ISSN: 0212-5099

E-ISSN: 2695-7809

DOI: 10.24310/BAETICA.2021.vi41.12875

¿DEMOCRACIA OTORGADA O DEMOCRACIA GANADA?

TRANSICIÓN POLÍTICA Y PROTESTA SOCIAL EN LA

PERIFERIA RURAL (1962-1979)*

Diego Latorre Manglano**

Universidad Complutense de Madrid

RESUMEN

La democracia española no se erigió mediante una legislación institucional de la noche a la mañana gracias a las aspiraciones democráticas de unas élites que venían del franquismo. La democracia se construyó gracias al empuje de unos movimientos sociales que mediante la acción colectiva consiguieron hacer inviables los proyectos continuistas hasta el punto de forzar una negociación que llevaría a una Transición pactada. Pero este empuje democratizador no vino solo de las grandes ciudades, sino que en la periferia peninsular y en el campo español fueron muchos y muy variados los actores que desarrollaron discursos y prácticas encaminados hacia un horizonte de democracia y libertades políticas.

PALABRAS CLAVE: Transición, Franquismo, acción colectiva, mundo rural, elecciones municipales

Enviado: 16/06/2021 Aceptado: 01/09/2021

* Este artículo procede del TFG del mismo autor titulado «Desde abajo y en la periferia: protesta social en el mundo rural durante el tardofranquismo y la Transición (1962-1979)» dirigido por el profesor Óscar Bascuñán Añover y calificado con Matrícula de Honor en la Universidad Computense de Madrid.

**diegolat@ucm.es

¿GRANTED OR EARNT DEMOCRACY?

POLITICAL TRANSITION AND SOCIAL PROTEST

IN THE RURAL PERIPHERY (1962-1979)*

Diego Latorre Manglano**

Universidad Complutense de Madrid

ABSTRACT

Spanish democracy did not appear due to a set of laws suddenly. It was not built by elites from Francoism with democratics ambitions. Democracy was built thanks to the push of social movements that prevented continuism. They used several ways of collective action and forced an agreement transition. However, this democratic push was not only important in big cities. A lot of social actors played in the Spanish periphery and countryside too. They developed a huge spectrum of transcripts and practices with the objective of fighting for democracy and political liberties.

KEYWORDS: Transition, Francoism, collective action, rural world, municipal elections

1. INTRODUCCIÓN, JUSTIFICACIÓN DEL TEMA Y OBJETIVOS

El proceso de democratización en España se convirtió desde el primer momento en un mito fundacional de un nuevo ciclo en la historia del país. Por su gran impacto político y social, la Transición se ha convertido en uno de los principales temas de discusión de políticos, sociólogos e historiadores. Muy lejos de la afirmación de Juan José Linz, en 1996, de que «la transición es ya historia, no es algo que hoy sea objeto de debate o lucha política, hoy es objeto científico», en la actualidad la Transición se ha convertido en objeto de lucha política a raíz de la crisis económica de 2008, la crisis del modelo bipartidista, la creciente puesta en duda de la institución monárquica o el recrudecimiento del conflicto catalán1. Esta vuelta a la Transición como relato político en un momento de crisis institucional guarda relación con la idea que señala Xavier Domènech de que la construcción ideológica alrededor de este periodo tiene la capacidad de restaurar legitimidades o, por el contrario, de ponerlas en duda –la Monarquía o la anticonstitucionalidad del derecho de autodeterminación son ejemplos muy claros–2. No parece atrevido afirmar que desde hace varios años se ha agotado el «echar al olvido» al que se refería Santos Juliá3.

Los análisis sobre la Transición se han centrado en múltiples modelos explicativos. José R. Díaz Gijón agrupa estos modelos en teorías estructuralistas, aquellas que explican el proceso como fruto de condiciones objetivas, y en teorías referidas a los actores sociales, aquellas que se centran en la actuación de dichos actores para explicar el devenir histórico4. Ejemplos del primer caso son los estudios que intentan explicar la democracia como fruto de la modernización económica del país, un proceso que tenía que llevar inequívocamente a la democracia liberal. En el segundo caso se insertarían los estudios que presentan el proceso como resultado de la acción del movimiento obrero y otros movimientos de protesta como el vecinal y el estudiantil, o aquellos trabajos que ponen el foco en los grandes hombres que planificaron y desarrollaron la democratización política. Como bien señala Díaz Gijón, es necesario prestar atención a todos estos modelos explicativos para desarrollar un análisis multifactorial y pluricausal.

Por otro lado, es un punto común entre historiadores el afirmar que hay dos discursos con amplia aceptación social. Estos discursos son totalmente antagónicos y llegan a conclusiones muy diferentes, pero se basan en los mismos supuestos: liderazgo de las élites en el proceso, subordinación de la oposición y el movimiento obrero, Transición como momento de pasividad social y desmovilización, etc. Por supuesto, estos relatos no son plenamente homogéneos y pueden presentar diferencias internas, pero para lo que aquí se pretende, señalar sus limitaciones y denunciar una excesiva sencillez que les hace caer en falsedades, vale con anunciar algunos puntos en común.

Un primer discurso formulado por las élites protagonistas de la Transición explica el proceso como impulsado “desde arriba” y planeado de antemano, exento de grandes contratiempos gracias a la madurez de la sociedad española del momento que entendió la importancia de no apoyar proyectos radicales. Este relato es muy recurrente dentro de las élites franquistas que desarrollaron un papel protagonista durante la Transición porque les permitiría legitimarse como demócratas de largo recorrido. El segundo suele ser formulado por aquellos que quedaron marginados del proceso por la falta de apoyo social debido a la radicalidad de sus propuestas o por sus herederos ideológicos. Este discurso trata de deslegitimar el actual modelo político, económico y social argumentando que la Transición no rompió con el pasado franquista y que fue la continuidad lo que predominó en las instituciones estatales5. La gran extensión de estos relatos hace evidente que hay una gran preocupación social en torno a la construcción de la democracia española, y mientras exista esta preocupación seguirá siendo necesario enriquecer el objeto de estudio para intentar acabar con los relatos simplistas.

Dentro de este esfuerzo es dónde pretende hacerse un hueco este ensayo, vinculado a una corriente de estudio que quiere crear un modelo explicativo «desde abajo», explicar la Transición como un proceso en el que la sociedad civil fue un actor central gracias a una movilización obrera que se extendió rápidamente a otros grupos como el vecinal, feminista, estudiantil, etc. Esta perspectiva «desde abajo» sirve para romper con las explicaciones deterministas que estudian el periodo como la secuencia lógica de las condiciones objetivas sociales y económicas que se venían dando en España desde los años sesenta, pues otorga el protagonismo a la sociedad civil u oposición democrática como principal motor del cambio democrático6. Además, también sirve para enfrentar la idea de la Transición como periodo de desmovilización y de pasividad de la sociedad7. Pero un enfoque «desde abajo» que se precie no puede obviar a los actores que construyeron la democracia en las zonas menos accesibles a las ideas rupturistas con el franquismo.

Los estudios de Historia Social en torno a la Transición y la lucha social y política se han centrado eminentemente en el mundo urbano e industrial y han dejado de lado el mundo rural e incluso las capitales de provincias menos industrializadas. Es por lo que se hace necesario desarrollar cada vez más trabajos enfocados a señalar que el campo español ni fue una balsa de aceite de protesta ni se limitó a seguir unas dinámicas impuestas desde la centralidad política y social que suponían Madrid, Barcelona y Bilbao. Además, abordar la Transición como un proceso complejo, con límites poco definidos y desde una perspectiva local supone adoptar una cronología amplia. En este caso, esta cronología arranca en 1962 con el inicio del mayor ciclo de acción colectiva que tuvo lugar durante toda la dictadura y finaliza con la celebración de las elecciones municipales de abril de 1979, que supusieron la llegada de la democracia al ámbito local.

De este modo, una perspectiva de Historia Social con un enfoque «desde abajo» nos obliga a prestar atención a los sujetos históricos, su naturaleza, discursos, prácticas y su relación con el proceso de democratización español. Los actores sindicales, políticos y sociales desarrollaron dinámicas propias con el objetivo de captar simpatizantes y de influir en los cambios sociales y políticos ¿Cuál fue la relación entre los partidos y sindicatos de ámbito nacional y los vecinos de las comunidades locales? ¿Generaron prácticas y discursos encaminados a aumentar su implantación en estos espacios? ¿Qué papel jugaron los actores estrictamente locales? Los repertorios de protesta determinaron en gran medida la acción de estos actores y su éxito o fracaso ¿Desarrollaron repertorios variados? ¿Hubo cambios en las formas de acción colectiva determinados por la alteración de la estructura de oportunidad? Por último, no se puede obviar la relación entre la movilización social y los cambios institucionales ¿Cuál fue la relación entre la protesta y la democracia? ¿Fueron efectivos los actores sociales a la hora de construir la democracia española?

2. MOVILIZACIÓN SOCIAL Y DEMOCRACIA: ACTORES Y REPERTORIOS

La protesta en el mundo rural se caracterizó por ser muy variada. En algunas ocasiones estuvo marcada por lógicas externas, pero en otras se definió a través de formas propiamente endógenas. Esto se ve claramente atendiendo a los actores de la protesta. Los sindicatos y partidos fueron personajes protagonistas en la movilización de poblaciones rurales. Desde partidos y sindicatos de clase como el PCE o las Comisiones Campesinas (CCCC) a partidos y sindicatos nacionalistas como Unión do Povo Galego (UPG) o las Comisións Labregas (CCLL) movilizaron sus recursos para conseguir una fuerte implantación en el medio rural. Dentro de estas organizaciones se va a distinguir entre sindicatos y partidos con implantación nacional y entre sindicatos que solo operaron a nivel local. En el primer caso entran el PCE, el PSOE y la CNT. En el segundo caso se van a analizar el sindicato nacionalista gallego CCLL y el Sindicato de Obreros del Campo (SOC) de Andalucía.

El PCE adaptó su política de «reconciliación nacional» al campo intentando promover una identidad colectiva común entre sectores tan heterogéneos como los jornaleros y los pequeños y medianos propietarios. Este movimiento era percibido como necesario para crear una base de simpatizantes potencialmente amplia y no quedar aislados en pequeños grupúsculos. Por tanto, se intentaba potenciar un movimiento interclasista en el que la solidaridad de grupo se oponía al Franquismo y a las oligarquías económicas, los verdaderos enemigos, pues la «dictadura fascista [es la] que con su política anti campesina, permite y protege a las grandes compañías comercializadoras de los productos agropecuarios, a que exploten de manera canallesca a los campesinos pagándoles precios irrisorios por sus productos»8. La única solución a esta situación de injusticia era la movilización de jornaleros y campesinos para conseguir un reparto de la riqueza más justo.

Las CCCC, rama en rural de CCOO, se involucraron en la protesta contra el pago de la cuota empresarial de la Seguridad Social Agraria (SSA). Este conflicto surgió en 1971 por la inclusión de un nuevo impuesto a los trabajadores agrarios por cuenta propia que pasaban a ser considerados empresarios. El aumento impositivo, y que no se veía que repercutiese en una mejora de los servicios prestados por el Estado, generó un gran descontento que se proyectó en una fuerte movilización social gracias a la fuerza de los agricultores y a la organización de los sindicatos. Este conflicto se fue configurando a través de la interacción entre comunidades rurales y organizaciones sindicales. En un panfleto de las CCCC que llama a «non pagar» se aprecian perfectamente las líneas principales de los procesos enmarcadores del PCE en el campo: una situación de injusticia, «os campesiños xa estamos fartos de aguartar inxusticias (…) encima volven con iste imposto que non non dá dereito a nada»; un enemigo culpable de dicha situación, «caciques» y «esquiroles»; y la forma de solucionar dicha situación, «dirixámos cartas as autoridades, a prensa, facendo conocer a nosa decisión de NON PAGAR. Impidamos a presencia dos recaudadores nos nosos pobos. Esixamos os novos membros das Hermandades que collan dunha vez a defensa verdadeira dos labregos».

Además, en este caso se evidencia muy bien cómo las CCCC, por su vinculación al PCE, hacen referencia a actores políticos externos a los agricultores que también están participando en la lucha antifranquista, «contamos nesta loita co importantísimo apoio de curas, maestros, abogados, obreiros das ciudades, médicos e outros»9. Es evidente que este discurso tuvo éxito porque fue asumido por amplios sectores sociales que no tenían que estar necesariamente vinculados al PCE. En la localidad de Cenizate (Albacete), en 1972, los agricultores se vieron legitimados para interrumpir los trabajos de concentración parcelaria alegando que no promovían la justicia social y que solo beneficiaban a los poderosos10. Por otro lado, toda esta retórica se vinculó a la reivindicación histórica de la reforma agraria. El objetivo de esta reforma agraria era la realización de la tradicional consigna de «la tierra para quien la trabaja», un remedio que debía quedar plasmado en la expropiación de los ricos propietarios latifundistas y su posterior entrega a los jornaleros desposeídos. Así lo señalaba el órgano de expresión comunista La Voz del Campo:

Bajo la dictadura ni el problema del paro agrícola ni ninguno de los problemas del campo tienen solución auténtica. No la tienen porque la solución auténtica de estos problemas exige terminar con la injusta distribución de la tierra, poniendo en manos de los obreros agrícolas y de los campesinos pobres la tierra de la aristocracia11.

Esta reivindicación tuvo mucha fuerza en regiones como Andalucía, donde todavía existía una fuerte identidad jornalera, y se tradujo en la posterior consecución de votos en aquellas zonas donde había más jornaleros12. Además, la organización a través de asambleas campesinas funcionó como creadora de espacios de aprendizaje democrático que promovieron la vinculación de las demandas sociales con las demandas políticas. La Primera Asamblea General de las Comisiones Agrícolas Campesinas se reunió en Madrid en mayo de 1970 y puso sobre la mesa sus principales reivindicaciones: reforma agraria, «la tierra para quien la trabaja»; oposición a «un sistema de tributación injusto»; la equiparación salarial entre obreros industriales y agrícolas; y reivindicaciones encaminadas a proteger a los sectores más castigados (salario de 300 pesetas, seguro de paro, etc)13. Pero el éxito del PCE no tuvo que ver solo con el éxito de unos marcos culturales eficaces, también tuvo mucho que ver con su capacidad organizativa. Su predominio en la lucha antifranquista no suponía que la ideología comunista fuese hegemónica dentro de la oposición. La mayoría de los militantes no se unían al partido porque fuesen comunistas, este no era el elemento aglutinador. Lo eran las redes personales tejidas alrededor de los líderes espontáneos y, sobre todo, la capacidad de ofrecer una organización clandestina eficaz en un momento en el que esto era la primera prioridad política14.

El PSOE no fue una fuerza a tener en cuenta en las movilizaciones de los sesenta. Pero la situación cambió a raíz del Congreso de Suresnes de octubre de 1974, que supuso la renovación del partido por gente del interior frente a la vieja guardia del exilio. Esta renovación se tradujo en una mayor preocupación socialista por su implantación social y por combatir en un espacio que hasta entonces estaba prácticamente copado por los comunistas. Esta nueva estrategia no fue ajena al mundo rural. En Albacete, el PCE se empezó a reestructurar a partir de 1973 y mantuvo el monopolio de la lucha organizada hasta que en mayo de 1976 el PSOE consiguió construir una base organizativa formada por militantes socialistas y ugetistas que tuvo su primer movimiento de relevancia con la celebración del Congreso Provincial de diciembre. Su implantación y rápido ascenso tras la muerte de Franco tuvo mucho que ver con los esfuerzos que hicieron para combatir el control de los sindicatos comunistas mediante un proceso discursivo y organizativo.

El partido, consciente de que el relato del obrerismo de las grandes ciudades no tenía validez en el campo, se centró en una retórica más agraria y promovió la implantación de la sección agraria de la UGT, la Federación de Trabajadores de la Tierra (FTT). La necesidad de ampliar sus bases sociales y su vinculación con un discurso de «modernización» llevó a los socialistas a intentar atraerse a pequeños y medianos propietarios. Enrique Ballestero, diputado del PSOE por Badajoz, señalaba en 1979 que «todavía hay que repetir machaconamente en los mítines de los pueblos algo tan elemental como que los socialistas no van a quitar las tierras y el ganado a los pequeños y medianos agricultores». Pero esto se hizo sin abandonar en ningún momento el interés de los asalariados. Entendían que sus intereses no eran para nada antagónicos y se podían aunar en la defensa de la equiparación de sus niveles de vida a los de los trabajadores de otros sectores.

Además, coincidían en la necesidad de diferenciar dos fases de actuación. Por un lado, medidas a corto plazo encaminadas a democratizar el país, y, por el otro, medidas a largo plazo de carácter estructural que siempre aparecieron reflejadas de forma más difusa. Es en este último sentido donde los socialistas recogieron la tradicional reclamación de la reforma agraria, aunque vaciada de rasgos revolucionarios y como fruto de la futura «modernización». En cuanto a los esfuerzos organizativos, el problema vino con la diferencia de ideas en torno a si acoger a los pequeños propietarios en el FTT o si intentar aumentar su fuerza dentro de las Uniones de Agricultores y Ganaderos (UAGAS), eminentemente comunistas. Finalmente se decidió seguir combatiendo dentro de las UAGAS donde la implantación socialista era alta y potenciar la FTT en el resto del país15.

Aunque la CNT nunca alcanzó la relevancia que pudieron tener el PCE durante el Franquismo o el PSOE durante la Transición, es necesario señalar algunas de sus principales características sobre todo porque evidencian el desarrollo de un modelo totalmente opuesto a las fuerzas políticas anteriormente citadas. En la primera mitad de los años setenta ya existieron esfuerzos para refundar la CNT, pero no llegó a provincias como Andalucía hasta 1975. Su escasa implantación en estos años refleja los problemas que supone una estrategia poco eficaz en un contexto que no es propicio. El maximalismo discursivo y el apoliticismo revolucionario –marcos culturales– de la CNT no fueron bien recibidos en un contexto de desarrollo de clases medias, respecto a la década de los años treinta, y de ilusión y confianza democrática después de una larga dictadura y tantos esfuerzos por conseguir votar –estructura de oportunidad‒. Además, los cenetistas se autoexcluyeron del proceso político y social rechazando su participación en las nuevas plataformas legales para la acción sindical –estructuras de movilización– y rechazando el consenso porque «todo pacto en que la clase obrera no sea hegemónica es el pacto del león con la oveja»16. Por todo esto su afiliación fue baja y empezó a caer todavía más a partir de 1978, lo que hizo que cada vez fuesen más recurrentes los repertorios de protesta violentos como el atentado contra la discoteca Scala de Barcelona en enero de 1978 o el atraco a dos bancos en Almería en junio de 197917.

Las CCLL surgieron en 1973 bajo el impulso renovador estratégico de UPG. Esta organización sindical de carácter nacionalista se desarrolló al calor de los principales conflictos del momento en Galicia: abolición de la cuota empresarial de la SSA, «guerras agrarias», recuperación de los Montes Vecinales en Mano Común y rechazo a la construcción de embalses. Las CCLL se incorporaron a la defensa de los pequeños y medianos agricultores contra la cuota empresarial cuando CCCC ya llevaba años en el conflicto, por lo que no tuvo tanta repercusión, pero aprovecharon las reuniones informales que realizaban muchos agricultores para insertar sus reivindicaciones. La novedad que aportaban era la legitimación del conflicto en base nacionalista, refiriéndose constantemente a la condición de Galicia «como colonia del Estado»18. Las «guerras agrarias» en Galicia se articularon en torno a la leche y la patata y solo los sindicatos nacionalistas participaron activamente. Las principales formas de denunciar una situación que consideraban injusta fueron el boicot y la destrucción intencionada de su propia mercancía para dejar claro que no ganaban suficiente al venderla19. El conflicto por la devolución a la comunidad de los Montes Vecinales en Mano Común tenía sus orígenes en el siglo XIX y ya en los años cuarenta del siglo XX empezó a cobrar fuerza frente a las primeras repoblaciones. Pero fue con las luchas de la década de los sesenta cuando adquirió la fuerza suficiente para conseguir que se aceptase la propiedad vecinal en 1968, aunque las limitaciones de dicha ley prolongarían el conflicto20.

Por último, la lucha contra la construcción de embalses se articuló como una defensa de las comunidades rurales por sus derechos y en general se vio alimentada por un fuerte impacto simbólico como pérdida de puntos de referencia en la vida comunitaria, separación de los vecinos con la zona de trabajo, etc21. Por tanto, el partido nacionalista UPG usó la herramienta de las CCLL como elemento movilizador de la población rural y como forma de penetración de las ideas nacionalistas en el campo. Para ocupar un espacio en el sindicalismo de clase tuvo que enfrentarse con el PCE por la confianza de los vecinos. Pero la gran diferencia que les alejaba de los comunistas estaba en que la CCLL intentó crear un sentimiento nacionalista en el que se presentase el mundo rural como esencia de la identidad nacional. Lo contradictorio era que, a pesar de que el mundo rural era el supuesto guardián de las esencias patrias, hicieron la lectura de que el campesinado gallego no podía movilizarse por sí solo y necesitaba de agentes externos para organizarse. En un documento interno del partido se afirmaba que «consideramos que pra crear un movemento agrario tén que ser en principio promovido por xente que teña uns coñecementos superiores e que traballe direutamente cos labregos (cura, mestres, téinicos rurás, asistentes sociás, etc.)»22.

El SOC se fundó en Antequera en agosto de 1976 con una identidad jornalera unida a un cierto sentimiento de pertenencia a una nación-región propia. Además, su nacimiento en un contexto de apertura política favoreció que se diese una gran importancia a la reivindicación de libertades políticas, aunque no exclusivamente. Como otros sindicatos de clase, también combinaron reivindicaciones mínimas, como la lucha por los subsidios, con otras máximas, como la lucha por la tierra. Esta última les hizo recurrir a la ocupación de tierras de terratenientes y, aunque no tuvieron éxito su objetivo principal, por la reacción de las fuerzas del orden, sí consiguieron poner sobre la mesa el debate sobre la estructura de la propiedad y llegar a la opinión pública a través de los medios de comunicación. Pero lo que fue más importante para la consolidación de esta organización fue que encontraron un aglutinante que les permitió arraigar en muchos pueblos de carácter jornalero gracias a que supieron recoger las preocupaciones de los trabajadores del campo y darles una respuesta satisfactoria combatiendo lo que entendían como el principal problema común, el paro. En cuanto a la organización, desde el principio fueron conscientes que no podían limitarse a importar modelos ajenos. En lugar del modelo de comisiones, que reconocían útil para las ciudades, adoptaron una forma de funcionar diferente: «teníamos que formar un sindicato clandestino, en base a núcleos jornaleros, reconocidos por todos como dirigentes de cada pueblo, que serían los encargados de formar los organismos y de planificar las luchas»23. Una estructura de oportunidad más limitada favorece estructuras organizativas menos participativas y más cerradas en sí mismas.

A pesar de que las organizaciones sindicales no consiguieron reclutar a una gran masa de afiliados, sus relaciones con organizaciones políticas y el contexto de conflictividad ayudó a que en muchas ocasiones tuviesen éxito. Es evidente que el papel jugado por los partidos políticos y los sindicatos agrarios ayudó a la democratización en el campo. Pero también hay que atender al desarrollo interno de las propias comunidades rurales para evitar simplificaciones de un proceso más complejo. En la mayoría de los casos no fueron los sindicatos los que iniciaron las protestas, sino que se adhirieron a aquellas luchas iniciadas por otros actores sociales. Aunque la lucha contra la construcción de una central nuclear en Xove fue iniciada en 1973 por los vecinos del pueblo, el PCE, CCCC, UPG y CCLL no se unieron hasta 197724. Por tanto, en el espacio de las comunidades rurales también participaron actores estrictamente endógenos como la prensa local, los propios trabajadores sin sindicar o la comunidad rural como espacio de experiencias compartidas.

Igual que el ámbito nacional, en el local la prensa también funcionó como micrófono para las luchas democráticas y por la libertad de expresión. El periódico La Verdad de Albacete fue inaugurado en 1973 y actuó como un altavoz de las minorías y de los descontentos frente a La Voz de Albacete, el diario del Movimiento. Los medios de comunicación son «capaces de llegar a una audiencia mucho mayor de la que pueden alcanzar los actores de los movimientos sociales por sí mismos»25. Esto fue lo que ocurrió con el caso que aquí se presenta y por eso los agricultores de Villamalea llegaron a agradecer por carta a la dirección la «preocupación que sentimos por la población» debido al apoyo que este demostró a la cooperativa del pueblo en su conflicto con las autoridades por la Entrega Vínica Obligatoria26. Un proceso similar tuvo lugar en Almería, donde también en 1973 nació el periódico Ideal como alternativa al oficialista La Voz de Almería. Movimientos como las asociaciones de vecinos encontraron en este medio una plataforma desde la que plantear sus problemáticas y reivindicaciones. Así lo recordaba el delegado de Ideal en Almería en una entrevista en 2017:

Manolo [Gómez Cerdeña] empieza a moverse por todos los barrios y así salía el Ideal unos días hablando de los Ángeles, otro día de La Chanca, otro día del Barrio Alto… y salía un reportaje hablando con los vecinos. Y entonces ya los vecinos empezaron a ir a la redacción para pedirnos que fuéramos a sus barrios para ver sus problemas de agua, de luz, de basura…27.

Pero incluso periódicos de mayor recorrido y con un claro carácter católico ampliaron en estos años la cobertura que se daba a una serie de estallidos sociales que cada vez eran más difíciles de ocultar. El Periódico Extremadura informaba el 3 de septiembre del «éxito de la manifestación» contra la intención del gobierno de abrir una nueva central nuclear en el pueblo de Valdecaballeros y el periódico murciano La Verdad recogía la manifestación proamnistía que tuvo lugar el 21 de enero de 1976 frente a la Prisión Provincial de Murcia o la reivindicación de numerosas asociaciones vecinales de un referéndum municipal sobre el plan de ordenación de Murcia28.

Aunque los sindicatos tuvieron una gran importancia a la hora de organizar a los trabajadores descontentos y de funcionar como plataforma desde la que hacer más sonadas sus reivindicaciones, no fueron pocos los casos en los que los trabajadores y las trabajadoras no necesitaron de estas organizaciones para plantear una protesta organizada. Los trabajadores de la banca de Albacete se organizaron para evitar la proletarización de su sector, que consideraban como privilegiado, aprovechando la negociación de convenios de 1969. Desarrollaron formas de protesta originales para reducir los costes, como abandonar su aspecto físico o portar un pequeño pin con la frase «este banco me debe dinero»29. También las mariscadoras gallegas de los municipios de Marín y Poio se enfrentaron a las autoridades, sin necesidad de sindicatos, para protestar por la actividad de una fábrica de celulosa debido a los perjuicios causados al medio natural y al aprovechamiento económico de los recursos y por los riesgos potenciales a la salud pública30.

Por último, cabe señalar la comunidad rural como espacio que también actuó como un cierto actor creador de identidades y de procesos enmarcadores. Las fiestas y celebraciones comunitarias y populares también fueron una oportunidad para protestar y crear solidaridad a nivel local gracias a la tradición. Así ocurrió en 1972 cuando el alcalde de Villamalea intentó que no se celebrasen las fiestas de la Cooperativa San Antonio Abad y cientos de vecinos acudieron a su casa para gritarle y tirar petardos como forma de mostrar su descontento31. No debemos olvidar la capacidad de los espacios de vida para generar redes informales de sociabilidad que pueden ser aprovechadas por diversos actores políticos y sociales para crear formas de solidaridad y marcos culturales sólidos vinculados a la comunidad.

A lo largo de este repaso por los actores de la protesta social en el campo, parece evidente la dificultad de delimitar una línea marcada que separe a los partidos y a los sindicatos de los vecinos de las comunidades rurales. Esto se debe a que, a pesar de un cierto paternalismo y su origen externo a las propias comunidades, fueron los agricultores y obreros de las provincias rurales los que participaron activamente como miembros de base de estas organizaciones. Además, es un error pensar que los campesinos se adhiriesen a los sindicatos sin ningún tipo de lógica propia. Hemos visto, y se evidencia muy bien en los casos del PCE y el PSOE, como el sindicalismo agrario no dejó de lado las problemáticas locales concretas:

lo que resulta evidente es que las reivindicaciones sindicales son las reivindicaciones campesinas. Los que aspiran a convertirse en sus representantes parten de las demandas, protestas y preocupaciones de los agricultores. Los sindicatos hacen suyas estas pretensiones, las apoyan, ofrecen sus recursos de asesoramiento y organización, animan a la movilización, contribuyen a su conocimiento y a la amplificación de su dimensión y duración32.

Pero para analizar cualquier ciclo de movilización también es necesario atender a los repertorios de protesta empleados. El periodo de movilización que se inició en España en la década de los sesenta no surgió de la nada. Fue fruto de un descontento social que no era nuevo pero que se evidenciaba de formas menos visibles públicamente y con unas redes de sociabilidad propias de la vida cotidiana donde se fueron fraguando interpretaciones políticas comunes y fuertes lazos de solidaridad. Muestra de que había un descontento previo fueron formas de protesta veladas –«armas de los débiles»– como los incendios intencionados provocados por los vecinos de Lugo en rechazo a una repoblación forestal que buscaba favorecer a empresas papeleras; o un creciente absentismo en la localidad de Almansa que llegó a provocar una preocupación creciente entre las autoridades33.

Este descontento fue tomando forma en una «sociedad civil alternativa» que se construía alrededor de espacios de sociabilidad como salones parroquiales, cooperativas, tabernas de barrio, grupos vecinales, etc. Como señalaba un antiguo militante antifranquista: «aquello [las excursiones, meriendas, competiciones deportivas, tertulias, asambleas, etc.] parece que no tuvo importancia, pero explica cómo nos hemos ido desarrollando después». Por tanto, estas herramientas culturales fueron esenciales para mediar entre la estructura de oportunidad y la movilización, pues sirvieron para favorecer ciertas interpretaciones subversivas sobre los problemas sociales y políticos34.

Estas experiencias pusieron las bases para que en las décadas de los sesenta y los setenta pudiesen desarrollarse formas de protesta abiertas que aprovecharon una nueva estructura de oportunidad política. En estos años surgieron nuevos repertorios de protesta que ampliaron los hasta entonces disponibles. En el ámbito rural fue común el uso de nuevos repertorios como huelgas, encierros, manifestaciones, tractoradas o conciertos. En Albacete, en 1976, aprovechando la feria, miembros del PCE organizaron un concierto con la presencia de varios artistas de izquierdas. Ante el riesgo de politización, las autoridades locales decidieron prohibir el evento, lo que provocó una manifestación espontánea que terminó con cargas policiales y detenciones35. Se evidencia con este ejemplo cómo una actividad aparentemente inofensiva y ociosa como es un concierto podía transformarse en protesta abierta si era insertada dentro de un marco político o si recibía respuestas represivas de las autoridades.

Pero esto no significó el abandono de formas tradicionales como el impago de impuestos, la ocultación de cosechas, el envío de quejas a las instituciones o los boicots. De hecho, al menos hasta la muerte de Franco, era habitual que solo se hiciese uso de formas de acción directa cuando ya se habían agotado sin éxito las vías legales. El repertorio de protesta que se empleó en el conflicto en torno a la devolución de los montes comunales fue amplio y recurrió a todas las vías disponibles. En un primer momento los vecinos usaron herramientas administrativas y judiciales, pero por el fracaso continuado de sus reclamaciones se vieron obligados a pasar a la acción directa para evitar la inmediata ocupación.

En el municipio coruñés de Mazaricos, en 1963, varios vecinos se opusieron a los trabajos de los ingenieros del Patrimonio Forestal y «al presentarse la Guardia Civil para proteger el trabajo, los vecinos persistieron en su actitud violenta y arrojaron piedras»36. Aunque no tan fructífero como esperaban los agricultores, en este caso la vía administrativa y judicial fueron recurrentes por el apoyo de grupos ganaderos que estaban representados en el Estado franquista, lo que evidencia como el apoyo de las élites supone una oportunidad política muy ventajosa para cualquier protesta37. Pero esto cambió en la década de los setenta con la crisis de régimen provocada por la muerte del dictador.

La protesta abierta cada vez se fue haciendo más habitual y llegó a emplearse sin recurso previo a la vía de la legalidad. Desde el 28 de marzo al 2 de abril de 1977, SOC, CNT y UGT promovieron una semana de lucha huelguística a lo largo de unos 170 pueblos andaluces para conseguir derechos laborales que les protegiesen del paro (plan de inversiones públicas en la región, seguro de desempleo, etc.) y a principios de junio, varios pueblos de la sierra gaditana se pusieron en huelga por las malas condiciones laborales en la recogida de la remolacha. Finalmente, SOC y CCOO firmaron un convenio que garantizaba 1.200 pesetas diarias por ocho horas de trabajo y eliminación del destajo. Pero esto no significaba que se abandonasen completamente formas de protesta más tradicionales. En agosto de 1979 los vecinos de Camino Llano (Cáceres) exigieron que se trasladase el mercado por los problemas de higiene y ruido que provocaba llegando a amenazar con el boicot38.

Estas nuevas formas de rebeldía y disidencia se fueron extendiendo y popularizando como forma de contestación social. La apertura de las oportunidades políticas permitió que cada vez fuesen más las personas que se atrevían a desafiar al régimen político de forma pública y visible. Los nuevos repertorios se expandieron por zonas rurales a través de canales de difusión de protesta: emigrantes que se habían politizado en sus regiones de recepción y que volvían de vacaciones y difundían sus nuevas ideas subversivas; universitarios que volvían a casa; etc. Todos estos, al regresar a sus hogares, llevaban consigo «libros y propaganda de matiz comunista» y «modelos para la acción colectiva, marcos maestros y estructuras de movilización» que abrieron nuevas vías de protesta social39.

La expansión de la protesta unida a un contexto de apertura política favoreció que a la lucha socioeconómica se uniese la lucha política por libertades democráticas. Como se ha insistido a lo largo de este artículo, no fue con la muerte de Franco cuando se iniciaron gran parte de los conflictos, sino que se puede rastrear a nivel local hasta principios de la década de los sesenta. Los obreros metalúrgicos sindicados de Albacete solicitaron que su convenio fuese negociado por los «auténticos representantes de los trabajadores» y no por los burócratas de la Organización Sindical. Esto evidencia cómo los trabajadores cada vez consideraban que la legitimidad de las instituciones franquistas era menor y apostaban por apoyar a organizaciones con funcionamiento democrático.

En enero de 1975, un grupo de maestros de EGB de Lorca (Murcia) rechazaban la representación del sindicato oficial y exigían la «creación de un Colegio profesional de la enseñanza, donde todos sus miembros sean elegidos democráticamente y que, a su vez sea representativo a todos los niveles». A esta reivindicación unieron las peticiones de la escolarización pública y gratuita, muestra de la gran vinculación entre las luchas sociales y las políticas de tinte democráticas40. Otro ejemplo es el conflicto en torno al impago de la cuota empresarial de la SSA. Aunque se había iniciado en 1971 y tenía una naturaleza estrictamente antifiscal, en el contexto de transición política se unieron otros elementos como la reivindicación democrática. En asambleas, reuniones o artículos de prensa, las organizaciones consiguieron ligar la lucha contra la cuota a la lucha por un nuevo régimen político. Muestra de que esta vinculación tuvo éxito es que allí donde los índices de impago eran mayores, también era donde mayor respaldo electoral tenían los sindicatos democráticos41.

Por tanto, se puede afirmar que los sindicatos rurales fueron actores clave en la democratización del campo español. Otro factor importante fue la naturaleza del propio régimen franquista. Su condición dictatorial y represiva impedía cualquier tipo de canalización institucional de la protesta, lo que suponía en la mayoría de los casos una lucha por el control de la calle que terminaba en enfrentamientos con la policía, heridos y detenidos. Por tanto, cualquier manifestación, fueran cuales fueran sus motivos, tenía el potencial de acabar convirtiéndose en una manifestación contra el propio régimen político por la reivindicación de poder hacerlo libremente o por muestras de solidaridad antirrepresivas42. Incluso solicitar lugares de reunión se podía convertir en algo subversivo y que generase movilizaciones. Este fue el caso de Brenes (Sevilla), en octubre de 1969, donde tuvo lugar una concentración de más de cincuenta trabajadores en la puerta del sindicato oficial solicitando que se les permitiese realizar una reunión en su salón. Ante la negativa, los trabajadores se manifestaron por las calles repartiendo panfletos que exigían precios mínimos para la aceituna y el algodón, tema que se iba a tratar en la esperada reunión. Estos hechos provocaron la intervención policial y varios detenidos que fueron puestos en libertad al día siguiente por la solidaridad de los vecinos que simpatizaban con las reivindicaciones de los trabajadores43.

Con la muerte de Franco no desapareció la represión de las manifestaciones y de los movimientos organizados. Por una parte, las protestas de la primera mitad de 1976 se centraron en acabar con la dictadura en aquellos enclaves a nivel local donde pretendía perpetuarse y fueron muy importantes en la caída del gobierno continuista de Carlos Arias Navarro. Pero, por otro lado, la represión indiscriminada se mantuvo y el proceso de democratización se realizó en un contexto claramente represivo. Las élites reformistas no fueron pasivas ante el empuje de las fuerzas opositoras. En Albacete, el temor a que tuviesen éxito las manifestaciones del 12 de noviembre de 1976 contra la Ley para la Reforma Política se tradujo en detenciones preventivas de militantes comunistas, controles de carretera, charlas en centros educativos sobre las posibles consecuencias de participar en la manifestación, colaboración entre la policía y elementos ultraderechistas armados y gran número de detenciones44. El Periódico Extremadura informaba sobre variados incidentes que habían tenido lugar a favor de la abstención como la colocación de dos artefactos explosivos en dos colegios electorales de Navarra, piquetes informativos en diferentes puntos de la geografía nacional o que «en los barrios obreros predominaban las pintadas que animan a la abstención». Muchos de estos actos fueron acompañados de detenciones policiales45.

Frente a la represión, la petición de amnistía política, laboral y educativa aglutinó a todo el movimiento antifranquista y consiguió gran popularidad entre la sociedad civil porque se consideraba una reivindicación democrática esencial para dejar atrás la dictadura. Fue tal su potencia movilizadora que el gobernador civil de Albacete mostraba una gran preocupación porque «el tema de la amnistía […] ha sido el punto más avivado y utilizado como bandera para la celebración de manifestaciones más o menos públicas, o de actos encubiertos, amparados en la condición de culturales, de conferencias científicas, etc.». Esto provocó que incluso dentro de los sectores del franquismo se debatiese el tema. En Albacete, organizaciones como Fuerza Nueva o la Asociación de Amas de Casa se mostraron favorables a una amnistía que dejase fuera los delitos de sangre y los actos terroristas, pero otros sectores mostraron claramente su repudio. En enero de 1976, un concejal del ayuntamiento de Hellín amenazó con presentar la dimisión si se seguía tratando dicho tema en esta institución46. Con todo esto, se puede apreciar como el control de las autoridades reformistas sobre el espacio local fue muy severo para impedir el desborde del proceso democratizador.

El retraso de las primeras elecciones municipales también fue una estrategia de control de las instituciones sobre la sociedad civil. Según Damián A. González Madrid, el gobierno de Suárez retrasó conscientemente las elecciones municipales en 1976 por el recuerdo de abril de 1931 en un contexto de gran movilización social. Finalmente, la fecha se decidió para el 3 de abril de 1979 para poder aprovechar el rédito político que se esperaba conseguir con la victoria en las generales del 1 de marzo47. Pero aun así estas elecciones no estuvieron exentas de conflicto. La democracia no llegó automáticamente al mundo rural con la celebración de las primeras elecciones y esta tuvo que construirse mediante la práctica, la negociación y el enfrentamiento entre los antiguos poderes y los nuevos movimientos de presión democráticos. La Federación socialista elaboró manuales electorales dónde se explicaban los criterios, normas y bases de funcionamiento del proceso electoral y dónde se avisaba de los posibles riesgos de fraude electoral para que los vecinos pudiesen saber qué tenían que hacer para ejercer su derecho al voto tras cuarenta años de dictadura.

Santos Juliá afirma que, excepto por el hecho de que no fue dirigido por la oposición, el proceso de cambio político entre 1975 y 1977 siguió las líneas de rupturas defendidas por la oposición48. Esta afirmación habría que matizarla cuando se escoge un enfoque local y rural. En este espacio se evidenciaron múltiples actos antidemocráticos y esfuerzos continuistas a lo largo de toda la década de los setenta con el mantenimiento de alcaldes franquistas en el poder y el aplazamiento de las elecciones municipales. La continuidad de cargos franquistas en las alcaldías después de 1979 fue muy elevada. En Valladolid el 35,1 % de los alcaldes electos habían tenido algún cargo político en los ayuntamientos franquistas y el 12,1 % de los alcaldes gallegos se mantuvieron intactos49. Se aprovecharon las redes clientelares que se habían ido creando durante casi cuarenta años de dictadura y que siguiesen en el cargo hasta 1979 les permitió fidelizar posteriores votantes mediante medidas concretas.

Además, las elecciones municipales del 3 de abril de 1979 sufrieron gran número de irregularidades que fueron denunciadas gracias a los esfuerzos de los militantes de las organizaciones democráticas: falta de papeletas de algunos partidos, la entrega de sobres ya cerrados, la retirada de carnés de identidad a ancianos bajo la excusa de necesitarlos para actualizar sus pensiones, el uso indebido de instalaciones públicas con fines partidistas por parte de los alcaldes, etc. Aun así, Clemente García, alcalde de Murcia entre 1972 y 1979, insistía en un discurso de 1976 que «no se debe de menospreciar la labor llevada a cabo por los anteriores alcaldes elegidos de forma directa, responsables del milagro del desarrollo español» como forma de vincular el proceso de democratización en curso con las élites políticas de la dictadura50. Pero no todos los alcaldes tomaron esta postura. Sabedores de que necesitaban forjarse nuevas legitimidades democráticas de cara a las futuras elecciones municipales, ciento dieciocho alcaldes extremeños se encerraron en el ayuntamiento de Villanueva de la Serena en contra del plan de apertura de una central nuclear en Valdecaballeros y en apoyo a los vecinos que estaban protestando por este mismo motivo51.

Con la democratización a nivel nacional y local se redujeron los niveles de protesta por dos motivos principalmente: por la consecución de cierta parte de reivindicaciones políticas y de representación y por la institucionalización de gran parte de los movimientos sociales. El conflicto en torno a los Montes Vecinales en Mano Común descendió su intensidad a principios de los ochenta porque el nuevo régimen era más propicio a canalizar el descontento y permitía dar nuevas soluciones52. Además, el mejor ejemplo de aquellos movimientos sociales que se vieron afectados por la institucionalización fueron las asociaciones de vecinos. Por un lado, muchos de sus militantes empezaron a dedicar su tiempo a la política parlamentaria y, por otro, ya no era necesario que estos movimientos ejerciesen la función sustitutiva de unas organizaciones políticas que ya eran legales. Los comunistas, pero sobre todo los socialistas, ofrecieron a los militantes del movimiento vecinal expectativas reales de cambio desde dentro de las instituciones. Ejemplo de esto es el socialista Salvador Jiménez Ibáñez, que provenía del activismo vecinal y en 1979 consiguió ser elegido alcalde de Albacete53.

Por tanto, a pesar de los esfuerzos de las organizaciones y movimientos democráticos y de las limitaciones posteriores se puede afirmar que con la llegada de las elecciones municipales se consiguieron formas de proceder democráticas que no solo afectaron a los poderes franquistas. Los movimientos sociales y sus militantes tuvieron que adaptarse a una nueva situación que ofrecía nuevas oportunidades por unos poderes más dispuestos a escuchar y por la oportunidad de entrar en las instituciones. Pero a la vez suponía nuevos retos a su supervivencia por la pérdida de militantes fruto de la institucionalización, por la necesidad de cambiar los procesos enmarcadores fabricados durante la dictadura y por la desmovilización provocada por la consecución de algunas de sus reivindicaciones.

3. CONCLUSIONES

Las organizaciones de clase y antifranquistas desarrollaron una actividad potente y prolongada en el campo español encaminada a mejorar las condiciones de vida de los vecinos de las comunidades rurales, pero también a generar unos marcos culturales y unas formas de protesta en defensa de la democracia y las libertades políticas. Tanto las organizaciones nacionales como las locales y nacionalistas –aunque generaron unos marcos culturales y estructuras organizativas con algunas diferencias– desarrollaron unas prácticas similares. Además, en ambos casos fueron los propios vecinos de las comunidades rurales los que desarrollaron la actividad de base. Es por esto por lo que resulta complicado diferenciar entre los intereses de los partidos y sindicatos y los intereses de los vecinos.

Aunque no se puede obviar que estas organizaciones desarrollaron ciertos mecanismos de control de arriba a abajo y ciertos discursos paternalistas con el mundo rural, es necesario reseñar que no solo prestaron atención a las reivindicaciones locales como una forma de captar militantes, sino que en gran medida eran guiadas por los propios vecinos que querían dar salida a sus problemáticas concretas. En cuanto a los actores estrictamente locales –como la prensa local o las comunidades rurales– se pueden apreciar dinámicas y naturalezas muy heterogéneas, cuyo estudio nos permite ampliar y diversificar nuestro análisis sobre el espacio de la protesta social. La prensa local independiente sirvió como altavoz para las reivindicaciones políticas y democráticas al mismo tiempo que las comunidades rurales suponían un espacio privilegiado de sociabilidad y conformación de identidades que llegado el momento supondrían un refuerzo de la solidaridad interna.

Los repertorios de protesta fueron muy variados y el recurso a unos u otros no se vio condicionado por el sujeto de la movilización, pero sí por una estructura de oportunidad más amplia o más limitada. Fue una práctica generalizada la combinación de recursos legales y no legales con el objetivo de diversificar las opciones de éxito. Además, el propio devenir del ciclo de movilización generaba cambios en los repertorios que no siempre estaban bajo el control de los movilizadores. Si el recurso legal a las instituciones se demostraba efectivo era probable que no se llegase a la acción directa no legal. Pero, si por el contrario, la vía legal no conseguía sus objetivos, los actores sociales solían intensificar la protesta. De la misma manera, la evolución temporal de los repertorios empleados también se vio condicionada por el contexto político. La muerte de Franco amplió la estructura de oportunidad para la lucha antifranquista, reduciéndose así el recurso a las vías legales para recurrir directamente a huelgas, manifestaciones o sabotajes sin mediación previa.

Pero las reivindicaciones por lo general también solían ser diversas y se relacionaban entre sí. Las luchas económicas y sociales se vinculaban a otras de carácter político por las libertades democráticas en gran parte por los propios esfuerzos enmarcadores que hacían las organizaciones antifranquistas, pero también por la propia naturaleza represiva de la dictadura. Si toda protesta abierta que ocupaba el espacio público era represaliada, el propio régimen impedía las reivindicaciones por mejoras salariales o por mejoras de infraestructuras. Esto hacía comprender a los organizadores de la protesta que la única vía para conseguir sus objetivos concretos era un horizonte democrático que les permitiese discutir sobre sus problemáticas.

De este modo, las elecciones municipales de abril de 1979 se desarrollaron en un contexto movilizador y de expectativas democráticas que no se puede obviar. La relación entre la calle y las instituciones, entre la protesta y la democracia, era evidente para unos movimientos sociales que hicieron la lectura de que solo gracias a su empuje se podían desarrollar unas elecciones limpias y verdaderamente representativas. Aun así, las limitaciones fueron considerables: continuidades políticas, fraudes electorales, uso de redes clientelares, etc. Pero los esfuerzos de las organizaciones antifranquistas consiguieron paliar estos efectos gracias a manuales facilitando el voto o denunciando públicamente el fraude. Así, los alcaldes salidos de estas elecciones –viniesen del franquismo o de la oposición– se vieron obligados a hacer suyas nuevas formas de actuar más democráticas y transparentes y a atender a nuevos sujetos sociales como las mujeres porque eran conscientes de que la fuente de su legitimación había cambiado.

La democracia no llegó al mundo rural gracias a unas élites políticas que de la noche a la mañana se sintieron motivadas a emprender un camino hacia la libertad. La democracia se construyó gracias a la actividad de miles y miles de sujetos anónimos que enfrentaron una dictadura altamente represiva y negociaron con actores políticos que se vieron forzados a ceder en algunas cuestiones para consolidar sus posiciones de poder.

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