La monografía titulada "Los trabajadores maduros ante el reto del envejecimiento activo: especial atención a la empleabilidad, la protección por desempleo y la jubilación", fruto de la tesis doctoral de la profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Málaga, María Iluminada Ordoñez Casado y publicada por Ediciones Laborum (2019) viene a abordar, de manera estructurada y eficaz, la problemática de los trabajadores próximos a la edad de jubilación, haciendo un magnífico y completo recorrido por el corpus normativo que regula los mecanismos de acceso al mercado de trabajo y el mantenimiento del empleo de los trabajadores maduros.
El tema objeto de estudio resulta tan trascendente que, de cara al marco teórico-jurídico, abarca desde la revisión normativa internacional y europea hasta la configuración normativa estatal del fenómeno del envejecimiento activo, sin dejar atrás aspectos como las políticas activas de empleo y las políticas pasivas diseñadas por el sistema de protección social español.
Siguiendo la línea de investigación de la profesora Ordoñez, el primer capítulo de la obra se centra en el fenómeno del envejecimiento en general, y su repercusión en el ámbito laboral, en particular. En este sentido y a modo introductorio, se define el concepto de "trabajadores maduros" y se realiza una primera aproximación al fenómeno del "envejecimiento activo", con especial énfasis en la problemática relativa al envejecimiento de la población y a la insostenibilidad del sistema público de pensiones español dado el actual modelo de gestión pública de reparto intergeneracional. Para una mejor comprensión del tema, la autora enlaza en su discurso aspectos clave como el comportamiento demográfico manifestado por el aumento en la esperanza de vida y la disminución de la tasa de fertilidad y la multitud de datos estadísticos que apuntan hacia una posible futura insostenibilidad de la tasa de dependencia de los pasivos.
Todos estos problemas, cada vez más globalizados y de suma importancia para la sociedad en general, constituyen factores decisivos sobre la continuidad en el empleo del colectivo de trabajadores de edad avanzada. Aun a falta de una definición normativa en sentido estricto de este colectivo, las distintas reformas laborales llevadas a cabo a lo largo del tiempo han intentado destruir el prejuicio empresarial (que ha sido y sigue siendo el gran óbice en cuanto a la permanencia e inserción laboral de estos trabajadores de edad avanzada), manifestado más concretamente por la percepción de la edad avanzada como un factor negativo sobre la productividad y también como coste añadido a la sociedad en su conjunto.
A este respecto, y vista la necesidad de tomar conciencia de esa realidad cada vez más pronunciada, la lectura nos señala algunos hitos históricos que han contribuido al diseño normativo nacional actual en esta materia y nos apunta, de manera resumida, algunas resoluciones adoptadas por la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud o la propia Unión Europea que, en aquel momento, habían empezado a poner en tela de juicios el vacío legal de los distintos estados y la falta de debate en lo que concierne al objeto de estudio de la obra.
Sin duda un pertinente y necesario análisis de las medidas adoptadas desde el nivel internacional se articula a lo largo del segundo capítulo que versa, como ya lo veníamos anunciando, sobre la revisión normativa internacional y europea. Se hace referencia a las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo que, aparte de concebir un primer intento de definición de los trabajadores maduros, al referirse a dicho colectivo como a aquellas "personas que por causa del avance de la edad pudieran encontrar dificultades en el trabajo", se preocupan además por la vertebración de mecanismos de protección social de estas personas y de poner a disposición de los estados miembros herramientas para enmarcar políticas activas de empleo orientadas a la inserción laboral y al reciclaje profesional, a la igualdad de trato y oportunidades y a la protección en materia de empleo durante toda la vida activa de las personas maduras. El relato sigue con algunos apuntes sobre la intervención de la Comunidad Europea a través de sus instituciones y del Derecho derivado en vista de la urgente necesidad de intervención pública para combatir la expulsión prematura del mercado laboral de este colectivo afectado, casi de manera crónica, por el desempleo de larga duración. De cara a la recolocación de los trabajadores maduros se han venido diseñando, sobre todo, desde el ámbito jurídico-laboral y de seguridad social, herramientas normativas tales como Directiva y Reglamentos, encaminadas todas ellas a impulsar a los estados a adoptar medidas de actuación para facilitar el tránsito del colectivo en cuestión entre la vida activa y la jubilación, cuando la permanencia en el mercado laboral ya no resulte posible.
A partir de este momento, la obra dedica el capítulo tercero al estudio del marco normativo estatal actual para hacer frente al fenómeno del envejecimiento de los trabajadores y de las medidas para introducir o mantener a los trabajadores de edad en el mercado de trabajo. Atendiendo a algunos puntos clave de las ideas de autoempleo y emprendimiento de los trabajadores maduros, la profesora Ordoñez Casado realiza un minucioso recorrido, en primera instancia, por las distintas políticas activas de empleo estatales haciendo hincapié en las estrategias de fomento del empleo autónomo tales como el abordaje educativo y cultural de la formación para el empleo y el intento de remover los obstáculos al emprendimiento, la simplificación administrativa y el asesoramiento técnico de las actividades de emprendimiento; sin obviar, por supuesto, las medidas para neutralizar las trabas al autoempleo como las bonificaciones y las reducciones en las cuotas a la seguridad social, así como el tratamiento fiscal amable por parte de los organismos públicos competentes.
En esta primera parte, el estudio culmina con la presentación de los incentivos a la contratación y al mantenimiento del empleo de los trabajadores maduros a través de distintas tipologías contractuales creadas por el legislador nacional al tal efecto. Y concluye el tercer capítulo con unas reflexiones sobre la necesidad de una reforma relativa a las múltiples modalidades de extinción del contrato de trabajo por causa de la edad, pues razones como la ineptitud sobrevenida de los trabajadores, las razones de orden económico, técnico, organizativo o productivo, o incluso las causas objetivas del despido, en ocasiones, no son más que meros mecanismos encubiertos de manifestación de ese prejuicio empresarial al que nos referíamos ab initio.
El cuarto capítulo de la monografía se dedica, evidentemente, a la vertebración del sistema de protección social de los trabajadores maduros, atendiendo tanto al nivel contributivo como al asistencial, y dedicando especial atención a la jubilación como política para regular el mercado de trabajo.
En este sentido, la autora empieza exponiendo las cuestiones generales de la protección social por desempleo de este colectivo, para verter su atención a posteriori sobre el diseño de las políticas asistenciales de lucha contra la pobreza y la exclusión social, en base a las competencias asumidas a este respecto por la: Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas o las entidades locales.
Hemos de resaltar brevemente la puesta en marcha de varios planes y programas cuyos objetivos han sido, en el momento de su creación, mitigar la situación de los desempleados con especiales necesidades económicas en algunos casos y la recualificación profesional, en otros. Por tanto, se trae a colación el denominado "tercer nivel de protección" donde encajan las rentas de inserción, los programas de protección por desempleo e inserción o los programas de reactivación para el empleo, muchos de ellos inactivos hoy en día. Para cerrar el capítulo del sistema protector, la autora analiza la jubilación y las distintas vías de acceso a la misma.
No podemos no recordar y traer a debate esa asignatura pendiente que mencionábamos al comienzo del comentario, y que versa sobre el equilibrio financiero del sistema español de pensiones contributivas, ya que su sostenibilidad parece ser un requisito de obligado cumplimiento, pues de incurrir en déficit, éste debería quizá financiarse con cargo a los ingresos universales del Estado a pesar de que sus beneficiarios no son el conjunto de la población, sino el colectivo de asegurados que cumple ciertos requisitos de acceso previos.
Tampoco podemos dar por concluido el resumen de este capítulo sin señalar una sucinta referencia a dos supuestos atípicos de la protección de la vejez diseñados por el legislador español, como pueden ser la jubilación anticipada parcial y el envejecimiento activo.
Por último, en el capítulo dedicado a las conclusiones de su labor investigadora, la profesora Ordoñez aboga por la todavía necesaria intervención pública para facilitar a los trabajadores en edad avanzada el acceso al empleo y al autoempleo, puesto que aún son muy escasas las medidas encaminada a favorecer la consolidación de la actividad emprendedora y, en definitiva, resulta razonable que este colectivo tan débil y vulnerable siga demandando medidas de protección y estímulos adicionales.