ARTÍCULO 4/2021 (N.º 210)
hypotheses are tested. A questionnaire was applied to a sample of 129 inmates from CERESO Hermosillo I in Hermosillo, Sonora, Mexico. Based on the findings, it was concluded that the inmates’ perception of communication and legitimacy of the authorities have influence as predictors of inmate misconduct due to their impact on the organizational breakdown.
Resumen: Los actos de mala conducta efectuados por personas privadas de la libertad representan violaciones a la normativa in- terna. Han sido estudiados en países desarrollados, pero no así en países en desarrollo. El objetivo del estudio es presentar un marco conceptual que describe la relación entre variables de la teoría del control administrativo e incidentes de mala conducta. Para este fin, se evalúan 3 hipótesis. Se aplicó un cuestionario a una muestra de 129 internos del centro penitenciario CERESO Hermosillo I en Hermosillo (Sonora, México). A partir de los ha- llazgos se concluyó que la percepción de la comunicación y legi- timidad de las autoridades vista por parte de los internos tienen influencia como predictores de actos de mala conducta debido a su impacto en el quiebre organizacional.
Contacto con el autor: jose_galindo29@hotmail.com
José de Jesús Galindo Fuentes es consultor de análisis de in- formación de medios. Graduado de la maestría en Gobierno y Asuntos Públicos por la FLACSO México. Entre sus áreas de inte- rés se encuentran los sistemas penitenciarios, ciudades y prensa.
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4. Estudio de caso. 5.Desarrollo de hipótesis y marco conceptual. 6. Metodología.
6.1. Medición de conceptos. 6.1.1. Medición de quiebre organizacional. 6.1.2. Medición de comunicación. 6.1.3. Medición de legitimidad. 6.1.4. Medición de programas/ controles remunerativos 6.1.5. Medición de variables de control. 6.2. Instrumento.
6.3. Población y muestreo. 6.4. Análisis de datos. 6.5. Resultados. 7. Discusión y conclusiones. 8. Recomendaciones para futura investigación. 9. Referencias.
Las cárceles son sistemas sociales, donde como en cualquier otro, diversos actos de indisciplina pueden estar presentes. En cierto modo, la existencia de cárceles obedece a la existencia de infractores de la ley. En la realidad, se parte del hecho de que el control y la seguridad de una prisión han tenido prioridad sobre el tratamiento de reinserción social, dado que la administración de la prisión tiene como objetivo mantener la disci- plina y el orden. Es en este proceso cuando ocurren infracciones que atentan contra el reglamento interno y que ponen en riesgo la integridad de los reclusos y el personal.
A raíz de esto, surgen preguntas como ¿por qué suceden?, ¿cómo?, ¿qué las provo- ca?, ¿qué consecuencias tienen?, las cuales han sido respondidas desde diversas teorías y modelos de la criminología del comportamiento. Este estudio utiliza como lente teóri- co el modelo del control administrativo, que ve a la organización como la detonante de infracciones disciplinarias por parte de los internos, debido a la ocurrencia de quiebres organizacionales, es decir, erosiones sistemáticas en la capacidad de la organización para gestionar y administrar el centro penitenciario volviéndose incapaz de controlar los comportamientos de los internos.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 18 define:
“El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para
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lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, obser- vando los beneficios que para él prevé la ley” (CPEUM, 2018).
A pesar de esta disposición legal, cumplir una condena en las prisiones en México se ha convertido en una experiencia que va más allá de la mera privación de libertad, dado que estos centros tienen distintos problemas que se contraponen a la normativa como son: altos niveles de hacinamiento, falta de acceso a los programas de rehabilitación, discrecionalidad en las reglas, corrupción, violencia y presencia del crimen organizado, entre otros (CNDH, 2017).
Dichos problemas existen en menor o mayor medida en todo el mundo (Nyandiko, 2012). Al respecto, al discutir la arquitectura panóptica para prisiones Foucault (1976) retoma los problemas que Bentham (1843) había analizado, tales como el hacinamiento y la falta de aire, entre otros, que desencadenaban “rebeliones contra la miseria física” y “rebeliones contra el sistema”, situaciones que generarían estrés en la organización para controlarlas.
En función de estas “rebeliones” o actos contra las reglas, el sistema penitenciario mexicano registra en sus bases de datos los siguientes incidentes por prisión: riñas, motines, homicidios, intentos de fuga, fugas, autoagresiones y agresiones a terceros. En algunos estados, se incluyen lesiones y suicidios, siendo las riñas y las lesiones los incidentes con mayor prevalencia (OADPRS, 2016a, 2017b).
Dicha literatura nacional presenta al fronterizo estado de Sonora como uno de los líderes en el número de incidentes disciplinarios en la última década a nivel nacional, es- pecíficamente riñas (OADPRS, 2017a). Sin embargo, se aleja de lo esperado en función de variables como población, proporción de reclusos por personal de seguridad o relación con infracciones disciplinarias. Estas variables se presentan más adelante a profundidad.
Dada esta situación, se procedió a realizar un estudio dentro del Centro de Reinserción Social Hermosillo I para conocer más en detalle las variables que se vin- culan como detonantes de incidentes disciplinarios. Hermosillo I es la prisión más importante del estado, la más poblada y con más incidentes registrados (Secretaría de Seguridad Pública de Sonora [SSP], 2017a; Órgano Administrativo Desconcentrado
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Prevención y Readaptación Social [OADPRS], 2017a), englobando por sí sola el 40% de los mismos, en promedio, en los últimos 10 años (SSP, 2017a).
El principal objetivo de la gestión penitenciaria es el control social (Griffin & Hepburn, 2013). La literatura ha llegado al consenso de que la seguridad institucional y la seguri- dad personal de los trabajadores penitenciarios y de los reclusos son requisitos previos para una prisión bien administrada (DiIulio, 1987; Reisig, 2002; Steiner, 2009; Useem y Kimball, 1989; Cullen et al., 1993).
Los centros penitenciarios imponen códigos de conducta para controlar los com- portamientos que pudieran afectar a la seguridad y el orden institucional (DiIulio, 1987; Gendreau et al., 1997; Kruttschnitt & Gartner, 2005; Reisig, 2002; Steiner & Wooldredge, 2014). Sin embargo, eventualmente pueden darse diversos actos de in- disciplina. En cierto modo, las cárceles obedecen a la existencia de infractores de la ley (Trajtenberg & Sánchez de Rivera, 2019).
En el caso de incidentes de alto impacto o relevancia mediática también impacta a las familias de los internos por la falta de información, la estigmatización y la incertidumbre del estado de sus familiares reclusos (Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona, 2006; Trajtenberg & Sánchez de Rivera, 2019). Posteriormente, la administración del centro se ve afectada por los efectos del estrés laboral que existe en un entorno violento y hostil generando rotación laboral entre el personal penitenciario, volviéndolo un problema de recursos humanos para la organiza- ción (Sorensen & Cunningham, 2007; Goetting & Howsen, 1986; Lambert et al., 2015).
Varios estudios han demostrado que gran parte del personal del centro penitencia- rio cree que su entorno de trabajo se caracteriza por una amenaza constante para su
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seguridad personal (Cullen et al., 1985; Wright et al., 1997). En este sentido, se genera un ambiente carcelario que socava los esfuerzos de rehabilitación para los internos (Liebling, 2004) y genera condiciones para una alta reincidencia delictiva (Dammert & Zúñiga, 2008), ya que casi todos los reclusos, excepto aquellos que mueren en prisión, regresarán a la comunidad en algún momento de su vida (Detersoria, 2003).
Desde el punto de vista de los administradores de la prisión, se desearía detectar las conductas inapropiadas pues ponen en peligro la seguridad de la institución. Es decir, si los internos con mayor riesgo de cometer delitos y aquellos en riesgo de ser atacados pudieran ser identificados desde el comienzo de su encarcelamiento, las autoridades podrían monitorear su comportamiento (Gendreau, 1997; Lovell & Jemelka, 1996; Sorensen & Cunningham, 2007) y así diseñar políticas preventivas para minimizar sus consecuencias (Arbach et al., 2012; Cunningham & Sorensen, 2007).
La mayoría de los estudios sobre incidentes penitenciarios en el mundo han sido rea- lizados en el contexto de Estados Unidos y, en segundo lugar, en Europa. En América Latina, el tema ha sido estudiado de manera limitada, con casos relevantes en Chile, Brasil y en menor medida en Argentina y Uruguay, no así en México (Sanhueza et al., 2015; Trajtenberg & Sánchez de Rivera, 2019; Barriga, 2012; Sanhueza, 2014; Isla &
Míguez, 2003).
Los incidentes disciplinarios están vinculados con el concepto de mala conducta o mal comportamiento penitenciario que, por definición, abarca actos violentos y no violentos contra el personal, la seguridad, la infraestructura o entre internos. Esto incluye actos como peleas, riñas masivas, disturbios, homicidios, fugas y robos, entre otros (Wooldredge et al., 2001). Estos incidentes se registran por parte del personal de la prisión como infracciones disciplinarias por violación a los reglamentos internos. Por lo tanto, una infracción disciplinaria también se puede definir como cualquier com- portamiento lejos de lo esperado con una tendencia violenta, potencialmente violenta y no violenta que constituye una falta a las reglas del centro penitenciario (Camp et al., 2003; Arbach & Martínez, 2012).
El concepto de mala conducta penitenciaria (inmate misconduct en inglés) es un tema de intenso debate en la literatura (Reisig, 2002; Useem & Reisig, 1999) por la
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importancia de entender este fenómeno, es decir, qué factores influyen, por qué su- ceden los incidentes, bajo qué condiciones y sus efectos en la prisión (Reisig, 2002; Gendreau et al., 1997).
Dada su relevancia en las prisiones alrededor del mundo, existen estudios que han abordado desde distintas perspectivas las causas de estas infracciones. Por ejemplo, Trajtenberg & Sánchez de Rivera (2019) incluyen perspectivas sociológicas, Blevins et al. (2010) presentan la Teoría General de la Tensión (GST, siglas en inglés) que intenta agrupar los modelos de importación y privación desde el concepto criminológico del “afrontamiento”, Steinke (1991) sostiene la teoría situacional que incluye variables circunstanciales como la temperatura u hora del día; la Teoría de la Legitimidad de Tyler (1990), en donde los niveles de actos de mala conducta tienen relación directa con la percepción de legitimidad que los internos tienen de las autoridades y funcionarios del sistema penitenciario, entre otras.
Van Hasselt & Bourke (2018) describen las tres perspectivas más importantes en este debate: el modelo de privación o deprivación, de importación y del control administra- tivo. Sostienen que los incidentes de mala conducta de los reclusos comportan algún aspecto de cada uno de los tres. También es compartido por diversos autores el hecho de que cada uno de estos modelos no explica completamente el fenómeno (MacDonald, 1999; Paterline & Petersen, 1999, citados en Jiang & Fisher-Giorlando, 2002).
El modelo de privación, según Taft & Clemmer (1940), establece que la mala conducta en la prisión surge como una respuesta adaptativa a las tensiones dentro de las cárceles. Cooley (1993) y Gaes (1994) utilizan como factores explicativos la superpoblación, el nivel de seguridad del centro y la duración de las sentencias, entre otros. El hacina- miento y la infraestructura son las principales variables en este modelo (Dâmboeanu & Nieuwbeerta, 2016; Goodstein et al., 1984; Goodstein & Wright, 1989).
El hacinamiento aumentaría la prevalencia de incidentes de mala conducta debido a la interacción forzada entre las personas y las invasiones al espacio personal. En América Latina, Barriga (2012) afirma que, en promedio, se tienen sistemas penitenciarios con al menos 70% de ocupación, con ejemplos extremos como 100% en Argentina y 300% en Haití.
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El uso de este concepto es variado y de contrastes; por ejemplo, Anson & Hancock (1992) y Useem & Reisig (1999) observaron que una mayor sobrepoblación aumenta el riesgo de agresiones. Wooldredge, et. al (2001) afirma que además de agresiones, la sobrepoblación se vincula con otros incidentes como el robo y el uso de drogas, su- giriendo que esto se debe a la proximidad física entre internos que provoca una celda sobrepoblada. Sin embargo, Camp et. al (2003) citado en Van Hasselt & Bourke (2018) no encontró como estadísticamente significativo al hacinamiento como predictor de actos de mala conducta.
Useem & Reisig (1999) en su estudio sobre protestas masivas y motines dentro de prisiones en Estados Unidos utilizaron el hacinamiento como variable de control en una prueba de la teoría del control administrativo y encontraron un efecto opuesto y poco significativo. Lo mismo aplica para Franklin et al. (2006) que con 120 bases de datos en prisiones de Estados Unidos tampoco identificaron el hacinamiento como predictor de mala conducta.
En el caso de la infraestructura, se afirma que las condiciones existentes en un centro penitenciario son determinantes de la calidad de vida de los internos (Nyandiko, 2012). Las condiciones de las celdas, el nivel de ruido y el tipo de celda son aspectos que ge- neran estrés y estragos en las personas (Blevins et al., 2010). Por su lado, Dâmboeanu & Nieuwbeerta (2016) encontraron evidencia de aspectos físicos de la infraestructura como detonador de mala conducta en una prueba del modelo de privación en Rumanía. De igual modo, Nyandiko (2012) sostiene que la infraestructura per se no es la única explicación de actos de mala conducta.
Por otro lado, el modelo de importación establece que el comportamiento de los reclusos refleja los valores y comportamientos que los mismos internos trajeron a la cárcel desde el exterior (Irwin, 1970; 1981; Irwin & Cressey, 1962). Las variables utilizadas son grupo étnico, sexo, edad, estado civil, nivel educativo, historial de condenas previas, empleo, tipo de crimen, pertenencia a grupos criminales y consumo de drogas, entre otras (Chapman & Alexander, 1981; Goodstein & Wright, 1989; Wooldredge, 1991; DeLisi, 2003).1
1. En el estudio de Schenk & Fremouw (2012) se emplea raza como variable. Son estudios que están en el contexto de Estados Unidos, el cual no es generalizable a nivel mundial. En México, los sistemas penitenciarios no utilizan esta variable en sus registros.
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Por ejemplo, en el caso de la edad, de acuerdo con Griffin & Hepburn (2013), estudios como Hirschi & Gottfredson (1983) afirman que está asociada con su probabilidad de mal comportamiento de tipo violento y no violento en la prisión, de tal manera que una persona joven es más proclive a participar en una infracción que una persona adulta o anciana. Bajo esta misma idea, existen otros estudios como Bell & Lindekugel (2015), Lahm (2008), Lahm (2009), Ellis (1984) y Ellis et al. (1974) que demuestran que la probabilidad de infracciones disciplinarias es mayor entre las poblaciones de reclusos más jóvenes. Motiuk (1991), utilizando variables del modelo de importación, también obtuvo resultados significativos para esta va- riable. Pero cabe destacar que otros investigadores como Gaes & McGuire, (1985) encontraron que la edad de los reclusos no estaba relacionada con el nivel de mala conducta en la prisión.
La escolaridad del individuo ha tenido resultados mixtos como predictora de inci- dentes. Por ejemplo, Wooldredge et al. (2001) citado por Bell & Lindekugel (2015) encontraron que la educación es un predictor de mala conducta y sostienen que un menor grado educativo está asociado a comportamientos de mala conducta, especí- ficamente, violentos. En contraste, Wooldredge & Steiner (2009) en un estudio para Estados Unidos hallaron que la educación por sí sola no era un predictor, pues dependía de otros factores como el estilo de vida y el grupo étnico de pertenencia. Como se observa, los estudios no son concluyentes y tal como mencionan Schenk & Fremouw (2012), esta es una variable dinámica durante el encarcelamiento y eso puede generar inestabilidad en el estudio.
Modelo del control administrativo
A diferencia de los otros modelos presentados, el modelo del control administrativo identifica una combinación de factores personales y contextuales en relación con el personal de seguridad, los gerentes y la gobernanza como determinantes centrales del comportamiento de los reclusos (Van Hasselt & Bourke, 2018). Tal como lo plantea Benefiel (2015), esta teoría no reemplaza a las de privación e importación, sino que se suma a ellas al afirmar que la gestión de calidad es esencial para el mantenimiento de un entorno ordenado en peligro por los efectos de la privación y la importación.
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Diversos investigadores le dan su propio lugar distintivo sosteniendo que el modelo del control administrativo supone que los funcionarios y administradores de la prisión son determinantes críticos del comportamiento de los reclusos, individual y colectiva- mente (DiIulio, 1987; Useem & Kimball, 1989; Reisig, 2002). Tres variables se conside- ran fundamentales en el modelo del control administrativo: Comunicación, Programas remunerativos y Legitimidad. Gran parte de los estudios sobre el tema se han realizado a nivel del individuo y estudian estas variables (Dias & Vaughn, 2006; Bottoms, 1999; Sanhueza, 2014; Benefiel, 2015; Nyandiko, 2012; Steiner 2008; Vaughn, 1996).
Comunicación: Representa un vínculo entre las autoridades y los reclusos. Algo esencial para el correcto funcionamiento de una cárcel es una comunicación efectiva entre la administración y los reclusos (Benefiel, 2015). Trammell et al. (2014) en sus entrevistas en profundidad con internos destacaron la importancia de la comunicación abierta con los reclusos. Asimismo, en entrevistas con personal de custodia, estos comentaron que mediante la comunicación efectiva previenen problemas y les advierten o hablan sobre su comportamiento. Por otro lado, Blevins et al. (2010) señalan que el paradigma punitivo dentro de las administraciones penitenciarias donde se busca el castigo y no la rehabilitación de las personas es un obstáculo para una correcta comunicación. Sin embargo, las relaciones positivas entre los internos y el personal pueden ser beneficiosas para ambos grupos respecto a la resolución de problemas (Trammell et al, 2014). Los estudios indican que la comunicación efectiva crea confianza en la organización (Camp, 1994; Mayer & Davis, 1999).
Legitimidad: Concepto clave en todos los niveles de las relaciones de intercambio social en prisión. La percepción de los internos sobre la autoridad legítima del personal para hacer cum- plir las regulaciones está documentada ampliamente (Hepburn, 1985; Reisig & Mesko, 2009; Benefiel, 2015; Bottoms, 1999; Tyler, 2006). En sintonía con esto, Tyler (2006) sostiene que la legitimidad es un proceso colectivo que involucra a los actores que desarrollan cogniciones sobre un objeto social (autoridades, reglas, procesos, instituciones, etc.) que consideran válido. Bottoms (1999) señala que los internos tenderán a obedecer a los miembros del personal y a las autoridades si los perciben como profesionales legítimos al aplicar las reglas e imponer el orden, por tanto, la legitimidad se relaciona con la justicia y la injusticia. Si las personas privadas de su libertad ven justicia, comprensión y coherencia en sus autoridades, estos serán vistos como legítimos. Cada miembro del personal representa a la institución y debe comportarse como tal. Si las personas privadas de libertad perciben arbitrariedad, reglas poco claras y un trato injusto
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de su dignidad, los eventos de mala conducta de los reclusos pueden aumentar (Bottoms, 1999; Hepburn, 1985).
Programas remunerativos / Controles remunerativos: Entre estos controles están los pro- gramas de rehabilitación social. La literatura afirma que numerosas prisiones operan con presu- puestos bajos, lo cual tiene un impacto sobre la disponibilidad de programas para los internos. No todos los programas implican una remuneración monetaria, sino también habilidades y destrezas. Programas de estos tres tipos conviven en Hermosillo I (Secretaría de Seguridad Pública de Sonora [SSP], 2018a; 2018b; 2018c; 2018d; 2018e).
Estudios como Huebner (2003); Sanhueza (2014); Walrath (2001); Dilulio (1991) y Useem & Kimball (1989) argumentan que los controles remunerativos son signifi- cativos para reducir la violencia entre reclusos. Del mismo modo, Lovell & Jemelka (1996) han demostrado que los programas además de reducir dicho comportamiento de mala conducta representan ahorros frente a otras estrategias de gestión.
Ya en detalle, French & Gendreau (2006) encontraron que tener programas de desarrollo personal, ya sea que aborden directamente el comportamiento o no, tiene un fuerte efecto en la reducción de incidentes y reincidencia. Por ejemplo, Sanhueza (2014) y Walrath (2001) mostraron que una mayor proporción de reclusos que tra- bajan en programas relacionados con la educación, la formación profesional o de corte industrial estaba asociada con menores tasas de comportamientos disruptivos. Otra evidencia está en Morgan & Flora (2002) que en su metaanálisis insisten en la importancia de estos programas, especialmente en los de desarrollo personal y estabilidad mental.
Blevins et. al (2010) aborda el tema de los incentivos, señalando que la participa- ción en programas y la disminución de incidentes pueden estar relacionados con el hecho de que se tomen en cuenta para lograr beneficios como la libertad condicional, los esquemas de conmutación de la condena por buena conducta, así como diversos beneficios en el proceso penal. Así entonces, si su participación en actividades afecta a su capacidad de obtener la libertad condicional, la falta de acceso o denegación de acceso es probable que produzca ira y resentimiento, pues sentirán que fueron tratados de manera injusta.
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La prisión en crisis: Quiebres organizacionales
Griffin & Hepburn (2013) y Reisig (2002) argumentan que indicadores tales como repetidos intentos de fugas, aplicación inconsistente de reglas, cadena de mando in- eficaz, administración inexperta, conflicto entre la administración y el personal, y la alteración arbitraria de las rutinas diarias de los internos tales como la comida, el tra- bajo y la recreación generan quiebres organizacionales (en inglés, breakdowns). Estos quiebres erosionan la estructura de la prisión, la fragmentan y debilitan, las medidas de seguridad se reducen, las condiciones y los servicios de la prisión se deterioran y la privación de los internos aumenta más allá de los niveles tolerables (Useem & Kimball, 1989; Benefiel, 2015; Huebner, 2003; Nyandiko, 2012, Blevins et al., 2010). Por lo tanto, cuanto más insatisfechos están los reclusos con la administración penitenciaria, más probable es que participen en actos de mala conducta individual y colectiva porque la falta de control en la operación convence a los internos de que “el sistema es o se ha vuelto vulnerable” (Nyandiko, 2012).
Con base a lo que mencionan Dias & Vaughn (2006), las organizaciones penitenciarias que experimentan un quiebre organizacional han relegado la existencia de canales flexibles de comunicación para recibir retroalimentación de las personas privadas de la libertad. La organización se cierra y no se permite reconocer los signos del inminente quiebre.
Distintas variables pueden hacer visible el quiebre organizacional. Primeramente, el grado de manifestación de los internos. Benefiel (2015) comenta que estos deben tener canales de comunicación tanto con el personal como con los administradores de la prisión. McCleery (1961) afirma que la prisión debe permitir un grado de ini- ciativa a los internos, construida de forma racional y bien dirigida. En segundo lugar, el grado de consulta que tiene la organización hacia los internos, de manera que, en dicha apertura, los internos deben ser consultados cuando existen cambios en las rutinas y disposiciones (Useem & Kimball, 1989). Finalmente, la existencia de un sistema de recompensas para imponer orden y disciplina, lo que en política pública se ha acuñado como gobernar con el garrote y la zanahoria. A medida que la orga- nización premia y castiga comportamientos, los internos van moldeándose hacia un statu quo donde todos ganen (Useem & Kimball, 1989). Esto puede conllevar mejores condiciones dentro de la prisión, posibilidad de tener un oficio y generar recursos,
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posibilidad de acceder a un esquema de liberación temprana, así como la imposición de castigos como reubicación de pabellón o celda o incluso de prisión, bajo estricto apego a sus derechos humanos.
Para resolver este problema, estudios como el de Reisig (1998) abogan por un enfoque en el que el énfasis en la discreción de los empleados, la comunicación or- ganizacional y las respuestas a las violaciones de las reglas de los reclusos se equilibre con las necesidades de la organización y sus miembros, en un entorno institucional más amplio.
Las prisiones a nivel nacional se subdividen en estatales y federales: las primeras son administradas por las entidades federativas y albergan personas privadas de su liber- tad sujetas al fuero común, en tanto que las prisiones a cargo del Gobierno Federal, llamadas CEFERESOS, albergan personas sujetas al fuero federal (por delitos de alto impacto entre los que destacan el narcotráfico, el secuestro y la posesión de armas exclusivas de las Fuerzas Armadas, entre otros).
En el sistema penitenciario mexicano se registran los siguientes incidentes: riñas, motines, homicidios, intentos de fuga, fugas, autoagresiones y agresiones a terceros. En algunos estados, se incluyen lesiones y suicidios, siendo las riñas y las lesiones los incidentes con mayor prevalencia (OADPRS, 2016a, 2017b).
Como se mencionó anteriormente en el contexto mexicano, Sonora figura como una de las entidades líderes en el número de incidentes disciplinarios, específicamente en riñas. Su excepcionalidad radica en que se comporta contrario a lo esperado en la literatura. Esto es, que su sistema penitenciario no se destaca por una población numerosa, alta proporción de reclusos por miembro del personal de seguridad ni por la presencia de otro tipo de infracciones disciplinarias como fugas o motines, varia- bles citadas como posibles detonadoras de infracciones (OADPRS, 2016b; Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 2016; Gendreau et al., 1997; Sanhueza, 2014; Fox, 1958; Reisig, 2002).
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Para ilustrar, en 2015 Sonora reportó 326 incidentes, su cifra más alta, mientras que el promedio nacional fue de 33 (SSP, 2017b; OADPRS, 2015; 2016a; 2016b; 2017a; 2017b; 2018).
Al momento del estudio (agosto de 2017), la población en reclusión en Sonora era de 8078 personas representando el 3.87% de la población penitenciaria mexicana situándose en la quinta posición. En la distribución por sexo, el 95.27% de población era de sexo masculino, en tanto que el 4.7% del sexo femenino.
Actualmente, el sistema penitenciario del estado de Sonora, está integrado por 13 Centros de Readaptación Social y una Dirección General. Los centros se encuentran ubicados en los municipios de Agua Prieta, Caborca, Cajeme (en su cabecera Ciudad Obregón), Guaymas, Hermosillo (Hermosillo I y II), Huatabampo, Magdalena, Navojoa, Nogales (Nogales I y II), Puerto Peñasco y San Luis Río Colorado. Cada centro penitenciario tiene diferentes áreas para su administración: jurídica, adminis- trativa, técnica y de seguridad (SIEP, 2004).
Tabla 1. Estadísticas descriptivas por centro penitenciario del estado de Sonora, agosto 2017
Centro | Población | Hombres | Mujeres | Sobrepoblación relativa |
Agua Prieta | 255 | 249 | 6 | -18% |
Caborca | 343 | 341 | 2 | 65% |
Cd. Obregón | 1,232 | 1,143 | 89 | 40% |
Guaymas | 481 | 459 | 22 | -12% |
Hermosillo I | 3,116 | 2,989 | 127 | 37% |
Hermosillo II | 496 | 496 | 0 | -46% |
Huatabampo | 155 | 151 | 4 | 19% |
Magdalena de Kino | 58 | 58 | 0 | -36% |
Navojoa | 190 | 190 | 0 | 19% |
Nogales Femenil | 90 | 0 | 90 | -52% |
Nogales II | 966 | 966 | 0 | -35% |
Puerto Peñasco | 126 | 124 | 2 | -13% |
San Luis Río Colorado | 570 | 530 | 40 | 12% |
Fuente: Elaboración con datos de OADPRS (2016a)
Dada esta situación, se procedió a realizar un estudio dentro del Centro de Reinserción Social Hermosillo I para conocer más en detalle las variables que se vin- culan como detonantes de incidentes disciplinarios. Hermosillo I es la prisión más
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importante del estado, la más poblada y con más incidentes registrados (Secretaría de Seguridad Pública de Sonora [SSP], 2017a; OADPRS, 2017a); SSP, 2017a), englobando por sí sola el 40% de los mismos, en promedio, en los últimos 10 años.
El estudio vincula las variables del modelo del control administrativo y su relación con los quiebres administrativos, es decir, si su relación es significativa en la proclividad de un interno a realizar actos de mala conducta. Es así como se procedió a utilizar la comunicación, los programas remunerativos y la legitimidad como variables indepen- dientes, mientras que la variable dependiente es el quiebre organizacional. Se incluyeron 4 variables de control: el grado educativo y la edad (del modelo de importación), y el hacinamiento y la infraestructura (del modelo de privación).
Figura 1. Marco conceptual en SmartPLS
Fuente: Elaboración propia.
La hipótesis general es que la incidencia de infracciones disciplinarias ocurre debido a fallas en la gestión organizacional de las cárceles, es decir, quiebres organizacionales que, en consecuencia, erosionan la organización y la debilitan en su capacidad del ejer- cicio de sus funciones. De aquí se derivan las tres hipótesis a probar:
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H1: Una comunicación efectiva entre internos y personal/organización conlleva un menor número de infracciones disciplinarias.
H2: A mayor percepción de legitimidad por parte de los internos, menor número de infracciones disciplinarias.
H3: La existencia de programas remunerativos está asociada con un menor número de infrac- ciones disciplinarias.
El marco conceptual utilizado en este estudio se representa en la figura 1.
Una vez definidas las hipótesis y el marco conceptual, en esta sección se menciona la medición de cada una de las variables latentes, el instrumento utilizado, la población y el muestreo realizado.
Medición de conceptos
1 Medición del quiebre organizacional
Tal como hicieron Wooldredge et al. (2001), para el cálculo del quiebre organizacional se ven todos los incidentes de mala conducta en una sola variable dependiente porque no hay jerarquía de incidentes o de castigos por tipo de infracción en los reglamentos de los centros penitenciarios de Sonora (Sistema Estatal Penitenciario de Sonora [SIEP], 2017).
El quiebre organizacional, al ser una variable no observable, adquiere el nombre de variable latente pues es observado por ítems de encuesta (de primer orden) u otras va- riables (de segundo orden) (Reinartz et al., 2004). En este caso, es una variable latente de segundo orden, compuesta a partir de 3 variables latentes utilizadas por Useem & Kimball (1989): Manifestación, Consulta y Sistema de Recompensas.
Manifestación es una variable que se mide con tres ítems dicotómicos. En el caso de Consulta, se mide con 2 ítems dicotómicos. Finalmente, Sistema de Recompensas se mide con dos ítems en una escala Likert de 11 puntos.
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Medición de la variable comunicación
Esta variable evalúa la percepción de los reclusos sobre su comunicación con el personal de seguridad, los internos y las autoridades penitenciarias. Esta variable fue medida con 3 ítems usando una escala Likert de 11 puntos (Wittink & Bayer, 2003) que se refiere a la calificación dada por los internos a la calidad de la comunicación que tienen con la organización, que oscila entre 0 y 10, siendo 10 la mejor calificación posible.
Medición de la variable legitimidad
Esta variable evalúa la percepción de los internos de la legitimidad de las autoridades percibida. Contiene 5 ítems usando una escala Likert de 11 puntos (Wittink & Bayer, 2003) que oscila entre 0 y 10, siendo 10 la mejor calificación posible.
Medición de la variable programas/controles remunerativos
Esta variable evalúa la percepción de los internos sobre los programas existentes en el centro penitenciario. Contiene 3 ítems usando una escala Likert de 11 puntos (Wittink & Bayer, 2003) que oscila entre 0 y 10, siendo 10 la mejor calificación posible.
Medición de variables de control
La variable hacinamiento fue medida a partir de dos ítems de escala continua, evaluando el número de personas en la celda y el número adecuado según la percepción del interno. En el caso de la escolaridad, fue medida en cinco categorías, basadas en el orden del sistema educativo mexicano: primaria, secundaria, medio superior (preparatoria / escuela técnica
/ escuela comercial), universidad y posgrado (maestría, doctorado o mayor). Finalmente, la variable de infraestructura se midió a partir de 3 ítems que analizan la percepción de las condiciones de infraestructura del centro, específicamente, edificios, sanitarios y celdas, con una escala de Likert de 5 puntos oscilando entre 1 (muy mala) y 5 (excelente). En el caso de la variable de edad se usó el valor discreto para cada entrevistado.
Instrumento
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Con base en los instrumentos de Benefiel (2015), Sanhueza (2014), Comisión Nacional de los Derechos Humanos (2016), México Evalúa (2016) y del sistema penitenciario del estado de Pensilvania, Estados Unidos (2017), se construyó un instrumento para abarcar las variables a medir en esta investigación. Los estudios sobre el tema han uti- lizado cuestionarios aplicados a internos (Sanhueza, 2014; Benefiel, 2015; Nyandiko, 2012). Los cuestionarios constaron de 40 preguntas, de las cuales se usaron 11 para el presente estudio. Las preguntas restantes sirvieron para otros análisis realizados por el autor. El instrumento se muestra en la tabla 2.
Tabla 2. Lista de ítems y variables
Constructo | Código | Número de preguntas | Tipo | Ítem |
Quiebre organizacional | M1 | P14A | Dummy (Si/No) | Si usted quiere proponer o no está de acuerdo con algo, ¿tiene la posibilidad de manifestarse? |
M2 | P15 | Dummy (Si/No) | En caso de que no, ¿le han explicado por qué? | |
M3 | P16 | Dummy (Si/No) | En caso de que no, ¿está usted de acuerdo con ello? | |
S1 | P36A | Likert (11 opciones, 0 a 10) | ¿Qué tan recompensado se siente por las autoridades por su disciplina, desempeño y esfuerzo dentro de la prisión? | |
S2 | P37A | Likert (11 opciones, 0 a 10) | ¿Si usted tiene un problema con otro interno o custodio, qué tan satisfactoria es la manera en que sus superiores tratan su problema? | |
CO1 | P8 | Dummy (Si/No) | Cuando se toma una decisión en el centro sobre cambios (en las rutinas, en los procedimientos de visitas, talleres y actividades recreativas), ¿les consultan antes de decidir? | |
CO2 | P9A | Dummy (Individual/ Grupal) | ¿De qué manera usted participa? | |
Comunicación | C1 | P32 | Likert (11 opciones, 0 a 10) | ¿Cómo es su comunicación con los internos de su celda/dormitorio? |
C2 | P33 | Likert (11 opciones, 0 a 10) | ¿Cómo considera su comunicación con los custodios? | |
C3 | P34 | Likert (11 opciones, 0 a 10) | ¿Cómo considera su comunicación entre usted y la prisión? | |
Legitimidad | L1 | P19 | Likert (11 opciones, 0 a 10) | ¿De qué manera le dan las recomendaciones o instrucciones que tiene que hacer? |
L2 | P20 | Likert (11 opciones, 0 a 10) | ¿Qué tanto se siente escuchado en sus opiniones? | |
L3 | P29 | Likert (11 opciones, 0 a 10) | ¿Las reglas dentro del Centro son justas para los internos? | |
L4 | P30 | Likert (11 opciones, 0 a 10) | ¿Estoy a favor de las decisiones que toman custodios y altos mandos incluyendo las que lo toman y no toman en cuenta? | |
L5 | P31 | Likert (11 opciones, 0 a 10) | ¿Las decisiones tomadas por los superiores lo convencen a usted? |
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Programas remunerativos | P1 | P24 | Likert (11 opciones, 0 a 10) | Calificación del tiempo que duró el curso de capacitación |
P2 | P25A | Likert (11 opciones, 0 a 10) | ¿Calificación de variedad de temas donde usted recibe capacitación? | |
P3 | P27 | Likert (11 opciones, 0 a 10) | ¿Qué calificación otorga a la capacitación recibida? | |
Variables de control | H1 | P3 | Escala continua | ¿Cuántas personas están en su celda o dormitorio? |
H2 | P4A | Escala continua | ¿Cuántas personas considera apropiado para una celda o dormitorio? | |
I1 | P57 | Likert (5 opciones, muy mala a excelente) | ¿Cómo evalúa usted las condiciones del edificio del penal? | |
I2 | P58 | Likert (5 opciones, muy mala a excelente) | ¿Cómo evalúa usted las condiciones de las celdas del penal? | |
I3 | P59 | Likert (5 opciones, muy mala a excelente) | ¿Cómo evalúa usted las condiciones de los sanitarios del centro? | |
ED1 | P1 | Escala ordinal | ¿Cuál fue el último grado que cursó en la escuela? | |
ES1 | P66 | Escala continua | Edad |
Fuente: Elaboración propia.
Población y muestreo
Como se mencionó en la tabla 1, el CERESO Hermosillo I, la prisión más importante y poblada del estado, contaba en agosto de 2017 con una población de 3116 perso- nas, 2989 hombres y 127 mujeres. El estudio fue realizado durante los días hábiles de agosto de 2017 por medio de una pasantía académica en la Universidad de Sonora como parte de los estudios de maestría del autor en FLACSO México. Para el ingreso a las instalaciones se tramitó un permiso ante la Secretaría de Seguridad Pública del estado, siendo aceptado y firmado por el secretario en carta dirigida al director del centro penitenciario. Posteriormente, tras una entrevista con el director y exposición de motivos de la investigación se canalizó al autor con la Coordinación de Seguridad del centro penitenciario donde el personal de custodios acompañó al autor en sus recorridos dentro del centro.
Debido a la naturaleza del tipo de población en estudio, es decir, personas privadas de la libertad, el tipo de muestreo seleccionado fue de tipo bola de nieve (“snowball”), un método no probabilístico que se usa con frecuencia para acceder a individuos con acceso difícil o en un contexto complicado (Espinosa, 2018; Goodman, 1961; Baltar & Brunet, 2012; Morgan, 2008; Cohen, 2011, Browne, 2005). Este muestreo utiliza un pequeño grupo de informantes iniciales y, después, estos invitan y eligen a otros participantes
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que cumplan con los criterios de elegibilidad y que potencialmente puedan contribuir a un estudio específico. De esta manera, por un lado, el investigador atrajo a gente alea- toriamente y por otro, los encuestados atrajeron a través de sus redes a otros internos ampliando el alcance de la encuesta.
La muestra se definió a partir de la población masculina del centro que constaba de 2989 individuos. Para esto, se siguió lo propuesto para PLS-SEM, por Cohen (1988), Kock & Hadaya (2018) y Hair et al. (2014) respecto al número de variables indepen- dientes hacia la variable dependiente, por lo que al menos 128 era una N válida. El tamaño de muestra es suficiente para una potencia estadística del 80% para detectar valores de R² de al menos 0.10 (con una probabilidad de error del 5%).
Para interactuar con los internos, se habilitó un espacio en la biblioteca del centro para que contestaran los cuestionarios, y desde una explanada se explicaba el estudio a los interesados, así como el procedimiento, la confidencialidad y la utilidad de la investigación.
Se utilizaron láminas guía para explicar e ilustrar la manera de responder a los inter- nos. El autor administró todos y cada uno de los cuestionarios con el consentimiento informado de los participantes. Así pues, estos se aplicaron de manera personalizada a cada interno, evitando el sesgo de que compartieran respuestas. Asimismo, se les informó sobre los objetivos de la investigación y de que su colaboración no conllevaba ningún beneficio penitenciario.
Cada encuesta estaba foliada, sin pedir el nombre de cada interno para cuidar la con- fidencialidad de las respuestas de los participantes. El tiempo dedicado a responder cada cuestionario osciló entre los 20 y los 35 minutos. Al final del proceso, se obtuvieron 129 cuestionarios válidos y correctamente completados.
La edad promedio de los participantes fue de 33.54 años (desv. estándar= 9.60). Con respecto a su nivel educativo, el 10.8% de las personas que respondieron a la encuesta no tenían educación primaria, el 16.2% tenía estudios de educación primaria, el 45% tenía estudios de educación secundaria, el 23.2% tenía estudios de educación media superior / escuela técnica y el 4.7% tenía estudios universitarios o superiores.
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Análisis de los datos
El estudio precisó de un análisis factorial exploratorio y de la modelación PLS (Partial Least Squares Method). PLS es especialmente adecuado para el análisis de muestras pequeñas y para datos que no exhiben la distribución normal multivariada requerida por el SEM basado en covarianza (Thompson et al., 1995). Se empleó una matriz de correlación para identificar problemas potenciales como la multicolinealidad (Field, 2005). No se encontró ninguna, así que se descartó esa posibilidad.
En la investigación en ciencias sociales, el análisis factorial exploratorio (AFE) precede al análisis factorial confirmatorio (AFC), no obstante, en este estudio, por el tamaño de la muestra, no se realizó dicho AFC, y en lugar de esto, se realizó una modelación PLS-SEM, que funciona para muestras de menor tamaño.
El AFE de todas las variables independientes arrojó tres factores basados en el criterio de rotación Varimax (Pallant, 2005) con valores mayores o iguales a 0.5. Estas cargas muestran que el AFE no descartó preguntas y que las 11 preguntas se distribuyen apropiadamente para medir los 3 constructos del modelo del control administrativo. La variable dependiente también tuvo un resultado exitoso al formarse el constructo de quiebre organizacional con las preguntas correspondientes (tabla 3).
Tabla 3. AFE para variables independientes y dependientes
Variables independientes | Variable dependiente y sus constructos | ||||||
Variable | Factor 1 | Factor 2 | Factor 3 | Variable | Factor 1 | Factor 2 | Factor 3 |
P19 | 0.5824 | P14A | 0.9121 | ||||
P20 | 0.5503 | P15 | 0.9599 | ||||
P29 | 0.7088 | P16 | 0.8997 | ||||
P30 | 0.8405 | P36A | 0.5446 | ||||
P31 | 0.7651 | P37A | 0.6736 | ||||
P24 | 0.8377 | P8A | 0.7434 | ||||
P25A | 0.5597 | P9A | 0.6166 | ||||
P27 | 0.5163 | Espacios en blanco representan cargas menores 0.5 | |||||
P32 | 0.8117 | ||||||
P33 | 0.7895 | ||||||
P34 | 0.5744 | ||||||
Espacios en blanco representan cargas menores 0.5 | |||||||
Fuente: Elaboración propia.
Resultados
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Con el apoyo de SmartPLS 2.0 M3 (Ringle et al., 2005), las hipótesis del estudio fueron puestas a prueba por los criterios propuestos por Jabbour et al. (2015):
Varianza extraída promedio (AVE) mayor a 0.5 (Hair et al., 2011; Latan & Ghozali, 2012);
Fiabilidad compuesta mayor a 0.7 (Hair et al., 2011; Latan & Ghozali, 2012)
Raíz cuadrada de AVE mayor que la correlación del constructo (Latan & Ghozali, 2012);
Alfa de Cronbach mayor a 0.6 (Hair et al., 2011; Latan & Ghozali, 2012);
Comunalidad mayor a 0.6 (Latan and Ghozali, 2012);
Valores t cercanos a 1.65, 1.96 y 2.58 para los niveles de significancia 10%, 5% y 1%, respec- tivamente (Hair et al.,2011; Latan & Ghozali, 2012).
AVE, comunalidad y la raíz cuadrada de AVE fueron utilizados para medir la validez del modelo. Asimismo, el alfa de Cronbach y confiabilidad compuesta fueron utiliza- dos para medir la confiabilidad. Posteriormente, el estadístico t se adoptó para probar las hipótesis. La tabla 4 presenta un resumen de los resultados, donde los indicadores estadísticos mostraron valores satisfactorios superiores a los niveles mínimos de refe- rencia presentados por Jabbour et al. (2015):
Tabla 4. Resultados PLS por variables
Constructo | Preguntas | Confiabilidad del indicador | AVE | Confiabilidad compuesta |
Quiebre organizacional | M1 | 0.951 | 0.51 | 0.8263 |
M2 | 0.968 | |||
M3 | 0.944 | |||
S1 | 0.809 | |||
S2 | 0.860 | |||
CO1 | 0.963 | |||
CO2 | 0.933 | |||
Comunicación | C1 | 0.805 | 0.665 | 0.8673 |
C2 | 0.834 | |||
C3 | 0.807 | |||
Legitimidad | L1 | 0.813 | 0.5923 | 0.8789 |
L2 | 0.756 | |||
L3 | 0.728 | |||
L4 | 0.772 | |||
L5 | 0.775 | |||
Programas remunerativos | P1 | 0.740 | 0.6061 | 0.8216 |
P2 | 0.831 | |||
P3 | 0.760 |
Fuente: Algoritmo PLS vía SmartPLS.
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Para todas las variables latentes, el AVE obtuvo valores superiores a 0.51, la fiabi- lidad compuesta mostró valores superiores a 0.8216 y la confiabilidad del indicador obtuvo un valor mínimo de 0.728. En cuanto a la comunalidad y el Alfa de Cronbach se obtuvieron valores por encima de 0.6 cumpliendo con el criterio establecido por Latan & Ghozali (2012). Por lo tanto, el modelo pasó los criterios para decir que los resultados son válidos y confiables.
La figura 2 muestra las cargas por variable. Los senderos entre las variables latentes muestran que las tres variables independientes tienen una relación negativa con la va- riable de quiebre organizacional, como se esperaba. A pesar de esto, solo la comunica- ción y la legitimidad son significativas en el modelo. Los programas remunerativos no fueron significativos en su relación con el quiebre organizacional, aunque la relación fue negativa. Finalmente, debe notarse que las variables de control no fueron significativas.
Figura 2. Cargas por variable en SmartPLS
Fuente: Elaboración propia.
Una vez que los resultados estuvieron disponibles, siguiendo la metodología pro- puesta por Jabbour et al. (2015) y Davison (1997) se evaluó la importancia de las rela- ciones en cuestión con la herramienta bootstrapping en SmartPLS (tabla 5).
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Tabla 5. Resultados Bootstraping por variable
Quiebre organizacional | Comunicación | Legitimidad | Programas Remunerativos | Variables de control | |
Bootstrapping | Manifestación 6.831 | 3.92 | 3.90 | 0.188 | Escolaridad |
Consulta | 1.92 | ||||
3.451 | Edad | ||||
Sistema de | 0.58 | ||||
recompensa | Infraestructura | ||||
5.826 | 0.85 | ||||
Hacinamiento | |||||
0.60 |
Fuente: Algoritmo PLS vía SmartPLS.
El criterio para analizar los valores de esta tabla es que los valores superiores a 1.68 son con 90% de confianza, 1.96 para 95% de confianza y 1.99 para 99% de confianza. En este caso, se observa que las variables independientes y dependientes son signifi- cativas (t> 1.96) con un 95% de confianza, a excepción de los programas remune- rativos y las variables de control. Estos resultados refuerzan el argumento de que la comunicación y la legitimidad son estadísticamente significativas como predictores de infracciones disciplinarias.
El presente estudio analiza la relación entre variables del modelo del control admi- nistrativo y el quiebre organizacional dentro del centro CERESO Hermosillo I. En general, el modelo PLS pasó los criterios de validez y confiabilidad, por lo tanto, esto indica que, en general, la construcción conceptual utilizada en el estudio es apropiada.
De las tres hipótesis propuestas, dos se consideraron válidas y significativas en su relación con el quiebre organizacional (ambas variables resultaron con el coeficiente negativo esperado):
H1: Una comunicación efectiva entre internos y personal/organización conlleva un menor número de infracciones disciplinarias.
H2: A mayor percepción de legitimidad por parte de los internos, menor número de infracciones disciplinarias.
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Es decir, cuanto mayor es la comunicación, menor es el índice de quiebre y, por lo tanto, menor probabilidad de incidencia de infracciones disciplinarias. Lo mismo aplica para la legitimidad. Estos resultados están en línea con lo presentado en la literatura, donde encontraron la comunicación y la legitimidad como predictores de mala conducta de los reclusos. Estos resultados confirman lo encontrado por Benefiel (2015) con respecto a la comunicación y la legitimidad como predictores de infracciones.
La hipótesis respecto a que los programas remunerativos tienen una influencia en el quiebre organizacional no fue estadísticamente significativa. Esto es un hallazgo de interés porque en otros estudios en Chile y Estados Unidos como Sanhueza (2014) y DiIulio (1991), respectivamente, esta variable tiene un efecto significativo como predictor de incidentes de mala conducta. Posiblemente la razón de esto es que pueden existir otras variables que interactúan con el quiebre organizacional ge- nerando un error de medición o faltan variables de interés que no fueron incluidas en este estudio.
En el contexto de Hermosillo I la explicación de por qué el valor no fue signifi- cativo podría ir por dos caminos: la primera, porque los internos no valoran que las condiciones sean detonadoras de incidentes dado que se asumen como aceptantes de las dichas condiciones, y la otra, porque las condiciones en general del centro penitenciario son buenas o aceptables y no esté presente como un lastre o generador de incomodidad. Responder esta inquietud amerita realizar otra investigación con variables sobre condiciones y arquitectura del lugar.
Finalmente, debe notarse que las variables de control no tuvieron influencia signi- ficativa en el quiebre organizacional. Estos resultados merecen un estudio futuro, pero pueden explicarse preliminarmente no solo por la composición de la muestra sino también porque esas variables tienen resultados mixtos en la literatura (Wooldredge et al., 2001; Griffin & Hepburn, 2013; Lahm, 2008; Hirschi & Gottfredson, 1983;
Lahm, 2009; Nyandiko, 2012; Camp et al., 2003; Wooldredge, et al., 2006; Dâmboeanu
& Nieuwbeerta, 2016).
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Los resultados nos hablan de que los internos del CERESO Hermosillo I vinculan la legitimidad y la comunicación con el índice de quiebre organizacional de la prisión que, aunque es una variable latente y por tanto no observable, los ítems nos dan ese lado operacional para hacer visible la variable por medio de atributos. Así, es relevante señalar, sin caer en una tautología, que los resultados no deben mirarse en abstracto o como si nos dijeran algo “obvio”, sino que dan pie a una posibilidad que tiene la orga- nización de “ponerle un termómetro” a la población penitenciaria y también al personal de seguridad y saber si la organización tiene “fiebre” o no, es decir, si la erosión de la organización sobre las personas es insostenible y la mala conducta penitenciaria se hará presente rebasando las capacidades institucionales.
Un estudio como este se puede acompañar de un análisis cualitativo con entrevistas a profundidad con internos y personal de seguridad para capturar más dimensiones que los análisis de datos pueden no visibilizar.
El estudio, primero de su tipo, en una prisión mexicana, nos presenta un diagnóstico y una fotografía de un momento, así como una comprobación empírica de la litera- tura criminológica internacional. Asimismo, se concluye que los resultados pueden ser utilizados por los tomadores de decisiones para financiar estudios parecidos que coadyuven a una gestión efectiva en las prisiones sonorenses y mexicanas. Del mismo modo, esta es una de las primeras aplicaciones de los modelos PLS-SEM en la literatura penitenciaria, lo que abre un panorama de posibilidades a explorar.
Para concluir, a manera de recomendación a los administradores penitenciarios, el estudio busca ilustrar la importancia de fomentar la comunicación entre la organiza- ción y los reclusos y la legitimidad percibida de los reclusos basada en principios éticos como transparencia, colaboración y comprensión mutua. Esto va a tener un efecto contenedor de incidentes de mala conducta.
Las posibles limitaciones de este estudio podrían incluir el hecho de que las medi- ciones obtenidas a través de los cuestionarios pueden contener un sesgo personal o subjetivo de cada participante (Podsakoff et al., 2003). Del mismo modo, dado que la muestra no fue obtenida por un método probabilístico, no se puede generalizar para todo el sistema penitenciario estatal o nacional.
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Esta investigación aborda una prisión estatal de seguridad media. Nuevas investigacio- nes deberían abordar prisiones federales de alta seguridad que contienen internos con condenas más largas, otro tipo de delitos y perfiles.
Como se mencionó en el apartado teórico, en este estudio al igual que en el de Wooldredge et al. (2001) se analizan las infracciones disciplinarias como un todo, sin embargo, se recomienda profundizar por tipo de incidentes (por ejemplo, riñas o mo- tines, como el de Useem & Reisig (1999) realizado para prisiones en Estados Unidos).
Una última recomendación es la posibilidad de incluir más modelos en cuestión y ge- nerando un contraste entre diferentes teorías de la literatura en el contexto sonorense.
En la medida en que se generen más y mejores estudios y se demande más y mejor información se podrán mejorar las condiciones de las prisiones y de las personas que interactúan en ellas.
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Este estudio forma parte de una tesis de maestría en FLACSO México financiada por CONACYT (2016-2018). El estudio en campo fue apoyado por la División de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Sonora.