ISSN: 0212-5099

E-ISSN: 2695-7809

DOI: 10.24310/BAETICA.2022.vi42.15133

INFORMACIÓN Y REVUELTA:

EL USO DE LAS COMUNICACIONES Y EL EJERCICIO DEL PODER FRENTE AL MOTÍN DE TUXTLA DE 1693

Juan José Jiménez Sánchez*

Universidad de Sevilla

Resumen

En mayo de 1693, el pueblo indio de Tuxtla comenzó un tumulto en el que fueron asesinados un gobernador indio, el alcalde mayor de Chiapas y su alguacil. Las autoridades locales hubieron de informarse y coordinar sus esfuerzos para gestionar el sosiego y castigo de los exaltados, dando posteriormente cuenta de ello al monarca. Partiendo de este caso particular, en el presente trabajo proponemos un acercamiento a la realidad de estas comunicaciones y su papel en el ejercicio del poder. Para ello, tomaremos como fuentes principales las misivas remitidas al Consejo de Indias desde suelo americano, cuyo contenido nos permitirá reflexionar acerca de la construcción del relato sobre los hechos y su recorrido.

Palabras clave: Tuxtla, motín, carta, Guatemala, comunicaciones

Enviado: 15/07/2022 Aceptado: 03/10/2022

*jjimenezs@us.es

ISSN: 0212-5099

E-ISSN: 2695-7809

DOI: 10.24310/BAETICA.2022.vi42.15133

INFORMATION AND REVOLT:

THE USE OF COMMUNICATIONS AND THE EXERCISE OF POWER IN THE TUXTLA RIOT OF 1693

Juan José Jiménez Sánchez*

Universidad de Sevilla

ABSTRACT

In May 1693, the indian town of Tuxtla began a riot in which an Indian governor, the alcalde mayor of Chiapas, and his alguacil were killed. The local authorities had to find out about what had happened and coordinate their efforts to manage the calm and punishment of the mutineers, reporting it to the monarch subsequently. Starting from this particular case, in this paper we propose an approach to the reality of these communications and their role in the exercise of power. To do this, we will use as main sources the letters sent to the Consejo de Indias from American territory, whose content will allow us to reflect on the construction of the story about the events and their journey.

Keywords: Tuxtla, riot, letter, Guatemala, communications

Send: 15/07/2022 Accepted: 03/10/2022

*jjimenezs@us.es

1. INTRODUCCIÓN1

En los compases finales del siglo XVII, Carlos II de Habsburgo reinaba sobre un conjunto de territorios de proporciones colosales a uno y otro lado del Atlántico. El mantenimiento relativo del orden y la defensa de los intereses reales fueron posibles gracias al despliegue de una burocracia, en vías de sofisticación, que permitió que el rey y sus instituciones estuviesen presentes mucho más allá de lo que la realidad material le permitía2. Esta estuvo conformada por multitud de individuos, influidos por sus particulares condiciones e intereses, que obraron en defensa de su situación personal al mismo tiempo que representaban a su monarca3. En el caso de los asuntos americanos, la distancia entre la corte y los territorios a administrar se revelaba como el gran condicionante y principal escollo a superar4. El medio más eficaz para mantener la circulación de la información era el envío de misivas, práctica creciente en una sociedad donde la escritura ocupaba un espacio central5. A este respecto, Juan de Solórzano y Pereira señalaba en su Política indiana (1647) como «no pueden pasar los hombres sin esta recíproca correspondencia de avisos y cartas, que es sola la que ellos han hallado, y las leyes señalado, para comunicarse los ausentes»6.

El estudio de la cultura escrita y las comunicaciones atlánticas cuenta con un largo recorrido7 pero a las cuestiones sobre burocracia y propaganda, que solían centrar la atención anteriormente, se han unido en los últimos años nuevos abordajes desde un sinfín de puntos de partida metodológicos y epistemológicos8. El presente trabajo propone un estudio de las comunicaciones regionales y transoceánicas que rodearon a un suceso determinado, el motín acaecido en el pueblo indio de Tuxtla en el año 16939, tomando como fuentes principales las cartas referentes al suceso que fueron recibidas por el Consejo de Indias en Madrid10. La elección de este objeto de estudio no es arbitraria. La manera en la que las autoridades indianas se manejaron ante un problema sobrevenido, como el que constituía un motín violento, resulta especialmente reveladora a la hora de testar los mecanismos de comunicación, pero también para pulsar las tensiones, intereses y contradicciones subyacentes.

A través de este caso particular, nos acercaremos a las lógicas internas y externas de estas comunicaciones para mejorar nuestra comprensión sobre el funcionamiento y los condicionantes de las relaciones entre la corte madrileña y este territorio ultramarino, así como el papel de las mismas como elemento articulador de la monarquía e instrumento de expresión del poder real. Para ello, será necesario su encuadre dentro de las dinámicas locales, inmersas a su vez en un sistema amplio y conectado, dejando de lado las anacrónicas historias nacionales, hasta llegar a poner en cuestión la pertinencia de la división analítica centro-periferia11.

2. TUXTLA, UN PUEBLO DE INDIOS

Tuxtla, población mexicana actualmente llamada Tuxtla Gutiérrez, era, tras Chiapa de los Indios (hoy Chiapa de Corzo), el segundo pueblo de indios más importante de la provincia de Chiapas, perteneciente entonces al llamado Reino de Guatemala. Este asentamiento se situaba en el noroeste del valle del Río Grande, una zona de tierras bajas habitada principalmente por indios zoques12. McLeod ya se encargó de precisar las cargas que sufrían los indios tributarios, principal vía de enriquecimiento de los escasos individuos pertenecientes a la élite presentes en la provincia, quienes, no obstante, rivalizaron encarnizadamente por beneficiarse de los recursos disponibles13.

La capital de provincia se ubicaba en Ciudad Real de Chiapa (hoy San Cristóbal de las Casas) epicentro del poder en la región que se había consolidado, ya desde su creación, en torno a los conflictos, las negociaciones y las alianzas entre los actores del poder14. Desde 1572, la autoridad en la provincia de Chiapa quedó representada por el alcalde mayor, funcionario elegido directamente por la corona a través del Consejo de Indias que desempeñaba su oficio por un término de unos cinco años15. Las disputas por la preponderancia en la provincia entre los obispos de Chiapas, que también residían en Ciudad Real, los alcaldes mayores y el concejo de la ciudad fueron constantes a lo largo del siglo XVII. A cientos de kilómetros y varias jornadas de viaje, la Audiencia de Guatemala, ubicada en Santiago, intentaba aplacarlos mientras los contendientes no dudaban en emitir acusaciones cruzadas, entrar en litigios o proceder a excomuniones16. El eco de todos estos conflictos llegaba con cada flota ante el Consejo de Indias reflejado en una abrumadora cantidad de documentación.

Manuel Maisterra y Atocha, caballero de la orden de Santiago, era el alcalde mayor cuando se desató el motín y fue el cargo de rango más elevado que pereció en la agitación. Maisterra era un militar ducho en servir al rey en sus territorios americanos, con una hoja de servicios de casi dos décadas. En 1674, fungió como alférez de una compañía destinada a Santo Domingo por el virrey novohispano y, más tarde, se convirtió en capitán de una compañía enviada por el presidente de Guatemala al Castillo del Río San Juan de Nicaragua, para acabar en la alcaldía de Llerena y Real de Minas de Sombrerete, en la zona minera de Zacatecas. En la península ibérica, obtuvo del monarca el título de alcalde mayor de Chiapas en 1685, aunque no se embarcó hasta verano de 1687. Para conseguir el puesto, Maisterra había entregado al rey 6.000 pesos, siendo 4.000 de «donativo gracioso» y 2.000 en concepto de préstamo con intereses, una inversión que sin duda pretendía recuperar con los 800 pesos que se le asignaron como salario anual y las ganancias derivadas de su nueva posición17.

Maisterra no tuvo dudas en fajarse con las autoridades que le esperaban en Guatemala, ultrajando al cabildo de Ciudad Real el derecho, logrado 59 años antes, por el que los tenientes de alcalde mayor debían ser elegidos entre los alcaldes ordinarios de la ciudad. Así se lo hizo saber la ciudad al rey mediante una carta, redactada apenas dos semanas y media después del asesinato del alcalde, en la que representaba como «el año pasado nombró por su teniente el alcalde mayor un vecino, otro año nombraba un criado que maltratase los vecinos y consumiese los indios, pues tales tenientes los quieren para sus tratos y granjerías»18.

En otro frente, Maisterra comenzó a principios de 1689 un duro pleito contra los oficiales reales de la Caja de Guatemala, que lucharon por seguir manteniendo el control del cobro y la administración de los tributos de la alcaldía mayor mediante un teniente destinado en Ciudad Real. La normativa recogida en las Leyes de Indias daba la razón al alcalde mayor y así lo reconoció la Audiencia de Guatemala, siendo corroborado en 1691 por el Consejo de Indias y el monarca. Sin embargo, la decisión no se hizo firme hasta el 12 de mayo de 1693, solo cuatro días antes del estallido del motín en el que Maisterra perdería la vida19. Esta resolución reforzaba la figura del alcalde mayor, convirtiéndolo en el dueño de la Caja Real y del comercio de las mercancías sustraídas a los indios tributarios en la provincia de Chiapas20.

La inestabilidad política coincidió con una época de malas cosechas y el azote de una epidemia, a la que los tuxtlecos estaban especialmente expuestos por su localización en pleno Camino Real21. El cabildo de Ciudad Real reconoció ante al rey las penurias que atravesaban por entonces los indios de la zona, agravadas por la «general peste que ha consumido mucha cantidad, faltos de frutos, porque se quedaron muchos en las tierras que los dieron por no haber quien los cogiese»22.

3. EL MOTÍN

Los elevados tributos, los trabajos exigidos, los repartimientos de algodón y mercancías y la dureza de las autoridades asfixiaban a los indígenas tributarios de Tuxtla, donde ya se había levantado un alboroto en mayo de 1689 cuando se «echaron derramas para que todos vayan dando dineros»23. Los agravios no eran perpetuados solo por ministros de origen español, pues en este pueblo, como en muchos otros, indios de la propia comunidad, a los que Martínez Peláez catalogó como «esbirros indios», ocupaban los cargos más bajos en el organigrama del poder24. Tal era el caso de Pablo Hernández, gobernador indio de Tuxtla al que muchos naturales acusaban de obrar con malos usos, quejas que también incluían al alguacil del alcalde mayor Maisterra en la zona, Nicolás Trejo.

En 1693, los indios de Tuxtla estimaron que los abusos habían llegado a un punto inadmisible y los líderes principales de los cuatro calpules decidieron en asamblea que la solución pasaba por cesar al gobernador Hernández25. Estos calpules, y sus cofradías, fueron espacios gestionados por los propios indios en los que pudieron forjar vínculos comunales. Sus mayordomos y priostes eran elegidos entre los miembros del barrio, quienes financiaban las fiestas patronales26.

Según la teoría política de tradición aristotélico-tomista imperante en el mundo hispánico, la cual fue importada a las colonias americanas, cuando una autoridad obraba en contra del «bien común», esta perdía su razón de ser y, en consecuencia, su legitimidad27. Los indios de Tuxtla entendieron que lo justo era que el gobernador Hernández dejase su puesto y, para lograrlo, recurrieron a las vías de negociación que el sistema les reservaba. En un primer momento, estos demandaron el cese a Maisterra pero el alcalde les informó de que la decisión correspondía al presidente de la Audiencia, por lo que se adoptó la costosa determinación de enviar representantes a Santiago de Guatemala28.

Allí, los tuxtlecos transmitieron sus quejas al licenciado Fernando López de Ursino y Orbaneja, quien por entonces ocupaba los cargos de presidente en ínterin, gobernador y capitán general de Guatemala tras haber depuesto, durante una visita general, al presidente don Jacinto de Barrios Leal, acusado de contrabando29. Fue en este periodo de ínterin (1691-1693) cuando los súbditos de Tuxtla requirieron que la máxima autoridad en la región se encargase de su caso. Parece ser que la respuesta que recibieron fue positiva, o al menos eso interpretó la comisión tuxtleca. Pero, para que el cese se hiciese efectivo, la Audiencia debía notificar la decisión a Manuel Maisterra, encargado a su vez de desplazarse hasta Tuxtla para relevar definitivamente a Hernández30.

Las élites rectoras coloniales traspasaron a América el concepto medieval de la existencia de un «pacto», término usado por Owensby, entre el monarca y sus vasallos indios. Esta relación se asentaba en el respeto a la «justicia», al derecho, y se reforzaba mediante la participación india en demandas, pleitos o litigios. Así, los indios debían rendir obediencia y tributo pero, a cambio, podían disfrutar del derecho real y apelar a sus instituciones31. Los indios de Tuxtla habían seguido las reglas y conseguido una disposición favorable por lo que el resto quedaba en manos de la autoridad, que les había convencido de que la monarquía era justa y solucionaría sus problemas32. Sin embargo, el gobernador y el alguacil siguieron con sus prácticas abusivas, mientras en el pueblo se murmuraba que si el alcalde mayor no aparecía para hacer justicia ellos mismos deberían imponerla por su mano33. Fueron los representantes del rey quienes no cumplieron con las obligaciones que se atribuían perdiendo su legitimación y desaprovechando la ocasión de restablecer por sí mismos un equilibrio ficticio diseñado para su beneficio.

Sin embargo, toda esta vorágine de tensión preexistente quedaba omitida o, al menos, disminuida en el papeleo que llegó a manos del Consejo de Indias, que aludió a las rencillas internas como causantes. Fray Francisco Núñez de la Vega, obispo de Chiapa, fue el más empeñado en desterrar toda sospecha de sedición por parte de los indios reflejando que, según lo que le habían conferido los propios tuxtlecos:

no ha sido motín formal contra la obediencia de su majestad sino una ambición de cierto indio que pretendía ser gobernador fomentada de 4 o 5 cabecitas de los principales de este pueblo que agregaron a otros de los maceguales para capitular al que lo era y quitarle el gobierno34.

Declaración que demuestra la importancia que los comunicadores le otorgaban a la elección de términos para designar a estas complejas manifestaciones populares. Aunque con límites difusos, cada expresión era asociada con un grado de participación y de oposición a la autoridad, por lo que el uso de una u otra influía en la manera en la que el receptor percibiría los hechos. El obispo era consciente de ello y por eso se refirió a lo sucedido como un «alboroto», más suave, aunque el resto de la documentación aparecen indistintamente las palabras «sublevación», «tumulto» y «motín», más acordes a la realidad que se describía, ya que generalmente eran empleados para conflictos con participación colectiva en los que se acometía un ataque directo contra los representantes del poder35. La identificación de cabecillas e instigadores soslayaba el componente comunitario de los movimientos al tiempo que ayudaba a centrar el castigo ejemplificante en unos pocos individuos36.

El presidente López de Ursino explicó al Consejo de Indias que los representantes tuxtlecos acudieron ante él pidiendo la destitución de Hernández, pero aseguraba que el despacho que libró solo ordenaba a Maisterra la elaboración de un informe sobre la situación. A su parecer, los indios tomaron este despacho «por instrumento de su terquedad» y, al ver que no se hacía lo que pedían, le quitaron las vidas a las autoridades que consideraban responsables de su situación. Para expiar completamente su cuestionable proceder, el presidente aseguraba que el detestado gobernador indio «era muy cabal y de buen natural y lo que convenía al pueblo»37.

De todos los organismos y funcionarios que escribieron a la corte madrileña sólo la Audiencia de Guatemala reconoció «el odio que el común de él [pueblo] tenían a dicho gobernador»38. No obstante, en la citada súplica de Ciudad Real por la pérdida de sus derechos sobre los tenientes, tramitada de forma separada al expediente, la ciudad reprobó el mal obrar de Maisterra, culpándole veladamente de su desenlace. Así, denunciaba la manera en la que este nombraba a sus tenientes «tanto más para sus conveniencias temporales que para la administración de la Real Justicia» lo que obraba «en gravísimo perjuicio de los miserables indios tan vejados y oprimidos con carga que no han tenido»39.

Sobre el desarrollo del motín, el relato del obispo, el más detallado al que tuvo acceso el Consejo de Indias, parece coincidir en sus líneas principales con las fuentes que encontramos en los archivos americanos, pero en el fondo, presentan divergencias más que notables. Ambas versiones apuntan que el alcalde mayor llegó a Tuxtla en la tarde del 16 de mayo de 1693, siendo recibido por una multitud. El testimonio de un anónimo testigo, que no fue enviado a Madrid, precisaba que esta muchedumbre era capitaneada por don Luis Velázquez, «indio viejo y principal», quien transmitió a Maisterra mediante un intérprete «como venía a pedirle todo el pueblo quitar luego la vara de gobernador a dicho don Pablo». El recién llegado declinó tal opción y les explicó que solo iba a informarse de si sus quejas eran ciertas para poder tomar la decisión más conveniente40.

El obispo asegura que Maisterra les prometió «hacerles justicia y castigar al gobernador si se hallaba culpado» pero los más de 300 indios que ya se habían congregado comenzaron a alterarse y a lanzar improperios, ante lo que alcalde mayor mandó hacer horcas y azotar a algunos de los alborotadores más destacados41. El testigo precisaba que Juan Velázquez, líder de la agitación, fue apresado con el pensamiento de «que quitando la cabeza de delante podía sosegarse» un tumulto que Maisterra parecía entender «estaba prevenido de hecho y caso pensado»42. No obstante, la identidad de los instigadores parece no interesar al obispo ni al resto de informantes que escribieron al consejo, pues nada concreto sobre sus personas o calidades se menciona en las informaciones enviadas a la península, más allá de que eran de los principales del pueblo.

La rabia se desató cuando Maisterra azotó a su reo en la picota, momento en el que «comenzaron con el torbellino de algunas piedras que tiraron». El prelado narraba con todo lujo de detalles como uno de estos proyectiles golpeó en la cabeza del alcalde mayor, quien, aturdido, rogó por su vida diciendo «idos y dejadme por amor de Dios». Aseguraba el religioso que los indios le confiaron que solo dos de ellos asesinaron al alcalde mayor «con una feroz piedra con que le estrellaron casi los sesos y un garrotazo que le dieron en la nuca», exculpando una vez más al conjunto de la comunidad.

Resulta especialmente revelador el desglose de los distintos tipos de alborotadores que esboza el prelado. Aunque claramente sesgadas por la idea que intentaba transmitir, sus apreciaciones no reproducen la visión monolítica de los indios alterados que solemos encontrar en este tipo de documentación, pues diferencia:

unos impelidos de su furor que fueron bien pocos, otros de miedo de que viendo estos que no cooperaban con ellos les quemarían sus casas y harían sumas vejaciones, como después comenzaron a ejecutarlo, con algunos otros [que] con la curiosidad de ver se agregaron y, claro está, que no dejarían de tirar algunas piedras43.

Los 3.000 o 4.000 amotinados que se reunieron, según las fuentes, incendiaron la casa del gobernador indio Pablo Hernández, donde pereció quemado vivo, mientras el alguacil Trejo murió ahorcado44. Los religiosos y españoles del pueblo se resguardaron en la iglesia intentando defenderla hasta que pudieron escapar «a uña de caballo» evitando posibles ataques «porque ya el demonio se les iba metiendo en el cuerpo incitándolos a atrocidades contra los españoles». La pedrea, los incendios y los robos no fueron extraños en otros motines, como el mexicano de 1692, pareciendo responder a manifestaciones codificadas de violencia colectiva45.

4. LA COMUNICACIÓN

Ilustración 1. Localizaciones que intervinieron en la comunicación sobre el motín y rutas principales aproximadas

Elaboración propia. Fuente: AGI, Guatemala, 35, R.1, N.48. L. Machuca (2009). Imagen: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community.

Las referencias a la forma en la que se producían las comunicaciones son constantes. Los actores anotaban de forma sistemática quién les había escrito, cuándo recibieron las misivas o las ocasiones y momentos en los que ellos mismos tomaron el papel y la pluma para dar cuenta de lo que sabían hasta entonces. De esta manera, se permitía al receptor reconstruir la ruta que había seguido la información que leía, valorando su veracidad, al mismo tiempo que cada eslabón de la cadena comunicativa subrayaba su papel en la misma, lo que certificaba que había cumplido con su deber.

Las primeras alarmas sobre el inicio del motín llegaron en la mañana del día 17 de mayo al cercano pueblo de Chiapa de los Indios, desde donde se dio aviso a Ciudad Real de Chiapa, a unas «15 o 16 leguas» de Tuxtla46. La noticia corrió gracias al «indio don Cristóbal, gobernador de Chiapa», quien podría ser el testigo que escribió la carta anónima en la que se detalla el desarrollo del motín, la cual también podría deberse a la mano del secretario don José Calleja, quien quedó en el pueblo de Chiapa dando cuenta de lo sucedido. Fuese quien fuese su autor, al final de la citada misiva este indicaba que «para tener algún pronto remedio se ha dado aviso con dos correos el maestre de campo José Cabrera». José de Cabrera desempeñaba los cargos de maestre de campo, alcalde ordinario de Ciudad Real y teniente general de su jurisdicción y pertenecía a la élite dirigente de la ciudad. Cabrera escribió en cuanto supo de lo acaecido al presidente Fernando López de Ursino y al Real Acuerdo de la Audiencia, ambos en la lejana ciudad de Santiago de Guatemala, indicándole al primero que acabada de recibir del pueblo de Chiapa «las dos cartas originales que remito con esta a vuestra ilustrísima» y aprovechando para dar cuenta de que quedaba encargado «del seguro de la Real Hacienda […] y demás diligencias necesarias de justicia»47. A partir de entonces, el maestre de campo pondría en marcha los mecanismos necesarios para atajar el levantamiento y se encargaría de las comunicaciones entre Ciudad Real de Chiapa y Santiago, enlazando con el presidente y la Real Audiencia.

Esta intensa comunicación necesitaba de una red que conectase sus distintos nodos, en ocasiones muy distantes y, en el caso de Chiapas, unidos mayormente por angostas veredas48. La correspondencia oficial transitaba por ellas transportada a caballo o a pie, con los conocidos como «indios correos», «mandaderos» o «conductores indios», buenos conocedores del terreno y de las vías de comunicación, comunes en Guatemala por su geografía escarpada y boscosa49.

El mismo día 17, sobre las diez de la noche, llegó a Ciudad Real un mulato criado del alcalde mayor asesinado, quien le confirió al obispo lo sucedido, motivando que Núñez de la Vega redactase unas líneas dirigidas al presidente. Para entonces, el maestre de campo ya había hecho las diligencias militares pertinentes, organizando a los hombres de Ciudad Real, mientras que los indios del pueblo de Chiapa aguardaban para unirse con los españoles y marchar contra los amotinados de Tuxtla. Por su parte, el prelado se mostraba dispuesto a «acudir personalmente a reducirlos con las armas de la palabra divina» si es que había alguna opción de que la aceptasen, pues el mulato le había comentado que los sediciosos habían perdido el respeto a la iglesia y al santísimo sacramento50.

Debido a sus implicaciones militares como maestre de campo, José de Cabrera hubo de participar directamente en la gestión del apaciguamiento, lo que efectuó «sin que se llegase a rompimiento ni que costase vida alguna». Cabrera relató al consejo como los tuxtlecos avisaron a los indios del cercano pueblo de Chiapa para que se uniesen a su movimiento, peticiones que solo consiguieron «enojarlos y moverlos contra ellos mismos», determinación que atribuye a la intervención divina pues la unión de los dos pueblos de indios más numerosos de la región hubiese puesto «en peligro de moción todas estas provincias»51. No obstante, a pesar de la cercanía ambos pueblos rivalizaban económica y culturalmente, una actitud que respondía a lo previsto por la política colonial, que empleó el localismo de los asentamientos, y su aislamiento, como instrumento para prevenir la expansión de movimientos populares52. El gobierno de Chiapa de los Indios estaba copado por un grupo de caciques que debían su posición a las autoridades españolas, que favorecieron su ennoblecimiento para que actuasen como intermediarios, y que se esforzaban por mantener y evidenciar su fidelidad53.

El propio cabildo de Ciudad Real señaló a la corte la existencia de una mayoría india entre los encargados de sofocar la revuelta, precisando que marcharon hacia Tuxtla dos compañías procedentes de Chiapa de los Indios, una de más de 100 indios principales y otra de 200 macehuales54. Esto explica que José de Cabrera, el obispo Núñez de la Vega y hasta el cabildo de Ciudad Real pidiesen al monarca un reconocimiento para estos fieles indios de Chiapa. Los chiapanecos siguieron a los españoles enviados desde Ciudad Real bajo el mando del capitán Marcos Rodríguez, quien mantendría informado al maestre de campo Cabrera en lo sucesivo, junto al alférez Juan de Arizmendi55.

Las compañías llegaron a Tuxtla en la mañana del 20 de mayo y trasladaron a los indios un requerimiento. Los tuxtlecos respondieron «que estaban prontos a recibirlos y que eran fieles vasallos de V.M. y cristianos» por lo que las compañías solo hubieron de entrar en el pueblo para sosegar el tumulto56. Algunos amotinados principales huyeron a los montes y los alrededores pero la mayoría de ellos, entre 60 y 70, fueron capturados en los días siguientes a la pacificación57.

Una vez el pueblo se había sosegado, las autoridades debían dar al rey cuenta puntual de lo acaecido. Todas las cartas enviadas al rey se redactaron a partir del 25 de mayo, días después del aquietamiento. En este punto, podemos distinguir dos esferas diferenciadas en las comunicaciones institucionales, la primera, en la que participaban los poderes locales y regionales, tenía una vocación necesariamente práctica, destinada a la gestión directa del conflicto y a la pronta resolución del mismo. A su vez, los implicados directamente en el sosiego daban cuenta continuamente de sus acciones a Santiago de Guatemala, escala intermedia en las comunicaciones y, también, en la deformación del relato. En la segunda esfera, las autoridades municipales y regionales guatemaltecas se relacionaban con la corte, pues la teórica subordinación del presidente y Audiencia de Guatemala ante el virrey novohispano no era tal en la práctica58. Existieron otras vías para «vencer la distancia», como ha señalado Guillaume Gaudin, como fueron los procuradores y agentes de negocios residentes en Madrid, que conectaban directamente a las corporaciones locales, e incluso a individuos, con el mundo cortesano. Sin embargo, no hemos encontrado referencias hacia su intervención en lo que respecta a este episodio59.

La información sobre el motín, confeccionada a posteriori por las autoridades coloniales, fue depurada, obviando lo entendido como superfluo y, lo más importante, aquello que no coincidía con el relato que se pretendía proyectar. Para facilitar el entendimiento, estas misivas destinadas al Consejo de Indias estaban sujetas a fórmulas estilísticas. En las propias Leyes de Indias se estipulaba que los informes debían redactarse con un estilo «breve, claro, sustancial y decente, sin generalidades y usando de las palabras que con más propiedad puedan dar a entender la intención de quien las escribe»60. El seguimiento de estas fórmulas y adaptaciones era de suma importancia pues la distancia con la península no solo era espacial sino también contextual, y, consecuentemente, comunicativa61.

Una vez redactada, la única manera de intercambiar la correspondencia era embarcándola en las flotas y navíos que cruzaban el atlántico. La duración de la travesía no era constante, usualmente se tomaban entre dos y dos meses y medio en llegar a la península, pudiendo estar más de tres meses en el mar en función de la situación meteorológica, las amenazas de piratas y corsarios, las escalas intermedias, etc.62. No obstante, el lapso de tiempo que pasaba desde la redacción hasta su lectura en el destino era bastante superior, pues, además del tiempo tomado por el trayecto, dependía de las conexiones internas, las salidas de las flotas y los ritmos de la burocracia peninsular63. Así, estos largos intercambios constituían un «fenómeno cotidiano» que marcaba la vida política de las colonias64.

La organización de la correspondencia fue una preocupación desde los inicios de la conquista, lo que motivó el nombramiento del primer correo mayor de Indias en 1514, oficio que se iría dividiendo con posterioridad65. Las necesidades del reino guatemalteco favorecieron la creación del oficio de correo mayor de Guatemala en 1619, cargo que ostentaba José Agustín de Estrada Azpeitia y Sierra en el momento en el que se produjo el motín66. Los correos mayores contaban con un cuerpo de tenientes y oficiales inspirado en el sistema de postillones y maestros de postas, empleado para la organización del correo europeo, ubicados en los principales enclaves americanos67.

El presidente Ursino ordenó desde Santiago al maestre de campo que, una vez que se hubiesen aquietado los exaltados, hiciese llegar al rey una carta la cual debía mandar directamente a Veracruz, desde donde partiría una flota próximamente, «porque con avisarle yo [decía Cabrera], y salir el correo despachado de Guatemala no se adelantase el tiempo y dejase de alcanzar la flota»68. Aunque en 1615 se estipuló que los cargamentos destinados a esta región se encaminasen directamente por mar a través de la costa de la península del Yucatán, pues llegaban muy tarde por Veracruz69, para finales de siglo el flujo del correo guatemalteco ya se había unido con el mexicano. En 1708 se produjo un pleito contra el correo mayor de Nueva España por haber forzado que el correo de Guatemala se desviase por la ciudad de México. La Real Cédula que resolvió la disputa sentenció que los cajones dirigidos a Guatemala debían ser remitidos «en derechura […] con correos de a caballo» desde el enclave portuario de Veracruz a Santiago de Guatemala, dejando claro que este era el camino que verdaderamente «siempre se ha practicado»70.

Normalmente, las nuevas de José de Cabrera deberían haber viajado de Ciudad Real a Santiago de Guatemala, donde se encontraba el presidente López de Ursino, quien a su vez mandaría sus noticias hacia Veracruz para que saliesen con la flota. Existían dos rutas posibles para llegar a Nueva España por tierra partiendo de Guatemala, la primera consistía en seguir el Camino Real atravesando Jiquipilas hasta llegar a Tehuantepec, para avanzar luego por Oaxaca. Un camino alternativo, que sería usado sobre todo en el Setecientos, partía de Ciudad Real de Chiapa y se dirigía a Copainalá y Tecpatán para arribar al puerto fluvial de Quechula, donde se podía embarcar subiendo por el río para continuar por las tierras y ríos de Tabasco71 (ilustración 1). El presidente quiso eliminar el primer paso de este complejo recorrido para asegurar que las noticias salían con la siguiente flota, aunque finalmente consiguió cumplir con los plazos necesarios, pues su carta llegó con el mismo cargamento que la del maestre.

En la legislación se recogía que la correspondencia oficial debía cruzar el Atlántico a bordo de los navíos de aviso, que podían viajar con la flota o por separado, legalmente destinados exclusivamente al correo, aunque en la práctica no era así. La realidad es que estos buques no contaban con la capacidad suficiente para transportar la cada vez más abundante documentación, lo que, sumado a la irregularidad de sus viajes, motivó que parte de las cartas tuviesen que ser transportadas en los barcos de las flotas destinados a mercancías y en los buques de guerra72. Tal parece ser el caso de las cartas sobre el motín, remitidas a Veracruz para que llegasen a la corte a bordo de la flota de Nueva España, que en junio de 1693 estaba anclada en el puerto veracruzano mientras preparaba su vuelta a cargo del conde de San Remi73.

Antes de cruzar el océano, los escritos eran guardados dentro de «cajones medianos, bien clavados, precintados, embreados, cubiertos con encerados dobles y muy bien acondicionados» que pretendían protegerlos de las inclemencias del viaje. Una vez registrados por los oficiales reales, estos cajones quedaban a cargo de los generales, almirantes y maestres de los navíos, quienes los transportaban hasta ser entregados a la Casa de la Contratación74. Con todo listo, la flota se echó a la mar el 14 de julio, protegida por la Armada de Barlovento, e hizo escala en La Habana, puerto del que partió dirección a la península el 31 de agosto atravesando el peligroso Canal Viejo de las Bahamas, la mejor forma de evitar ataques.

Durante la travesía, los 14 navíos que viajaban en convoy consiguieron sortear a una armada francesa bien guarnecida. Sin embargo, se vieron sorprendidos por un temporal que obligó a que algunos de los buques se separasen. Los barcos arribaron a Cádiz desperdigados a lo largo del mes de diciembre, lo que explica el desfase en la recepción de las cartas del expediente por parte del Consejo de Indias75. Ya en el puerto gaditano, la correspondencia, ahora administrada por la Casa de la Contratación, fue transportada por tierra hasta Madrid pasando por Sevilla en un trayecto de unas 105 leguas, que tomaba entre 6 y 7 días76. En la corte madrileña, los pliegos destinados al Consejo de Indias quedaban en manos de sus secretarios que «así como vinieren» los llevaban al consejo para que fueran abiertos allí, tras lo cual eran entregados al secretario correspondiente, quien sacaba «relaciones sumarias» para, finalmente, remitir la documentación nuevamente al Consejo77.

La primera nueva sobre el motín que pudo ver el Consejo de Indias había arribado con la flota el 9 de diciembre de 1693, casi ocho meses después de la revuelta pero ocho días antes que el resto de las misivas. Esta venía firmada por un individuo que, sin embargo, no tenía nada que ver con el motín ni obligación de dar parte de lo sucedido pues fue redactada por el presidente depuesto, Jacinto de Barrios. Él mismo justificaba su notificación asegurando que «no por hallarme retirado de Guatemala sin el ejercicio de los puestos que V.M. fue servido encargarme, puedo considerarme fuera de la obligación de dar cuenta a V.M .del tumulto sucedido». Barrios se encontraba en el pueblo de Tecpán Guatemala, considerablemente lejos de Tuxtla, pero la distancia no impidió que llegasen a sus oídos los rumores del suceso pocos días después de que tuviese lugar. Barrios explica como el día 23, tres jornadas después de la entrada de las tropas en el pueblo, tomó la pluma para escribir a don Fernando López de Ursino y Orbaneja, su visitador, quien le confirmó el día siguiente desde Santiago la veracidad de la noticia, que a su vez había conocido mediante las cartas recibidas por José de Cabrera desde Ciudad Real, lo que da una muestra de la intensidad de las comunicaciones en torno al suceso78. Fue entonces cuando Barrios decidió dirigir sus palabras a la corte con un apremio y esfuerzo desmedidos, teniendo en cuenta que no tenía responsabilidad institucional, que parecen responder a un intento de congraciarse con el Consejo de Indias, dando muestras de su fidelidad y servicio. Barrios sería restituido en su cargo ese mismo año de 1693 y moriría dos años más tarde, aún como presidente, durante una incursión contra los indios itzá79.

El Consejo contaba aún con poco material con el que trabajar cuando recibió la carta de Barrios y pudo tratarla el 10 de diciembre, la jornada siguiente a su recepción. Ante la falta de más noticias, el Consejo decidió obrar con calma decretando que «se esperen los autos de esta dependencia y no se duda vendrán en los cajones de flota» y que, una vez estuviese reunida la documentación, se remitiese por completo al fiscal para que pudiese emitir una opinión80. Por tanto, la primera visión de los sucesos que el Consejo pudo examinar procedía en realidad de una incierta red de rumores y testimonios transmitidos sin muchas certezas. El propio Barrios concluía que lo aludido no era más que «lo que he oído decir y visto en la [carta] de don Fernando López Ursino», reconociendo que este «con más especificación podrá dar cuenta a V.M.»81. Los consejeros también aguardaban nueva documentación sobre un gran motín que había tenido lugar en Ciudad de México en junio de 1692, el cual ha sido analizado de forma notablemente exhaustiva por Natalia Silva Prada82, cuyos primeros avisos ya se habían recibido a lo largo de 169383.

El resto de los informes sobre el motín de Tuxtla no llegaría a la corte hasta el día 17 de diciembre y tendrían que esperar al 8 de enero del año siguiente, 1694, para ser revisados por los consejeros de Indias. En esta tanda se recibieron cinco cartas que se pusieron con la de Barrios: de la Audiencia de Guatemala, de José de Cabrera, del presidente López de Ursino, del cabildo de Ciudad Real de Chiapa y del obispo de Chiapa; ninguna contenía la versión de los grupos indígenas implicados. El maestre de campo José de Cabrera fue el primero en escribir el día 25 de mayo explicando someramente cómo se había desempeñado como informante desde Ciudad Real y su papel en la gestión del apaciguamiento. Aunque ensalza su propia hazaña, atribuye su buen hacer a la intervención divina pues asegura que «manifiestamente obró el señor moviéndome a lo más acertado y eficaz para sujetar dicho pueblo»84.

La carta del obispo fray Francisco Núñez de la Vega es la única del expediente que fue realmente escrita desde Tuxtla, aunque esta no se redactó hasta el 27 de mayo, una semana después de que el pueblo se aquietase. No obstante, la que llegó con la flota a Madrid se trataba de un traslado que de José de Cabrera sacó el 2 de junio por encargo del obispo. En ella certificaba que todo estaba en calma «y los indios tan obedientes que ni el menor recelo hay de lo contrario, ni en este pueblo ni en los demás circunvecinos»85. La información con la que contó el prelado tiene el valor añadido de provenir de los propios indios tuxtlecos que participaron o fueron testigos directos del motín, lo que se encarga de reiterar a lo largo de su misiva con expresiones como «me ha constado por declaración de indios», «me han certificado» o «me dijeron». Entre sus líneas se advierten dos motivaciones principales, por una parte, la de enaltecer su labor en la pacificación y su buen hacer con los indios y, por otra, la de exculpar a la mayor parte de los habitantes del pueblo. Esto no es inusual pues, en otros motines, los eclesiásticos también actuaron en defensa de las comunidades indias, con lo que conseguían proteger sus ingresos y aumentar su legitimidad86. La buena salud económica del importante pueblo de Tuxtla se traducía en mayores recaudaciones para las arcas del obispo por lo que una represalia que mermase y amedrentase a los trabajadores no le era conveniente.

La relación de Núñez con el asesinado Maisterra había sido conflictiva por lo que no parece que su muerte angustiase mucho al religioso. El obispo había llegado a denunciar las malas prácticas de Maisterra ante la Audiencia de Guatemala, que encomendó al oidor José Descals la realización de una visita para aclarar la situación. El visitador dio cuenta de los diversos excesos cometidos por el alcalde mayor pero también de otros llevados a cabo por el obispo, quien acabó enzarzado en una disputa personal con Descals87.

El prelado presumía de que, una vez enterados los indios de que se dirigía a Tuxtla, tanto los «alzados» como los «no alzados» le escribieron varias cartas que recibió cuando se hallaba de camino en el cercano pueblo de Ixtapa. Núñez respondió «templándolos con las palabras cristianas que Dios nuestro señor me dictó», ofreciéndoles su intercesión para lograr un perdón general para el pueblo y los menos culpados. Mediante su elocuencia, les exageró «la atrocidad de su delito» al mismo tiempo que tendía su mano a los tuxtlecos con el fin de que se calmasen, alentando a los medrosos «para que su cobardía y miedo no les hiciese obrar algún desatino». Tales acciones le parecen más que suficientes para atribuirse el mérito de que la infantería española hubiese podido entrar «sin costo de un tiro de arcabuz»88.

Pero los habitantes de Ciudad Real no valoraron su colaboración con tanta estima. Entre el cabildo de la ciudad y Núñez de la Vega existían tiranteces desde tiempo atrás a raíz de las intervenciones del religioso en los asuntos de la ciudad que justificaba mediante una fervorosa defensa de los derechos episcopales89. De una manera sutil pero directa, el maestre de campo Cabrera quiso dejar claro al rey que el papel del obispo en la pacificación fue mínimo ya que este no llegó al pueblo hasta varios días después de que esta se produjese, «cuando ya estaban enarboladas vuestras banderas reales en él [pueblo de Tuxtla]»90. Mientras, en la carta enviada en nombre de Ciudad Real, en la que entre otros también firma José de Cabrera, la participación del eclesiástico ni siquiera se menciona.

Cada facción daba su versión de los hechos, creyendo tener la responsabilidad de actuar y vanagloriándose por el éxito conseguido. Esta superposición jurisdiccional y de atribuciones, que puede parecer problemática, en la práctica era empleada por la corona para aumentar su control sobre los territorios indianos. Los encargados de administrar el poder vigilaban las acciones del resto de representantes del rey, dando cuenta de sus aciertos y de los errores de sus opuestos para que fuesen juzgados en caso de conflicto, lo que aseguraba a la monarquía una valiosa información sobre el proceder de sus delegados y limitaba las posibilidades de que estos actuasen de forma independiente91.

El prelado también resaltaba el «amor grande» que los indios le profesaban autorrepresentándose como su confidente, pastor y defensor, un padre para sus «hijos»92, algo propio de unas autoridades que usaban el paternalismo como un instrumento más para perpetuar su jerarquía y la subyugación del otro93. Núñez se detuvo a exaltar la piadosa actitud que desde su llegada tuvieron los indios, quienes le confiaron que el destino del cadáver del alcalde mayor estaba bastante lejos de los tratos inhumanos que se rumoreaba que habían cometido. El obispo aseguraba que le desvistieron para quedarse con sus ropajes, dejándolo tendido en el mismo lugar durante 24 horas, tras lo que fue enterrado.

El religioso veía tras el tumulto algo más que simples acicates mundanos pues le constaba «que hubo consulta del demonio y mucho influjo de algunas supersticiones nagualistas», aunque tranquilizaba a sus interlocutores asegurando que ya se encontraba en persecución de los brujos, a los que inspiraba gran temor94. Las acusaciones de nagualismo, un tipo de herejía, fueron comúnmente usadas como arma arrojadiza contra un grupo o individuo estableciendo una relación entre disidencia religiosa y política, por lo que aparecen repetidamente en los procesos de la época95. Diversos obispos insistieron en la idea de la existencia de herejías indígenas dando lugar a lo que Robert Wasserstrom ha catalogado como «a kind of black legend» contra los indios. El propio Núñez de la Vega destacó sobremanera en este apartado, por lo que no sorprende su mención en estas líneas, aunque la supuesta relación herética con el motín no vuelve a repetirse en el resto de la documentación emitida por las autoridades96. Aun así, el obispo declaraba que no saldría del pueblo de Tuxtla «hasta dejarlo muy fortificado en la Fe y roborado en la fidelidad y lealtad»97.

El cabildo de la Ciudad Real de Chiapa hizo lo propio y escribió al rey una misiva fechada el día 2 de junio. Sin embargo, el motivo principal de su envío no fue dar cuenta del tumulto, sino responder a una cédula de 1691 por la que el rey solicitaba al cabildo un nuevo informe sobre una serie de concesiones que la ciudad llevaba «suplicando repetidamente» durante varios años. Las menciones al motín vienen a reforzar su merecimiento de las mercedes reales ya que «la pronta diligencia de los pocos y leales vasallos de V.M.», junto con el esfuerzo de José de Cabrera, fueron los únicos medios para el aquietamiento. Alegaban que Ciudad Real «se halló con notable conflicto respecto de los pocos medios con que sus vecinos nos hallamos y la mucha pobreza que nos asiste» y que, con el estallido de violencia, se habían duplicado «los motivos de urgencia y necesidad para la seguridad de estas provincias y emolumentos de vuestro real haber»98.

La Real Audiencia de Guatemala también fue notificada por Cabrera y quiso enviar unas pocas líneas, el día 10 de junio, en las que certificaban que se hallaban a la espera de la llegada de los autos en estado de sentencia «por la brevedad que el caso requiere». Tan pronto como los tuviese, el tribunal tenía la intención de imponer las sentencias «con dignas penas a tan atroz delito» y aseguraba al rey que le daría cuenta de todo lo que resultase99. La segunda carta enviada desde Santiago de Guatemala fue redactada al día siguiente por el presidente Fernando López de Ursino quien, aún sin recibir los autos, recapitulaba las informaciones que había ido acumulando sin «haber perdido instante para las prontas resoluciones despachándose los propios y correos con las providencias que han parecido convenientes». Su conclusión fue que tras todo lo acontecido se encontraba la, para él, «ligera causa» de la reclamada destitución del gobernador indio.

Pese al brutal asesinato de tres representantes de la autoridad, lo que más escandalizó al presidente fue el hecho de que se faltase «a la veneración del santísimo sacramento del altar» que fue sacado por el cura con la intención de aplacar la furia del tumulto. La explicación de tal preocupación por parte de López responde a la magnitud con la que el poder identificaba cada falta. La muerte de varios cargos de la administración era algo grave pero su explicación podía reducirse a la existencia de conflictos personales, privados, y a la furia de los indios desatada por un hecho puntual. Sin embargo, la pérdida del «respeto a lo sagrado», que a priori puede parecer algo secundario, a sus ojos significaba un desafío mayor, «lo que es más que todo» para el presidente López de Ursino, pues implicaba la ruptura de las férreas pautas de comportamiento respecto al pensamiento religioso hegemónico, inseparable a su vez de la legitimación política. Curiosamente, el obispo, conocido por su ferviente defensa de las creencias católicas entre los indios, no hace mención alguna a este episodio.

Fernando López utilizó esta misma carta para comunicar el nombramiento del caballero de Santiago y comisario general de la caballería de Guatemala, el navarro don Melchor de Mencos y Medrano100, como nuevo justicia mayor de Tuxtla y para confirmar que se había abierto causa para proceder al castigo de los amotinados apresados, lo que se ordenó, una vez más, «según las precisas ocurrencias de los avisos y noticas de la larga distancia»101.

El Consejo de Indias examinó toda esta nueva documentación el 8 de enero de 1694 y determinó que las cartas se diesen al fiscal para que este pudiese confeccionar su informe102. No creyeron preciso dar más indicaciones al respecto y en Madrid todos quedaban a la espera de los autos que no habían llegado con los navíos en esta ocasión y que se esperaban para próximas venidas. Sin embargo, al otro lado del Atlántico el proceso ya había seguido su curso. En julio, mientras salía la flota de Veracruz, 21 reos perecieron ejecutados en Ciudad Real y sus cuerpos descuartizados fueron diseminados por las calles y caminos principales de Tuxtla a modo de ejemplo. A finales de año, otros 48 presos habían sido condenados a trabajos forzados al servicio de los dominicos, antes siquiera de que el Consejo supiese de la existencia del motín103. Tales discordancias ilustran como la gestión de facto de estos asuntos correspondió al gobierno local, razonablemente autónomo, que se hallaba legitimado por la necesidad de realizar acciones rápidas, las cuales no podían aguardar a la tardía respuesta de la corte. Este fenómeno también puede comprobarse para otros casos en los que se precisaban respuestas urgentes, como los desastres naturales104. Al Consejo, sin embargo, se le daba cuenta puntualmente de los acontecimientos, solicitándole la verificación de la oportunidad de las medidas adoptadas, mas siempre a posteriori.

Fueron años complicados para las conexiones entre la península y las colonias. Desde la salida de la flota de 1692, ninguna otra flota ni armada de galeones volvería a cruzar el atlántico en dirección a Nueva España hasta julio de 1695. Las comunicaciones hubieron de limitarse a las misivas que podían transportar los navíos de aviso, que viajaron con una frecuencia de uno al año105.

Con este telón de fondo, la elaboración del informe por parte del fiscal se demoró por más de tres años, hasta el 30 de enero de 1697. Para esa fecha, en Madrid aún no habían recibido ninguna noticia de los esperados autos por lo que el fiscal se dispuso a revisar las demás cuestiones. La llegada del resto de documentos se seguiría aguardando antes de opinar sobre el motín «en atención de no correr precisión las providencias por hallarse pacificado el pueblo». Aun así, el fiscal se atrevió a opinar, remitiéndose a la carta enviada por el presidente de la Audiencia de Guatemala, que «el único motivo para tantos delitos» fue «el común odio que tenían a su gobernador don Pablo Hernández, por pretender la ambición de un indio de aquel pueblo quitarle el gobierno para introducirse en él, fomentado de 4 a 5 sujetos los más principales de aquella República». En otras palabras, todo el esfuerzo burocrático necesario para la comunicación sobre lo acaecido quedaba de esta forma resumido a la interpretación parcial e interesada de los hechos que había realizado un solo individuo, el obispo Núñez de la Vega, y que había reproducido oportunistamente el presidente López de Ursino.

El fiscal sí estipuló que se mandasen cartas a Ciudad Real de Chiapa y al obispo, agradeciéndoles sus buenos servicios a la corona106. En último lugar, se contestó a la solicitud de confirmación de Melchor de Mencos como justicia mayor, dejándola en manos del Consejo. Pocas respuestas para tan larga espera. Algo parecido debieron pensar los consejeros que vieron el informe el 5 de febrero de 1697, quienes decretaron un escueto «aguárdese el recibo de los autos y con ellos tráiganse estas cartas al Consejo» con el que murió el expediente107.

La flota que había partido hacia Nueva España en 1695 volvió a la península en marzo de 1697 sin rastro de los autos sobre el motín. No sabemos la causa por la que esta documentación no llegó a Madrid, quizá un robo o un extravío tuvieron algo que ver. Puede que nunca fuesen enviados desde Guatemala intencionadamente o por error humano o que llegasen aún más tarde y por ello no figuren en este expediente. Lo que sí podemos decir es que estas cartas nunca fueron elevadas a consulta por lo que no llegaron a ser leídas por el rey, su pretendido y aludido destinatario final.

5. CONCLUSIONES

Al acercarnos a este motín hemos podido vislumbrar otra forma de expresión del poder, que no se basaba en la fortificación de fronteras ni en la congregación de grandes ejércitos, sino en la capacidad de tejer redes de comunicación efectivas. Los rastros documentales que nos han legado estas redes demuestran cuan activo era el intercambio de órdenes y pareceres en América y su notable autonomía respecto a Europa. Este estudio también nos ha servido para evidenciar la incapacidad del gobierno central para hacer frente de forma eficaz a la administración de los pormenores de la política indiana que requerían prontitud. En un mundo cada vez más conectado a todos los niveles, algo tan básico como la comunicación con la corte seguía presentando notables impedimentos, las conexiones existían pero requerían algo que escaseaba y a lo que hay que prestar atención: tiempo.

El poder central se veía obligado a delegar en las instituciones asentadas en la región, que se hacían responsables de la toma de decisiones inmediatas. No en balde, en el nombramiento de Manuel de Maisterra como alcalde mayor, Carlos II le decía: «y que para le usar y ejercer, cumplir y ejecutar mi Justicia todos se conformen con vos y os obedezcan y cumplan vuestros mandamientos, y que en ello ni en parte de ello no os pongan ni consientan poner impedimento alguno»108. Los principales destinatarios de esta advertencia no eran los numerosos súbditos, mayoritariamente indígenas, sino los escasos vecinos enriquecidos y funcionarios con atribuciones gubernativas, pues estos eran los que verdaderamente podían representar una oposición sólida al alcalde. Así, trascendiendo la división entre un centro dominador y una periferia sometida, encontramos una monarquía integrada por extensos y diversos territorios que miraban continuamente a la corte y seguían su pulso pero que, a su vez, contaban con múltiples centros secundarios, relacionados entre sí. Estos estaban inmersos en dinámicas propias y tenían la capacidad, la voluntad y, en ocasiones, la necesidad de tomar y ejecutar decisiones políticas109.

En esta tesitura debemos preguntarnos ¿por qué era tan importante dar noticias numerosas y detalladas de lo acontecido a la corte?, ¿qué movía a emisores y receptores a mantener la comunicación? La respuesta debe buscarse en la tendencia a la centralización y consolidación del poder monárquico, que llevaba en marcha en la Monarquía Hispánica desde los inicios de la modernidad, en torno a un rey que definió como su obligación principal la administración de justicia, el rey como juez, reflejo de la voluntad divina y fuente de legitimidad110.

El objetivo de los emisores no era aumentar el saber de su monarca sino la búsqueda de esa justicia que en última instancia decretaba el soberano, quien, para poder tomar la decisión correcta, debía ser conocedor de la realidad sobre la que sentenciaba. Desde la corte, se resolvían grandes castigos y las mejores recompensas, fin que siempre perseguían los informadores de una u otra forma, por lo que incluso personajes sin obligaciones como el depuesto Barrios participaban en el sistema informativo sin necesidad de que el rey lo demandase. Poco debía importar en los madrileños pasillos de palacio el nombre del capitán que dirigió a una pequeña compañía hacia un pueblo de indios guatemalteco, no obstante, el mantenimiento y control de este flujo de información sí era atesorado. Constituía, en última instancia, una forma de representación del poder real que creaba una ilusión de omnipresencia a la hora de premiar o castigar, a pesar de los obstáculos logísticos111. En 1697, el nombramiento de Mencos como justicia mayor seguía sin estar certificado, aunque para entonces ya llevaba desempeñando el cargo varios años. Aun así, la confirmación por parte de los organismos reales de la designación seguía siendo un asunto a solucionar pues era una forma de mantener la apariencia de la prerrogativa real, lo que interesaba a unos y a otros como forma de legitimación, aunque en realidad su elección respondiese a la lógica de las redes clientelares indianas y a su disponibilidad cuando se produjo la vacante112.

Gracias a este sistema, la corona recababa una ingente cantidad de información con la que tomar decisiones sobre los diversos asuntos que tocaban al gobierno de sus territorios. No obstante, esta era demasiado abundante como para ser tratada directamente por el monarca y sus principales consejeros, por lo que quedaba en manos de los «oficiales de segunda fila» de las secretarías, como se ha referido a ellos Thomas Calvo113. El peligro de este procedimiento fue metafóricamente llamado por los contemporáneos «la ceguera del rey» porque traía aparejado el desconocimiento por parte del monarca de lo que verdaderamente ocurría en sus reinos. Las informaciones que llegaban ante él habían sido pervertidas en origen por sus primeros redactores para adecuarlas a sus fines, lo que ocultaban imprimiendo conscientemente en ellas un falso halo de objetividad. Pero las deformaciones no acababan aquí, las noticias podían sufrir nuevas manipulaciones una vez llegadas a la corte, al pasar por la hilera de funcionarios que las filtraban antes de presentarlas ante el rey, incluyendo sus propios consejeros114. En el caso del motín de Tuxtla, un conflicto tras el que existían tensiones palpables entre sectores de población indígena y unos ministros abusivos, esto quedó completamente desdibujado, siendo reducido a una pequeña disputa, a pesar de las noticias referentes a la explotación que llegaban por otras vías, como la visita de Descals. Tal transformación impedía que el rey pudiese ser conocedor de los problemas que en realidad atravesaba esta región de ultramar y, por tanto, que pudiese tomar una decisión sobre un asunto que, de igual modo, parece ser que nunca trató. Podemos concluir que, lo que a priori puede parecer una muestra incontestable del poder real, al mismo tiempo nos sirve para constatar sus verdaderas limitaciones.

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