras adultas, su falta de autonomía y también a la tolerancia social que existe históricamente con respecto a la violencia contra la infancia y la adolescencia. Además, las víctimas menores de edad a menudo se caracterizan por niveles altos o totales de inconsciencia con respecto a su propia victimización, lo que las convierte en ‘víctimas ideales’ (Pereda, 2013), que mantendrán el silencio y el secreto de lo que están viviendo durante mucho tiempo, un aspecto que tendrá importantes implicaciones en las consecuencias psicológicas y sociales que puedan llegar a desarrollar.
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Es importante tener en cuenta que, cuando la persona que victimiza es un adulto de quien el niño espera protección, afecto y cuidado, se dañan tres áreas fundamentales para su correcto desarrollo: (a) la confianza en uno mismo, lo que significa presentar una baja autoestima, un concepto negativo de sí mismo, no sentirse valioso o digno de afecto; (b) la confianza en los demás, con las dificultades que esto implica para el establecimiento de relaciones sociales y afectivas seguras, para la construcción de una red de apoyo y para el trato que se dará a los demás, a la propia familia y a los propios hijos; y (c) la confianza en el futuro o desesperanza, donde no existe la creencia en el cambio o en la posibilidad de una vida mejor. Las experiencias de victimización en edades tempranas generan una percepción del entorno como inseguro e impredecible, lo que también destruye el llamado sesgo optimista según el cual el individuo subestima su vulnerabilidad ante sucesos adversos de la vida (Weinstein, 1989). A su vez, las ex- periencias de victimización contradicen la conocida como creencia en un mundo justo (Lerner, 1980), a través de la cual el individuo considera que, simplemente a través de su propio comportamiento, puede tener control sobre lo que le sucede y minimizar su vulnerabilidad ante situaciones de riesgo. Esto genera ansiedad, angustia y sentimien- to de indefensión, lo que implica una mayor probabilidad de problemas personales y sociales en la vida de la víctima.
Por todo ello, los niños y niñas deben considerarse el grupo de edad más vulnerable en el campo de la victimología, tanto en términos de las múltiples formas de violencia que sufren como de los graves efectos negativos que pueden desarrollar a lo largo de su vida derivados de estas experiencias.
El alto porcentaje de victimización infantil y adolescente obtenido en todas las encues- tas aplicadas a chicos y chicas de la población general en todo el mundo por diferentes grupos de investigación, incluso en estudios nacionales (por ejemplo, Pereda y otros, 2014 en Cataluña o Indias y De Paúl, 2017 en el País Vasco), refleja la enorme brecha en el conocimiento oficial que existe sobre estas graves experiencias y es un proble- ma que debe tenerse en cuenta por parte de los gobiernos y autoridades públicas. Es importante ser consciente que el número de víctimas que se conocen a partir de las
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denuncias oficiales a autoridades, como los cuerpos policiales o el sistema de justicia, es siempre menor a la realidad a la que se accede con encuestas de victimización. Estudios llevados a cabo en España han encontrado que únicamente un pequeño porcentaje de casos son denunciados a una autoridad oficial al tiempo en que se producen (Pereda y otros, 2016). Sin embargo, la naturaleza no oficial de este tipo de encuestas, que se aplica principalmente por grupos de investigación con fines académicos, significa que estos estudios no tienen un impacto real en las políticas de protección y atención a las víctimas y se ignora una relevante información que ayudaría a diseñar políticas públicas más eficaces.
Los investigadores en victimología del desarrollo obtienen perfiles completos de victimización que tienen como objetivo que la sociedad comprenda que las experiencias de muchos niños y niñas no se limitan a una sola forma de violencia. En este sentido, la polivictimización ha sido un componente muy poco estudiado en el ámbito de la victimización infantil. Se entiende por polivictimización la experiencia de múltiples formas de victimización distintas en diferentes episodios a lo largo de la infancia y la adolescencia (Finkelhor, 2007).
Ha sido recientemente cuando la investigación ha comenzado a analizar esta interre- lación entre las diferentes formas de victimización en los Estados Unidos (Finkelhor, Ormrod y otros, 2005) y Canadá (Cyr y otros, 2013). En Europa, los estudios que han proporcionado datos sobre polivictimización se han realizado principalmente en España (Pereda y otros, 2014), Portugal (Almeida y otros, 2020) y en países del norte como el Reino Unido (Radford y otros, 2013), Finlandia (Ellonen y Salmi, 2011) y Suecia (Aho, Gren-Landell y Svedin, 2016). Mientras tanto, países asiáticos como Vietnam (Le y otros, 2015), o China (Chan, 2013) y latinoamericanos, como Chile (Pinto y otros, 2020) o México (Méndez-López y Pereda, 2019), también han comen- zado a analizar el fenómeno de la polivictimización. El estudio de la coocurrencia de las diferentes formas de victimización, basado en el concepto de que en algunos casos están estrechamente conectadas, constituye un enfoque más acorde con la realidad victimológica y responde a un problema real enfrentado por muchos niños y niñas ante el cual se debe intervenir socialmente.
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Esta llamada red de violencia se basa en la evidencia de estudios empíricos que han encontrado que los niños y niñas que son víctimas de formas de violencia en línea también son víctimas fuera de línea o fuera del mundo virtual; que aquellos que expe- rimentan formas de victimización dentro de sus familias también las sufren fuera del contexto familiar; y que formas específicas de victimización, como la exposición a la violencia familiar, están relacionadas con otras formas de victimización como el abuso físico, la negligencia y las relaciones violentas en la adolescencia (Hamby y Grych, 2013).
La investigación en victimología del desarrollo tiene su base metodológica en las en- cuestas dirigidas directamente a personas menores de edad, con el objetivo de recopilar, analizar y transmitir datos o información obtenidos de aquellos que están viviendo la violencia en ese momento (Graham y otros, 2013). Esto permite diseñar planes de actuación que tienen en cuenta las características específicas de una cohorte determi- nada en un momento histórico concreto, y que pueden ser muy distintas si la encuesta de victimización que se lleva a cabo usa una metodología retrospectiva y se basa en las respuestas de personas adultas que reportan haber sido víctimas en su infancia y/o adolescencia. Sin embargo, los trabajos que han preguntado directamente a víctimas sobre sus experiencias de victimización se han centrado, principalmente, en el análisis de la información proporcionada por adultos (Pereda, 2016).
Desde la victimología del desarrollo se ha subrayado la necesidad de preguntar a los propios menores sobre sus experiencias de victimización, aportando su percepción de la situación y permitiendo, en algunos casos por primera vez, el reporte de este tipo de casos. Esta metodología participativa subraya que no incluir al menor en este tipo de es- tudios dificulta la obtención de información relevante para la prevención y el tratamiento de la violencia contra la infancia y la adolescencia (Becker-Blease y Freyd, 2006).
Así, existen dos razones fundamentales para llevar a cabo investigaciones con me- nores de edad:
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Los niños, niñas y adolescentes son las fuentes más precisas de información sobre sus propias vidas y experiencias. Si bien, tradicionalmente, se ha entrevistado a adultos que conocen al menor sobre aquellos aspectos que eran de interés en el estudio, se ha demostrado que el conocimiento de estos adultos, incluidos los propios padres o cuidadores principales, nunca es tan completo como el conocimiento de un niño, niña o adolescente sobre sí mismo. Esto es aún más cierto cuando se enfrentan a proble- mas sensibles, como experiencias de violencia, y con repercusiones importantes para el futuro de la víctima (Becker-Blease y Freyd, 2006). Se ha constatado que existen importantes discrepancias entre la violencia que reporta un niño, niña o adolescente y la que reportan sus padres o cuidadores, siendo ésta última mucho menor (Goodman et al., 2010).
Los niños y adolescentes tienen derecho a expresar sus opiniones. El Artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por las Naciones Unidas establece que “el niño tiene derecho a expresar su opinión y que esta sea tenida en cuenta en los asuntos que le afectan”. Este artículo, junto con el derecho a la libertad de expresión (art. 13), de pensamiento, conciencia y religión (art. 14), y libertad de asociación (art. 15), reafirma el estatus de niños y niñas como individuos con derechos fundamentales, opiniones y creencias propias.
Pero es evidente que los equipos españoles se enfrentan a problemas que generan dudas significativas sobre cómo proceder cuando los participantes en la investigación son menores de edad: i) la desigualdad de poder que existe con el equipo investigador adulto, ii) la necesidad de consentimiento informado por parte de los padres o tutores legales del menor y iii) la confidencialidad de la información obtenida. Se recomienda que, al comienzo de cada nuevo proyecto de investigación, el equipo de trabajo intente identificar, en la medida de lo posible, los problemas potenciales que puedan surgir a lo largo del estudio y considere cómo guiarlo para responder a ellos a medida que surgen (puede verse la revisión de Kirk, 2007). Los equipos de investigación en victimología del desarrollo pueden seguir varias publicaciones destinadas a proporcionar pautas a los investigadores que trabajan con niños, niñas y adolescentes, como la facilitada por la organización Save the Children (por ejemplo, Laws y Mann, 2004). Los investiga- dores de habla hispana también pueden encontrar información en la guía escrita por el Grupo de Investigación en Victimización Infantil y Adolescente (GReVIA) de la
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Universidad de Barcelona (Pereda, 2019). Si bien es cierto que todos los estudios deben estar rigurosamente diseñados y ser llevados a cabo por investigadores calificados para responder a una necesidad social real, aquellos que involucran a niños y niñas como participantes deben cumplir al máximo con este axioma.
El primer problema a considerar al abordar la participación de menores en proyectos de investigación es la disparidad de poder y estatus entre los investigadores adultos y los niños, niñas y adolescentes. La asimetría de poder ocurre debido a la diferencia de edad, que coloca a la persona menor de edad generacionalmente en una posición de subordi- nación al adulto; sin embargo, puede agravarse por diferencias de género, etnia, cultura y nivel social (Hood y otros, 1996). Para equilibrar esta asimetría, se puede ofrecer a los participantes información sobre la investigación, apropiada a su nivel de interés y com- prensión, facilitarles fotografías de los investigadores o del tema de investigación, dibujos que expliquen conceptos abstractos, diagramas, usar un formato de cómic y un lenguaje sencillo para aquellos que están comenzando a leer (por ejemplo, Punch, 2002). A su vez, se ha propuesto la administración de encuestas y pruebas a través de medios electró- nicos, a los que están acostumbrados, y en los que las preguntas se formulan a través de auriculares y, al mismo tiempo, visualmente en la pantalla, lo que ayuda al participante a comprender lo que se le está preguntando (Black y Ponirakis, 2000).
En segundo lugar, la investigación con niños, niñas y adolescentes siempre debe respetar su libertad, sus intereses y su bienestar, así como su voluntad de participar en el estudio a través del consentimiento informado. Al realizar investigaciones con menores, el consentimiento informado es un tema altamente complejo (Trusell, 2008), ya que la mayoría de los comités de ética requieren del consentimiento de los tutores legales. Al mismo tiempo, también se ha argumentado que aquellos niños y niñas que demuestren que han comprendido la información proporcionada sobre la investigación y sus derechos deberían poder consentir o disentir sin la necesidad de obtener también el consentimiento de sus padres. A veces, se necesita incluso el consentimiento de otros adultos presentes en la vida del menor de edad para llevar a cabo el estudio (como el director de la escuela, maestros, asociaciones de padres, psicólogos, profesionales de la salud o trabajadores sociales), especialmente en muestras con características específicas, como menores atendidos en centros de salud mental, justicia juvenil o el sistema de protección (Skelton, 2008).
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La perspectiva que prima en los investigadores en victimología del desarrollo aboga por obtener solo el consentimiento del niño o niña al realizar estudios sobre victi- mización, principalmente porque: i) brinda a los menores la oportunidad de decidir libremente sobre su participación y expresar sus opiniones y perspectivas, con la con- siguiente capacidad de decidir sobre sus propias vidas; ii) supera la cultura adultocén- trica y reconoce la autonomía de niños, niñas y adolescentes, reforzando un genuino interés en conocer sus perspectivas y experiencias; iii) evita la falta de participación de aquellos que están siendo victimizados por sus padres o cuidadores, ya que la mayoría de las victimizaciones contra la infancia y la adolescencia ocurren dentro del entorno familiar y de confianza; iv) y garantiza la participación, ya que evita la barrera del con- sentimiento parental y la decisión recae solo en el niño o niña. Sin embargo, no solicitar el consentimiento de los padres puede generar conflictos para el investigador, como el rechazo del estudio por parte del comité de ética, la falta de acceso a los niños y niñas si no se obtiene el consentimiento de los adultos bajo los que están a cargo, o quejas legales de padres y tutores. Los investigadores deben decidir si tienen argumentos sólidos para solicitar solo el consentimiento de los participantes, o si deben cumplir con las normas generales y adaptar su investigación a ellas.
El tema del consentimiento informado sigue siendo un problema sin resolver y cada grupo de investigación en España toma decisiones diferentes. Una de las opciones a seguir es encuestar a adolescentes de 14 años en adelante, ya que tienen la edad legal para decidir sobre sus propios datos personales (véase la Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales). Sin embargo, una de las situaciones más comunes es que las escuelas eviten problemas futuros con padres y tutores legales y exijan al equipo investigador que obtenga el consentimiento informado también de éstos, incluso si no se respetan los derechos del niño o niña a participar. Debe tenerse en cuenta que los menores de edad se encuentran en escuelas o instituciones como centros residenciales y de reforma u hospitales. Por lo tanto, estos son los espacios potenciales donde llevar a cabo la investigación en violencia contra la infancia y la adolescencia. Por este motivo, muchas veces se depende de otros actores más allá de los padres y tutores y de los propios participantes al estudio, como son la dirección de las instituciones y sus profesionales, para que accedan a abrir sus puertas a un equipo de investigación. Para tener éxito en lograr la colaboración de los centros y los equipos profesionales es necesario ponerse en contacto con ellos con suficiente
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antelación y anticipar que, posiblemente, no todos estarán de acuerdo en formar parte del estudio y que la muestra inicialmente planificada se reducirá considerablemente. Se deben explicar los aspectos básicos de la investigación, la razón por la cual se está llevando a cabo y los beneficios que puede tener tanto para los profesionales como para los participantes y la sociedad en general. Para facilitar la colaboración de centros y pro- fesionales, también se recomienda contar con el apoyo de una administración pública como los Ministerios de Juventud e Infancia, Sanidad o Justicia, por ejemplo. A veces, incluso puede ser que la misma agencia que financia la investigación se encargue de proporcionar la muestra o identificar los centros específicos de los cuales se obtendrá.
En tercer lugar, según el artículo 16 de la Convención sobre los Derechos del Niño, la privacidad y el derecho a estar libres de intrusiones o interferencias por parte de otros son derechos fundamentales de la persona menor de edad. La confi- dencialidad significa que la información proporcionada por niños, niñas y adoles- centes durante nuestras investigaciones, así como su identidad, debe ser respetada y protegida. En otras palabras, la información confiada en el marco de un estudio no debe compartirse con nadie más sin el acuerdo del niño o niña. Esto es especialmente relevante en el caso de la victimización, ya que los participantes pueden proporcionar información que tenga repercusiones importantes para el propio niño o niña y para su entorno. De este modo, el artículo 16 puede entrar en contradicción con lo que se requiere en el artículo 3 sobre el interés superior del menor. Si la información que nos proporcionan los participantes es probable que entre en conflicto con la salva- guardia de sus mejores intereses (por ejemplo, nos dan información que sugiere que están en una situación de riesgo), nos enfrentamos a un dilema. Se ha llevado a cabo un extenso debate sobre el deber ético y legal de los equipos de investigación de co- municar información proporcionada por niños, niñas y adolescentes en el contexto de una investigación a padres, tutores legales y/o profesionales u organizaciones. La decisión de romper la confidencialidad para comunicar cierta información con el fin de proteger al niño debe respetar la ley del país donde se lleva a cabo la investigación. Sin embargo, no puede obviarse que la tarea del investigador en victimología del desarrollo es proporcionar a la sociedad resultados sólidos y rigurosos que permitan implementar mejoras en las políticas públicas que afecten al colectivo de niños, niñas y adolescentes, no intervenir ante posibles casos concretos, a menos que el menor solicite explícitamente nuestra intervención. Es esencial, por tanto, garantizar el
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anonimato de los participantes para obtener resultados válidos y confiables que serán útiles para obtener mejoras en los recursos para prevenir la violencia contra los niños o para brindar mejores servicios para atender a las víctimas, al tiempo que se debe ofrecer al niño o niña participante líneas de ayuda y recursos a los que acudir en su región si necesita atención profesional y apoyo.
El marco teórico de la victimología del desarrollo y el concepto de polivictimización han revolucionado los últimos 15 años de estudios en la victimología infantil y adoles- cente en el mundo, y también en España, ampliando la evaluación de la violencia a otras formas de victimización además del maltrato o el abuso sexual infantil y analizando los graves efectos que la acumulación de experiencias de violencia en la infancia tiene sobre el desarrollo (Finkelhor, 2008). Sin embargo, las implicaciones prácticas de este concepto aún no se han aplicado lo suficiente al ámbito profesional ni al diseño de políticas públicas para prevenir la violencia contra niños, niñas y jóvenes.
Así, una primera tarea a desarrollar es que la perspectiva de la polivictimización impregne el trabajo de todos aquellos profesionales que trabajan con niños, niñas y adolescentes. Las múltiples formas de violencia que un menor pueda estar experi- mentando deben ser evaluadas de forma rutinaria, con el fin de intervenir temprano y proteger a la víctima lo antes posible. Esta evaluación puede ser llevada a cabo por pediatras u otros profesionales relacionados con la salud del niño o niña, a través de un cribado rápido para evaluar si realizar una evaluación más detallada de las posibles situaciones de violencia que podría estar experimentando; o en el ámbito educativo, en aquellos casos en los que existan sospechas de cambios en el comportamiento del niño, o en presencia de otros indicadores o signos de abuso, por los servicios psicológicos del centro. También es importante que aquellos que intervienen con menores sean conscientes de que estos pueden ser víctimas de múltiples formas de violencia, dado que el pronóstico de los niños, niñas y adolescentes polivíctimas es muy diferente al de aquellos que no han sido polivictimizados (Lee y otros, 2023), y el tratamiento que se debe ofrecer es mucho más intensivo y debe ser realizado por profesionales especia-
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lizados. La falta de formación específica y especializada en el tratamiento de víctimas infantiles y, especialmente, de polivíctimas, es un problema grave y la intervención por parte de profesionales que desconocen las características particulares de un niño plantea un alto riesgo de victimización secundaria.
En esta línea, una segunda tarea pendiente refiere al método para obtener datos de relevancia victimológica en el contexto de la violencia contra la infancia y la adolescen- cia. Existen diferentes instrumentos que han sido creados con el objetivo de evaluar las experiencias de victimización en la infancia desde la perspectiva de los propios niños, niñas y adolescentes, abarcando diferentes formas de victimización y evitando la frag- mentación (Hamby y Finkelhor, 2000), si bien la mayoría de ellos no se encuentran adaptados al contexto español. Uno de estos es el Childhood Trauma Questionnaire (CTQ) desarrollado por Bernstein y colaboradores (1994) como una medida retros- pectiva de autoinforme dirigida a adultos, y más tarde adaptada para poder ser aplicada en adolescentes a partir de 12 años (Bernstein y otros, 1997). En España se ha adaptado la versión abreviada con adultos de muestra clínica (Hernández y otros, 2013) y se han obtenido propiedades psicométricas adecuadas. Por su parte, el ISPCAN Child Abuse Screening Tools (ICAST) (Runyan y otros, 2015) es una agrupación de tres instrumentos de acceso libre creados por la International Society for the Prevention of Child Abuse and Neglect (ISPCAN). El ICAST-C es la herramienta diseñada para evaluar la victimización del último año en niños mayores de 11 años. El ICAST-R se ha aplicado a adultos de la población española (Cerezo y Pérez-García, 2019) si bien no se ha publicado todavía su validación y adaptación a nuestro país. A su vez, Walsh y colaboradores (2008) presentaron el Childhood Experiences of Violence Questionnaire (CEVQ). El CEVQ es una medida de autoinforme de victimización diseñada para su uso con adolescentes de 12 a 18 años, pero no existe adaptación en español de este instrumento.
En un intento por superar las limitaciones de otros instrumentos, se creó el Cuestionario de Victimización Juvenil (JVQ) (Finkelhor y otras, 2005) para pro- porcionar una evaluación integral, tanto en el último año como en el transcurso de la vida, de cinco áreas generales de victimización infantil y adolescente: delitos comu- nes, victimización por cuidadores, victimización por pares y hermanos, victimización sexual, testigo/victimización indirecta. La versión original de autoinforme incluye
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34 formas de victimización y varias preguntas de seguimiento sobre la frecuencia del evento, el victimario y el inicio del maltrato, entre otros. Está diseñado para ser respondido en un formato de entrevista por niños, niñas y adolescentes de 8 a 17 años. También se puede utilizar en un formato autoadministrado para jóvenes de 12 años en adelante. El JVQ también incluye una versión retrospectiva para adultos y una versión para cuidadores, especialmente para niños y niñas menores de 8 años. La versión actual, el JVQ-R2, consta de 56 ítems y ha incorporado mejoras en la evalua- ción de la victimización electrónica, el comportamiento negligente por parte de los principales cuidadores del menor y más ítems sobre secuestros y exposición a la vio- lencia no solo entre padres o de padres a hijos, sino también a otros parientes como los abuelos. Hamby y otros (2011) también proponen el uso de una sola pregunta que se puede realizar rutinariamente en contextos como la atención médica o la escuela y que permitiría, si es necesario, el uso de versiones más largas del instrumento. En el ámbito victimológico, esto ahorraría mucho tiempo y permitiría hacer un cribado de las experiencias de violencia de un amplio grupo de niños y niñas. En España, el JVQ se ha validado en su versión para adolescentes de la población general (Pereda y otros, 2018), si bien también se dispone de datos sobre adolescentes en proceso de evaluación clínica en centros de salud mental (Pereda y otros, 2015), chicos y chicas en centros residenciales del sistema de protección (Fernández-Artamendi y otros, 2020; Segura y otros, 2015) y adolescentes involucrados en el sistema de justicia juvenil (Pereda y otros, 2017).
Sin embargo, aunque el JVQ es una de las mejores medidas para determinar la verdadera magnitud de la victimización infantil y adolescente en una comunidad, una de sus principales limitaciones es que, en muchos casos, los estudios que se han realizado no incluyen a ciertos grupos de niños y niñas en situación de riesgo, lo que podría llevar a una falta de representación en la muestra encuestada, y que a su vez podría conducir a subestimar experiencias graves de victimización. Así, por ejemplo, la presencia de un gran número de niños nacidos en Marruecos y en África subsahariana que no hablan español en centros residenciales del sistema de protección en España debe tenerse en cuenta al llevar a cabo investigaciones en este contexto (Pereda, 2019). Esta realidad también requiere que el instrumento que el investigador haya elegido se adapte a otro idioma y cultura. Si el investigador no es hablante nativo de ese idioma, será necesario contar con un mediador cultural que le
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ayude con la adaptación. Una vez más, necesitamos trabajar cerca de las ONG y otras asociaciones que facilitarán estos recursos si están involucrados y apoyan nuestro estudio. De lo contrario, tendremos que buscar un mediador cultural que nos ayude. La futura investigación victimológica debería orientarse hacia grupos específicos de niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo, como minorías de género, sexuales y étnicas, o aquellos que presentan alguna discapacidad, para permitir la inclusión de su voz y experiencias de violencia, sin olvidar a los preescolares, que presentan retos actualmente difíciles de solventar.
En tercer lugar, los factores protectores que permiten que la víctima menor de edad avance y se convierta en un adulto saludable e integrado socialmente a pesar de sus experiencias de victimización todavía es una línea de estudio por desarrollar en la investigación en victimología (Masten, 2001) y, concretamente, en la investigación en España. La presencia o ausencia de ciertas variables, no solo relacionadas con las características objetivas de la experiencia de violencia sino también con factores in- dividuales y psicosociales, facilitaría de manera consistente la aparición de trastornos psicopatológicos, mientras que la presencia o ausencia de otras variables minimi- zaría o anularía los posibles efectos psicológicos relacionados con la victimización y proporcionaría a la persona la capacidad de resistir ante esa experiencia (Rutter, 2007). Estos resultados deberían suponer la apertura a un amplio campo de trabajo y mayores posibilidades de intervención y prevención terciaria para los profesionales que atienden a las víctimas. Un mejor conocimiento de las variables involucradas en los procesos de protección de las víctimas menores de edad permite un mejor tra- tamiento, así como la prevención de problemas psicológicos posteriores. Los equi- pos profesionales necesitan saber qué factores se pueden fortalecer en los niños y niñas para promover respuestas positivas apropiadas después de la victimización. Y la investigación puede ayudarles a hacerlo, por ejemplo, mediante la adaptación de encuestas de calidad para evaluar factores protectores que los profesionales pueden utilizar en su trabajo para diseñar intervenciones centradas no sólo en las debilidades, sino también en las fortalezas que presentan las víctimas (ver, por ejemplo, Guilera y otros, 2015). Un buen proceso de intervención no debe tener en cuenta sólo el daño que presenta la víctima, sino también su capacidad de resiliencia y los factores de protección o fortalezas, lo que va a permitir al profesional hacer un pronóstico más acertado de las posibilidades de recuperación de la víctima.
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La investigación criminológica ha desempeñado un papel importante en la com- prensión del impacto de la victimización y ha ayudado a dar forma a políticas y programas para ayudar a las víctimas a sobrellevarla (Davis, 1987). Y debe seguir haciéndolo. Sin embargo, muchos científicos sociales que realizan investigaciones orientadas a políticas públicas dan por sentado que el gobierno y la administración deben utilizar los resultados de su trabajo. Especialmente si el gobierno financia la investigación, se presume que los funcionarios tienen alguna intención de aplicar los resultados que se obtengan (Weiss, 1995). Pero la mayoría de las veces esto no sucede o, al menos, no como lo imaginaba el equipo investigador. Los responsables de la formulación de políticas y las partes interesadas necesitan asimilar gradualmente la investigación a medida que desarrollan también gradualmente nuevas políticas. Para facilitar este proceso, una tarea a desarrollar es difundir nuestros resultados no solo en foros académicos, sino también en informes, noticias o comentarios en redes sociales, que acerquen nuestros resultados a la sociedad de manera fácil y comprensible. Nuestros estudios deben proporcionar propuestas factibles para la acción y ser fácilmente accesibles. Luego, debemos ser capaces de ayudar a aquellos interesados en acceder a los instrumentos que hemos adaptado o creado, colaborar con las entidades y servicios públicos en el diseño de protocolos y pautas, evaluar sus métodos e intervenciones. Para llegar a los responsables de la formulación de políticas públicas, también deben usarse otros recursos como los medios de comunicación, las redes sociales, los grupos de reflexión, las asociaciones de víctimas, las ONG y otros grupos de interés. Estos canales facilitan la transmisión de los resultados de nuestras investigaciones y pueden introducir una gran cantidad de propuestas basa- das en la evidencia en el proceso de formulación de políticas. Es importante que la investigación en victimología del desarrollo tenga su papel en el diseño de las políticas públicas sobre menores víctimas de la violencia y que se comprenda lo que la ciencia orientada al cambio social tiene que decir, más allá de movimientos ideológicos e intereses privados (Weiss, 1995).
En cuanto a los problemas éticos, el campo de la victimología del desarrollo es re- ciente y diferentes temas aún están en discusión. Algunas de las preguntas que generan más dudas éticas cuando los participantes en la investigación son menores de edad incluyen, como se ha visto, la necesidad de obtener el consentimiento informado de los padres o tutores legales del menor y la confidencialidad de la información obtenida
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sobre experiencias de violencia. Así, en cuanto a la primera cuestión de interés, se ha argumentado que aquellos niños y niñas que demuestran haber entendido la infor- mación proporcionada por los investigadores sobre la investigación y sus derechos deberían poder dar su consentimiento o estar en desacuerdo sin necesidad de obtener también el consentimiento de los padres (Skelton, 2008). Sin embargo, esta decisión siempre se toma en función de la ley normativa y los comités éticos de nuestro país, que generalmente requieren el consentimiento activo de los padres para llevar a cabo la investigación. Así, no solicitar el consentimiento de los padres o tutores legales en la investigación con niños, niñas y jóvenes menores de edad en España es controverti- do, rara vez es aceptado por los comités éticos y generalmente no se contempla en la regulación legal sobre protección de datos. La realidad de las dinámicas de poder y la cultura adultocéntrica de nuestro país indican que cuando los deseos del niño o niña entran en conflicto con los del adulto, son los deseos del niño o niña los que se subor- dinan a los del adulto. En la actualidad, la mayoría de las investigaciones en España se realizan con niños menores de edad solicitando el consentimiento de sus padres, o con adolescentes mayores de 14 años dando su consentimiento.
En cuanto a la segunda cuestión ética de interés, los datos obtenidos en la investiga- ción victimológica basada en encuestas no pueden considerarse como una evaluación forense. Por lo tanto, no se debe dar ningún otro uso a esta información, a pesar de que haya profesionales que lo defiendan, como presentarla como evidencia en conflictos legales (Cashmore, 2006). Es importante tener en cuenta que la opción preferida por los participantes más jóvenes parece ser la autoinformación, es decir, facilitar que el niño, niña o adolescente en riesgo que hemos detectado durante nuestra investigación pueda informar a algún servicio o agencia por sí mismo o hable al respecto con una persona adulta de confianza (Fisher y otros, 1996). Proporcionar a los participantes los contactos de asociaciones o profesionales especializados en asistencia a víctimas que estén cerca de ellos y puedan ayudarlos es una opción que cumple las normativas éticas y que es respetuosa con el rol del investigador, cuyo objetivo, como se ha co- mentado, es poder ofrecer datos fiables que permitan a los profesionales que trabajan directamente con víctimas menores de edad y a los poderes públicos tomar decisiones basadas en la evidencia y el rigor, lo cual es imposible de garantizar si se comunica a los participantes que, en caso de reportar una situación de posible riesgo o desamparo, su confidencialidad se romperá y se notificará el caso a la autoridad competente.
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Queda mucho trabajo por hacer en el campo de la victimología del desarrollo en España, lo que requerirá del esfuerzo conjunto de académicos y de aquellos profesionales res- ponsables de la prevención de la violencia contra niños y niñas y la intervención con sus víctimas, si el objetivo final es proteger y asegurar el bienestar de la infancia y la adolescencia basándose en evidencias y resultados de estudios empíricos. Son múltiples las publicaciones en todo el mundo que constatan que las experiencias de victimización pueden recogerse de manera efectiva de los propios niños, niñas y adolescentes (Laurin y otros, 2018), y que muchas de las argumentaciones que se usan para no hacerlo son meras excusas ante un problema que nos compete a todos y cuyos efectos tienen un relevante impacto en nuestra sociedad. Sin embargo, aún quedan por resolver aspec- tos éticos relativos a la confidencialidad, aspectos de deseabilidad social que pueden impedir a la víctima responder con sinceridad a la encuesta y retos como la evaluación de los niños y niñas más pequeños, o de aquellos que presentan alguna discapacidad o pertenecen a una minoría.
Es una prioridad que los futuros profesionales criminólogos comprendan y sepan llevar a cabo investigaciones metodológicamente rigurosas en el área de la victimología del desarrollo, cuyo propósito, además de entender la realidad social, sea resolver pro- blemas relacionados con la disciplina, los cuales pueden generalizarse y aplicarse con el respaldo de la teoría, pero también con los resultados obtenidos en la investigación. Es importante recordar que “la investigación implica la acción y el compromiso que abocan al progreso” (Beristain, 2000, 230).
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